Treinta colectivos sociales censuran la rehabilitación de Bilbao La Vieja

Representantes de la Coordinadora de Grupos por la Rehabilitación de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala -colectivo que representa a 30 asociaciones vecinales y sociales- censuraron ayer la marcha del plan institucional para transformar esta degradada zona de la ciudad iniciado en 2000. Para la coordinadora "no existe un plan, sino un refrito de iniciativas", por lo que barajan desentenderse del proyecto.

La exigencia de esta coordinadora de asociaciones es poder "intervenir de verdad en la rehabilitación" y el diseño de sus barrios, algo que las instituciones que encabezan la transformación social y urbanística no les han permitido hacer, según sostuvieron ayer en conferencia de prensa. "Las instituciones han convertido la Mesa para la Rehabilitación en un tablón de anuncios", en un foro en el que tienen voz pero no son escuchados, según explicó Arturo Izarzelaia, miembro de la Asociación de Vecinos de San Francisco.

La Mesa es un foro en el que participan la coordinadora, otros colectivos vecinales, el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación, el Gobierno vasco y Ría 2000. El presupuesto global de la rehabilitación asciende a 170,6 millones de euros, el 30% de ellos dedicados a iniciativas sociales y el resto, a urbanísticas. La transformación de esta zona ha sido una de las prioridades del Ayuntamiento este mandato y lo será durante el próximo, según explicó un portavoz de la alcaldía.

Izarzelaia aseguró, flanqueado por otros miembros de la coordinadora, que el impacto de las iniciativas puestas en marcha en estos barrios es "pequeño". "Evidentemente, quien ha encontrado trabajo a través de Lan Ekintza o a quien le han ayudado a rehabilitar la casa" lo ha notado, aseguró el representante de los 30 grupos, pero "la calle está plagada de drogas, hay un montón de policía cuyo fin de dar cierta seguridad", pero aparentemente no lo logra porque la sensación de inseguridad es generalizada, según su relato.

La coordinadora baraja por ello abandonar un foro que le ha "defraudado", si tras las elecciones del 25-M no se empiezan a poner en práctica once compromisos "mínimos".

Su primera exigencia es que las instituciones no decidan en nombre del movimiento vecinal. Las otras medidas abarcan diversos ámbitos. Reclaman una escuela pública "integradora, euskaldún y multicultural" frente al modelo actual que la está convirtiendo en "un gueto". Quieren más servicios sociales de base porque, aunque los equipamientos han aumentado en el marco de la rehabilitación, aún son insuficientes.

Aboga la coordinadora por que los vecinos expropiados sean realojados en condiciones justas y por que se rehabiliten, y no derriben, las viviendas en mal estado. Piden una mediación coordinada para reducir la conflictividad social y que se "quite poder a los narcotraficantes". También exigen el "reconocimiento de todos los derechos civiles y sociales para los inmigrantes" de modo que puedan acceder a todos los recursos públicos para no caer en la marginación. Las otras demandas vecinales son una mayor coordinación institucional ante la violencia sexista y la eliminación de los taludes y las barreras arquitectónicas que les separan del resto de la villa.