Los sindicatos convocan hoy en Francia una jornada de huelga por la reforma de las pensiones

Francia se prepara a vivir hoy una jornada negra en los transportes públicos, el cierre de centros de enseñanza y la celebración de más de un centenar de manifestaciones contra la reforma de las pensiones intentada por el Gobierno de Jean-Pierre Raffarin. No habrá trenes, autobuses ni metro y en los aeropuertos se han anulado 8 de cada 10 vuelos. Los preparativos sindicales son los más importantes que se preparan desde los de diciembre de 1995, que a la postre dieron al traste con el Gobierno conservador de Alain Juppé. El actual primer ministro, de verbo más moderado que aquél, ha escogido este momento para anunciar también la reducción del número de funcionarios y la congelación del gasto público en el presupuesto de 2004.

En un ambiente de escaso crecimiento económico (apenas se rebasará este año el 1%), el Ejecutivo acepta la prueba de fuerza con los sindicatos del sector público (cinco millones de personas en total), a cuyos trabajadores se les pide que trabajen 2,5 años más para equipararse con el sector privado a la hora de jubilarse. A su vez, el ministro de Presupuestos, Alain Lambert, confirma la voluntad de no sustituir a uno de cada dos funcionarios que se jubilen, lo cual implica unos 30.000 menos en 2004. La media de retiros previstos para un decenio es de 64.000 al año.

Los sindicatos han preparado más de un centenar de manifestaciones, cuya estrella será la de París, que tiene previsto un recorrido larguísimo a lo largo de todo el día. Los ciudadanos se han preparado para vivir una jornada sin metro (habrá 1 de cada 10), sin autobuses (huelgas convocadas en 70 ciudades) y sin trenes, sector donde la huelga empezó anoche y se prolongará, en parte, hasta mañana, aunque existirán servicios mínimos. En los aeropuertos han sido anulados 8 de cada 10 vuelos. Se espera un reparto del correo muy irregular y el uso gratuito de las autopistas (por huelga de los cobradores de peajes); tampoco saldrán los periódicos y se cuenta con posibles caídas en el servicio de la electricidad.

Jean-Pierre Raffarin reconoce el derecho a expresarse, pero añade: "No se gobierna desde la calle". Dos sondeos publicados ayer muestran que las reivindicaciones sindicales cuentan con el respaldo de 6 de cada 10 ciudadanos. Raffarin fuerza la máquina para saber si el país está "maduro para la reforma", en expresión de una fuente gubernamental, confiado en convencer a la mayoría social de que no hay alternativa a sus proyectos (véase gráfico).

Todos los sindicatos apoyan la protesta contra la reforma de las pensiones, lo mismo que las fuerzas políticas de izquierda. El primer secretario del Partido Socialista, François Hollande, a punto de ser reelegido en el congreso previsto para el final de semana, ha optado por participar discretamente en la manifestación de la pequeña ciudad de Tulle, de la que es alcalde, en lugar de tratar de capitalizar la gran manifestación de París.

La movilización se espera muy fuerte en el sector público y mucho más dudosa en el privado. Aunque todos tengan en el horizonte la obligación de cotizar 42 años para jubilarse con pensiones plenas -cuyo nivel aún se desconoce-, los más afectados a corto plazo son los funcionarios, obligados a cotizar más de inmediato (de 37,5 anualidades a 40, en cuatro años) antes de unirse al proceso general que conduzca a todos hasta los 42 años de contribución para obtener pensiones sin penalización.

Responsables gubernamentales barajan la idea de convocar un referéndum nacional sobre las pensiones, como instrumento posible para romper la contestación sindical en caso de que ésta se revele verdaderamente fuerte.

El Gobierno ha intentado aminorar la respuesta descartando la reforma de los regímenes especiales que afectan a grandes empresas estatales, como la eléctrica EDF y la ferroviaria SNCF. Pero sus sindicatos llaman igualmente a la protesta porque temen que derechos especiales, como el de jubilarse a los 55 años de edad o la seguridad en el empleo, tengan los días contados si el Gobierno sale airoso de la prueba de fuerza. Los empresarios privados observan con prevención el intento gubernamental de penalizar las prejubilaciones y de aplazar cinco años (desde los 60 actuales hasta los 65) la edad en que la empresa puede exigir la jubilación del trabajador que insiste en mantenerse en activo más allá del mínimo legal para marcharse.