El Gobierno quiere iniciar este año la creación de un servicio de empleo paralelo al Inem

El Gobierno vasco ha trasladado a los agentes sociales el borrador del Plan Interinstitucional para el Empleo, que contempla la puesta en marcha de un servicio paralelo al Inem, con el objetivo de alcanzar un "alto grado de acuerdo", según fuentes del departamento, y aprobarlo lo antes posible. Si las consultas no se retrasan, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social quiere comenzar este año con la apertura de tres oficinas piloto de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y completar el despliegue en 2005 con el instalación de 30 oficinas en todo el País Vasco una más de las que dispone actualmente el Inem.

El Ejecutivo autonómico volvió a rechazar el 25 de abril una oferta de la Administración central para recibir la gestión de la formación ocupacional y el resto de las políticas activas de empleo que desempeña el Inem, con el argumento de que el Estatuto de Gernika contempla también

la competencia con las políticas pasivas, es decir la recaudación y gestión de las cuotas de los trabajadores. Madrid entiende que integran la caja única de la Seguridad Social y se niega a traspasarlas.Las inversiones previstas en el Plan de Empleo 2003-2005 alcanzan los 22,8 millones de euros (3.794 millones de pesetas), de los cuales el principal coste será el de las nuevas contrataciones, ya que está prevista en ese tiempo la incorporación de 150 personas, cinco por oficina.

A partir de 2006 el desembolso público será de cerca de de 10 millones de euros anuales para cubrir los gastos de personal, alquileres y otros gastos de funcionamiento. Sin embargo es más que posible que el presupuesto de gastos se quede corto. El Inem, con una oficina menos tiene una plantilla de 860 personas, aunque sus sueldos son sustancialmente más bajos que los de los funcionarios de la administración vasca con similar categoría.

La puesta en marcha de este sistema paralelo de colocación de desempleados sería la primera concreción con cierto calado de la advertencia hecha por el lehendakari en el debate de política general de septiembre pasado. Al presentar su plan de libre adhesión, Ibarretxe anunció el propósito de su Gobierno de asumir unilateralmente hasta 17 materias pendientes de traspaso, financiándolas con sus presupuestos y detrayendo después el gasto del cupo que se paga al Estado. Sin embargo, el Ejecutivo se limitó a contabilizar en un anexo de los Presupuestos de este año la cantidad en la que estima el coste de las competencias que ya venía ejerciendo y anunciar su intención de negociar su deducción del cupo.

En cualquier caso, la creación del Servicio Vasco de Empleo no resuelve la cuestión de fondo que paraliza la transferencia -la reclamación de la recaudación y gestión de las cuotas; es decir, las políticas pasivas de empleo- y amenaza con duplicar la burocracia y los gastos. Por otro lado, es una incógnita saber cuál va a ser la postura de las empresas y los desempleados a la hora de acudir a uno u otro servicio.

Posiblemente, el Gobierno vasco ya tenía diseñadas las líneas básicas del plan cuando, el 14 de marzo, los partidos que le sustentan rechazaron en el Parlamento una propuesta del PSE, propiciada por Ramón Jaúregui para asumir el Inem en las mimas condiciones que lo han recibido Cataluña y el resto de las comunidades autónomas, incorporando una cláusula que salvaguarde la reclamación de fondo de los partidos nacionalistas sobre el régimen económico de la Seguridad Social.

El Plan de Empleo es uno de los tres objetivos que se propuso el consejero Joseba Azkarraga (EA) para su mandato, junto con la previsión social complementaria y la salud laboral.