EE UU da largas a la compra de 35 aviones militares españoles por 900 millones de euros

Las relaciones privilegiadas entre España y EE UU, que se han plasmado en el alineamiento sin fisuras del Gobierno de Aznar con la Administración Bush en la guerra de Irak, no han servido hasta ahora para desbloquear la venta de 35 aviones de patrulla marítima de la empresa española EADS-CASA a la Guardia Costera estadounidense. La firma del contrato, por un valor de 900 millones de dólares (prácticamente la misma cifra en euros) ampliables hasta 2.000, está pendiente desde que, en junio de 2002, se adjudicó el programa Deepwater (Agua Profunda) al consorcio ICGS.

El 25 de junio del año pasado, la Guardia Costera de EE UU anunció la adjudicación del programa Deepwater, valorado en 15.000 millones de dólares y con una duración de 30 años, al consorcio ICGS, liderado por las empresas Lockheed Martin y Northrop Grumman. La oferta ganadora incluía 35 aviones de patrulla marítima de la empresa española EADS-CASA, que presentó una versión modificada de su modelo CN-235-300, denominada ER (Extended Range). A pesar de que ya ha transcurrido casi un año desde entonces y de que las primeras doce unidades deberían entregarse en el año 2005, aún no se ha firmado el correspondiente contrato.

La venta de los 35 aviones españoles, la más importante exportación de material militar español a Estados Unidos realizada nunca, se presentó como el primer fruto de la Declaración de Principios sobre Cooperación Industrial en Materia de Defensa, que el ministro español Federico Trillo-Figueroa y su homólogo estadounidense Donald Rumsfeld firmaron en abril de 2002 como anejo al nuevo convenio entre los dos países. Una prueba de la importancia que España daba a esta operación es que aceptó incluir en el convenio bilateral con EE UU una autorización expresa para que los buques de la Guardia Costera pudieran utilizar los puertos españoles. La autorización se ha puesto en práctica durante la guerra de Irak, cuando han hecho escala en la base de Rota (Cádiz).

El ministro español de Defensa abordó el asunto en su visita a Washington, los pasados 2 y 3 de diciembre, donde dio por hecha la venta de los aviones. "Ya no se trata de recibir ayuda de Estados Unidos, sino de permitir que nuestros productos industriales estén presentes en su mercado", dijo Trillo-Figueroa, quien aseguró que esta operación abriría la puerta a otros productos españoles, como los simuladores de Indra.

Sin embargo, ha transcurrido otro medio año y el contrato sigue sin firmarse. Fuentes conocedoras de la negociación atribuyen el retraso a la integración de la Guardia Costera en el nuevo Departamento de Seguridad Interior, creado por el presidente Bush a raíz de los atentados del 11-S de 2001.

El superministro de Interior, Tom Ridge, un republicano de la máxima confianza de Bush, ha sometido a minuciosa revisión los programas comprometidos por las agencias ahora a sus órdenes. El hecho de que el servicio de aduanas, integrado también en el nuevo departamento, dispusiera de aviones Bombardier llevó a cuestionar la necesidad de adquirir un modelo diferente, según las mismas fuentes. A su vez, el retraso permitió a la firma italiana Alenia presionar en favor de su oferta, el C-27, que ya había sido eliminado por la Guardia Costera, pero cuenta con la ventaja de tener como cofabricante a Lockheed Martin, contratista principal del Deepwater.

Según las fuentes consultadas, hubo que convencer a la Administración Bush de que el CN-235 es un avión íntegramente español, a pesar de que CASA está integrada en el consorcio aeronáutico europeo EADS, en cuyo capital tienen mayoría Francia y Alemania, lo que en este momento no constituye una buena tarjeta de presentación en EE UU.

Las mismas fuentes están convencidas de que EE UU comprará las 35 plataformas españolas, pero no está tan claro que suceda lo mismo con los equipos electrónicos de misión (FITS), que suponen más del 50% de los 900 millones de dólares que cuesta la adquisición. Ni tampoco está asegurado el contrato de mantenimiento por 20 años, que supone otros 1.000 millones de dólares. No se trata de que Bush premie a España, sino de que no se torpedee un modelo que ganó en base a criterios estrictamente técnicos, alegan dichas fuentes.º