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Bruselas pide a España una reforma urgente del sistema público de pensiones

La Comisión Europea considera que hay un alto riesgo de desequilibrios presupuestarios

El actual equilibrio presupuestario en España, uno de los logros que el Gobierno exhibe en el interior y en el exterior, saltará por los aires en las próximas décadas si no se acometen profundas reformas en el sistema público de pensiones, que, según la Comisión Europea, deben comenzar el año que viene, según un documento que será difundido esta semana. En España, señala, el gasto en pensiones pasará del 7% de ahora a entre el 12% y el 15% del PIB a mitad de siglo, lo que supone "un alto riesgo de desequilibrios presupuestarios debido al elevado aumento de esos gastos".

El peligro de un desequilibrio financiero, concretado en elevados déficit o deuda pública, preocupa especialmente al Ejecutivo comunitario por su repercusión sobre el conjunto de países que participan en la Unión Económica y Monetaria. "Una posición financiera insostenible en uno de los Estados puede complicar el desarrollo de la política monetaria y puede afectar a los tipos de interés, que serían más elevados".

Bajo esta advertencia general, la Comisión ha elaborado unas proyecciones, no previsiones, para conocer el panorama de las finanzas públicas en Europa si los Gobiernos no rectifican algunas de sus políticas, según un documento que el miércoles difundirá Bruselas con proyecciones presupuestarias hasta 2050. Del análisis se deduce fundamentalmente que es "evidente" el riesgo que corren los países que hoy incumplen el Pacto de Estabilidad y los que tendrán en las próximas décadas unas poblaciones envejecidas que dispararán el gasto en pensiones. En el primer grupo están los países que ya hoy sufren déficit elevados (Alemania, Francia y Portugal, entre ellos) o elevada deuda pública (como Italia, Grecia y Bélgica). En el segundo, España o Grecia sufrirán las peores consecuencias.

"Para asegurar el sostenimiento [de las finanzas públicas] el principal reto [para España y Portugal] es la reforma del sistema público de pensiones de manera que se contenga el aumento de gasto derivado de un envejecimiento de la población", señala el texto.

En el caso español, como en los demás, los servicios de la Dirección General de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión han partido de los datos aportados por el propio Gobierno español en el programa de estabilidad correspondiente al año pasado. El programa español ya contiene algún elemento positivo, como la puesta en marcha de "medidas para mejorar los incentivos a favor de que personas de edad elevada sigan trabajando o a favor de los planes privados de pensiones", dice.

Pero el Ejecutivo comunitario cree que no es suficiente. Por eso, afirma que son necesarias otras iniciativas para afrontar el espectacular aumento futuro del gasto en pensiones. "La reforma del sistema de pensiones prevista para 2004 necesita atajar ese objetivo de sostenibilidad financiera".

El informe destaca que el problema sigue siendo grave, a pesar de que en España se han actualizado en los meses pasados los datos demográficos y se ha tenido en cuenta más que en el pasado el beneficioso impacto de los trabajadores inmigrantes en el país. De hecho, por eso considera la Comisión que el aumento de gasto español en pensiones de aquí a 2050 podría quedarse en el 5% del PIB, más que en el 8% que hubiera resultado sin esa revisión. Entre los Quince, sólo Grecia, con un incremento de 15 puntos de gasto en ese capítulo de aquí a 2050, supera a España.

En el terreno opuesto, el Ejecutivo comunitario pone como ejemplo las profundas reformas en los planes públicos de pensiones que ya han acometido Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Finlandia y el Reino Unido. Pero resulta altamente preocupante para los empleados la valoración que recoge el informe y que fue hecha por el propio Consejo de la UE con respecto a este último país: "El Consejo concluyó que buena parte de la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones depende del comportamiento de los suministradores de planes privados" porque, si al final esos planes no aportan las cantidades previstas por los ahorradores, "los futuros Gobiernos pueden afrontar numerosas reclamaciones de subsidios". Es decir, que parece darse por descontado que quienes tengan adecuados planes privados de pensiones probablemente no lleguen a reclamar el nivel de las pensiones públicas que les corresponderían.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de mayo de 2003