El doble de altos cargos de la Generalitat en ocho años
La Administración autonómica crece, pero sólo por arriba
La máquina de la Administración autonómica es una pirámide. O era. Durante los últimos ocho años, el número de trabajadores de las escalas más inferiores se ha reducido paulatinamente a través de la concesión a empresas privadas de determinados empleos, la llamada externalización.
El número de altos cargos, los que ocupan el vértice de la pirámide, se ha duplicado. El último gobierno socialista funcionaba con una cincuentena de altos cargos políticos, desde consejeros a subsecretarios, y unos 350 cargos considerados de confianza, desde directores generales a jefes de área o jefes de servicio. Cinco años después, los cargos políticos superaban el centenar y los cargos de confianza, según la relación de puestos de trabajo de la Generalitat, eran 730.
El único segmento de la Administración que permanece oficialmente inalterado es, precisamente, el grueso del engranaje de la máquina. Los resortes del aparato público de la Generalitat carecen de soporte. Hasta un tercio de los empleados públicos de la Administración general, al margen de docentes y personal sanitario, ocupan sus puestos de forma interina. Sólo en 2001 se convocaron las primeras oposiciones después de ocho años sin oferta pública de empleo.
La pirámide tiende a convertirse en un rombo con sombrero y un inmenso flotador que no ofrece garantías.
El PP ha reiterado que el volumen de competencias transferidas a la Generalitat Valenciana durante los últimos años, por encima de las que gestiona el gobierno vasco, por ejemplo, justifica que se hayan duplicado los altos cargos.
La oposición, sin embargo, recuerda que las nuevas competencias asumidas no guardan relación con el aumento de la nómina de altos cargos, muchos de los cuales ya han consolidado su plaza.
Sin prisa pero sin pausa, la Generalitat ha convocado concursos para cubrir definitivamente plazas de altos funcionarios a través del procedimiento de libre designación, que apenas garantizan la transparencia y libre competencia de los aspirantes.
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