Fomento retrasa un año la norma sobre aislamiento acústico y térmico

Un amplio colectivo de organizaciones ecologistas, sindicales y de consumidores (CC OO, UGT, Ecologistas en Acción, OCU, UCE, FUCI, CECU, Aspego y WWW/Adena) denuncian que el Ministerio de Fomento se ha retrasado más de un año en aprobar las normas sobre el aislamiento térmico y acústico que deben aplicarse a las viviendas nuevas.

Este retraso incide especialmente en el mantenimiento de la elevada demanda eléctrica de los hogares españoles, según una nota conjunta elaborada por el colectivo y remitida a los ministros de Fomento y de Medio Ambiente, así como a los partidos políticos y sus grupos parlamentarios.

Si se aplicaran las medidas de aislamiento térmico, tal como exige la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, el ahorro en el consumo eléctrico contribuiría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyo umbral ha sido ampliamente superado por España.

En la propia ley se daba de plazo hasta mayo de 2002 para que el Ministerio de Fomento sacara a la luz un Código Técnico de la Edificación, que será algo así como la biblia de la construcción. Este código es el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones, desde la seguridad hasta la protección contra el ruido y el ahorro de energía y el aislamiento térmico.

Casas de primera y segunda

Fuentes del sector advierten de que el borrador que maneja con tanto retraso el Ministerio de Fomento recoge dos tipos de categorías de aislamiento; uno de máxima calidad y otro de menor exigencia. Los firmantes del escrito están en contra de esta división y exigen que los requerimientos de calidad sean del mismo nivel para todo tipo de edificios.

La aplicación de medidas aislantes reduce entre un 35% y un 61% la demanda energética de un edificio, en función de su localización geográfica. La inversión se amortiza en un periodo de dos a tres años. El ahorro de una familia que habite en una vivienda de unos 90 metros cuadrados en una ciudad como Madrid oscilaría entre 61 y 67 euros por metro cuadrado de superficie en un horizonte de 30 años (6.000 euros).

Los firmantes del escrito tampoco están de acuerdo en que las mediciones de la calidad térmica y acústica de los edificios sean las elaboradas en la sede de los laboratorios certificadores. Sostienen que deberían corresponder a mediciones in situ, dentro del propio edificio, porque son las únicas que garantizan el cumplimiento de la norma, como es práctica común en muchos países de la UE. Tampoco aceptan que el borrador del código proponga un abanico de soluciones certificadas por laboratorio para su aplicación en los aislamientos. Según fuentes del colectivo firmante de la carta a los partidos políticos, lo que debe primar es la respuesta eficaz del aislamiento, la medición in situ del ruido percibido o el aislamiento técnico, cualquiera que sean los materiales utilizados.