Archivada la querella contra Gimeno

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, Horacio Badenes, ha decidido archivar la querella que el PSPV presentó contra el alcalde, José Luis Gimeno, el edil de Urbanismo, Alberto Fabra, y contra el empresario Luis Batalla, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación de documento público. La causa fue abierta por la operación que culminó con la adjudicación a Calviga, una filial de Lubasa, del desarrollo de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. Un lugar en el que, según está previsto, se ubicará El Corte Inglés.

Según el auto de archivo se "estima sobreseer el presente procedimiento, por no constar debidamente acreditado que se hayan cometido los delitos que se imputaron en su día". Tal como refleja el escrito del juez, la decisión se ha adoptado después de que el ministerio fiscal solicitara el "sobreseimiento libre" para un solo funcionario que fue llamado a declarar como imputado. El fiscal no pidió el archivo para los demás imputados, entre ellos el alcalde, pero el juez ha tomado esta decisión apoyándose en la solicitud que presentaron hace más de un mes los abogados defensores. En aquel momento, el fiscal se opuso porque consideró que faltaban diligencias y no se había pronunciado sobre si las creía terminadas antes de que el juez decidiera archivar el asunto.

En cualquier caso, el juez deja abierta la puerta de la vía contencioso-administrativa ya que, en más de una ocasión, se refiere a la corrección, o no, de las actuaciones dentro del derecho administrativo, aunque añade que "deberá ser en dicha jurisdicción en la que se indique la legalidad o no de las mismas".

Badenes hace referencia en su auto a cada uno de los tres delitos de los que los socialistas acusaban a los miembros del equipo de gobierno del PP. Sobre la prevaricación, señala que "no puede identificarse la injusticia con la mera ilegalidad" y realiza una exposición de los interrogatorios de los que ha sido autor y testigo y de las actuaciones que el Ayuntamiento llevó a cabo a lo largo del procedimiento que acabó con la adjudicación a Batalla. Según Badenes, "de lo instruido" no queda acreditado que los imputados "se hubieran inspirado en el interés particular de unas empresas concretas" e indica que de las declaraciones de los funcionarios se desprende "en cierto modo, libertad en cuanto a sus resoluciones". En cuanto a la falsificación de los recibos del IBI de Calviga, en los que aparecía una fecha anterior al día en el que fueron hechos efectivos, el decano juez señala que "todo apunta hacia un error en la impresión del cuño". La denuncia de los socialistas afirmaba que la fecha de pago del IBI fue variada supuestamente para que Calviga estuviera al corriente del pago de impuestos en el momento de presentarse al concurso.

Finalmente, sobre la utilización de información privilegiada, los términos que utiliza hacen referencia a que las explicaciones otorgadas por los testigos sobre la justificación de las reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento y Batalla antes de que se procediera a la adjudicación, tienen "una cierta lógica".

Al igual que el día en el que se admitió a trámite la querella, Gimeno reunió ayer a toda su Corporación para manifestar su "satisfacción y alivio" por la decisión judicial. En esta ocasión sí acudió Carlos Fabra. El alcalde no quiso contestar claramente a la posibilidad de utilizar esta decisión durante la campaña electoral, pero sí dijo que cree "que es bueno que se sepa que hay distintas formas de gobernar", indicó. "Una, con honestidad y otras formas rastreras, difamatorias y acusatorias", añadió. José Luis Gimeno señaló que durante el proceso de instrucción de las diligencias ha tenido la conciencia tranquila. "Ahora la tengo mucho más, porque no es agradable para nadie ser acusado de un delito grave", manifestó satisfecho.

De forma más sintética fuentes del grupo Lubasa manifestaron su "tranquilidad", al igual que han expresado durante el proceso, y su "satisfacción" por la resolución adoptada por el juez.

Sorpresa

Fuentes del grupo municipal socialista mostraron su "sorpresa" por el archivo, a nueve días de las elecciones municipales y porque, según su consideración, "el proceso judicial se hallaba en pleno desarrollo con numerosas diligencias pendientes y cabos sin atar". Además, han destacado que la decisión se realiza, según especifica el auto "por no constar debidamente acreditado la perpetración de los delitos", mientras que el juez no afirma que dichos delitos no se hayan cometido. El portavoz del grupo socialista, Ignacio Subías, dijo: "Desde el primer momento sabíamos que nos enfrentábamos a intereses muy poderosos de Castellón al denunciar las maquinaciones urbanísticas del PP y desde que nos fue admitida a trámite la querella hemos luchado contra dificultades y presiones de todo tipo para poder demostrar que presuntamente se cometieron estos delitos".