Una huelga salvaje en el metro y los trenes de cercanías estrangula París y su región
Empresas estatales, enseñanza y sanidad, punta de lanza en la protesta de las pensiones
Millones de personas se vieron atrapadas ayer en París y sus alrededores por un paro salvaje del metro y de los trenes de cercanías, llevado a cabo al día siguiente de la jornada nacional contra la reforma de las pensiones, en ese caso celebrada con los debidos preavisos. Los aeropuertos y los servicios de ferrocarriles fueron normalizándose progresivamente en la mayoría del territorio, pero la región de París, poblada por más de diez millones de personas, se vio estrangulada por falta de transporte público. Los sindicatos de este sector anuncian más paros.
El recurso al coche privado se tradujo en el colapso de las autopistas y carreteras de acceso a la capital. Por la mañana hubo 195 kilómetros de atascos en la región parisiense, según el Centro de Información de Carreteras, equivalente a lo que ocurre en un día punta de vacaciones. Las autoridades se pasaron la tarde lanzando recomendaciones a los ciudadanos para moverse lo menos posible y lograron evitar un caos comparable por la noche, durante el movimiento natural de regreso a los hogares. Los efectos del conflicto en los aeropuertos repercutieron en España hasta la tarde ayer, y a lo largo de esta jornada provocaron la cancelación de 64 vuelos y retrasos en 457, según Aeropuertos Nacionales (AENA).
Una de las estrategias gubernamentales que ha fracasado es el intento de separar la reforma del sistema general de pensiones respecto a los regímenes especiales que rigen en las grandes empresas públicas francesas. Los trabajadores de ferrocarriles, del metro de París o del grupo eléctrico EDF, junto con el grueso de los profesores y de los profesionales de la sanidad, se han convertido justamente en la punta de lanza de la protesta, demostrando así que prefieren defenderse "preventivamente", todos juntos, antes que permitir la separación caso por caso.
Para el ministro de Transportes, Gilles de Robien, la huelga de ayer fue "ilegal", pero no explicó qué consecuencias comporta esa valoración. Otras fuentes estiman que el Ejecutivo se dispone a aprovechar la indignación ciudadana por el paro salvaje para forzar la regulación de los servicios mínimos, que legalmente no son exigibles en Francia. "No se puede pedir el mantenimiento de un servicio público a la francesa y dar después al mundo esta imagen de que todo se para de repente", argumentó Jacques Barrot, jefe de la mayoría parlamentaria.
El Gobierno reemprendió anoche las negociaciones con los sindicatos, bajo la amenaza de nuevas perturbaciones ciudadanas. El Ejecutivo liberal-conservador considera imposible aplazar la adopción de medidas que permitan financiar el déficit de la Seguridad Social, aunque haya que hacerlo en momentos de escaso crecimiento económico, argumentando que el Gobierno de izquierda perdió la oportunidad de realizarlo en la bisagra entre los dos siglos, cuando el producto interior bruto crecía a más del 3% anual y el desempleo caía en picado.
Retraso de la jubilación
Un año después de la conquista del poder por la derecha, la situación se ha invertido: el paro crece velozmente (9,3% en este momento, como en los años noventa) y el crecimiento económico es mucho más débil. Sin pleno empleo, el alargamiento de la duración de las cotizaciones hasta 42 años en 2020, como prevé el proyecto gubernamental, implica que muchos trabajadores no conseguirán cotizar tanto tiempo y habrán de aceptar las penalizaciones previstas por ello (6% menos de pensión por cada año de contribución que falte), con el resultado práctico de que habrán de jubilarse con un nivel de pensión bastante más bajo que el actual. La ecuación del proyecto gubernamental sólo es posible si el paro retrocede al 6% en 2010 y de forma duradera, apuesta que el vespertino Le Monde calificaba ayer de "arriesgada".
Más allá de los sectores que encabezan la protesta contra las pensiones, el plan del Gobierno de Jean-Pierre Raffarin afecta de lleno a dos de las conquistas sociales que los franceses creían sólidamente asentadas, a saber: el derecho de jubilarse a los 60 años como máximo (la edad media de retiro está de hecho en 58), cuando la esperanza de gozar de buena salud todavía es elevada, y con una garantía económica relativamente cuantiosa.
