Auditar al auditor
Escándalos que no tienen nada que envidiar a los americanos obligaron a reformar la ley sobre auditorías
El escándalo financiero desatado a raíz del descubrimiento de la falsificación de los estados contables de la multinacional Enron, la mayor empresa de energía del mundo, y la caída en paralelo de la credibilidad de la sociedad que auditaba sus cuentas, la no menos colosal Arthur & Andersen, extendió una peligrosa sombra sobre el conjunto del planeta financiero.
El Gobierno español reformó la legislación sobre auditorías a través de la reciente ley financiera para lavar la cara al sector. Pero la nueva norma ha despertado nuevos fantasmas que desfilaron el 2 de mayo por el Ateneo Mercantil de Valencia en un debate de altura convocado por el Colegio Superior de Titulados Mercantiles y Empresariales. Un centenar largo de auditores privados, los titulares de las pymes del sector, acudieron a la cita para expresar sus quejas al responsable gubernamental de la reforma.
La nueva norma ha despertado a nuevos fantasmas como se vio en un debate reciente
José López Combarro, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y responsable de las novedades legales,
puso buena voluntad y sugirió que las leyes nunca satisfacen plenamente a todos los afectados. Pero el pasado viernes invitaba al levantamiento.
José Antonio Choclán, letrado del Consejo General del Poder Judicial, situó la cuestión de la responsabilidad penal de los auditores, una figura a caballo entre el funcionario y el profesional más libre. Choclán recordó que "los estados financieros de las empresas los aprueban los consejos de administración y los auditores sólo comprueban su fiabilidad", por lo tanto, los censores de las cuentas apenas "validan" las cuentas sobre los documentos a los que tienen acceso: "No garantizan la veracidad, sino la fiabilidad" de las cuentas.
Choclán también apuntó que "los estados financieros no son exactos, sino que presentan una realidad diferente ante distintos tratamientos fiscales", una mera cuestión técnica que escapa al derecho. Explicó que el cohecho o el soborno no son delitos imputables a los auditores puesto que no son funcionarios a pesar de que sus informes se incorporan a los registros mercantiles. Excusó también los errores técnicos atribuibles a fallo humano. Sólo calificó como dolosos errores interesados u omisión de salvedades evidentes en los informes de auditoría, por el daño que pudieran provocar a terceros.
Bernardo Pinazo Osuna, censor de cuentas, magistrado y asesor del ministro de Justicia,
recordó que el sistema financiero español ha soportado escándalos que no tienen nada que envidiar a las corporaciones estadounidenses que aconsejaban la reforma legal - algunos asistentes recordaron el caso Banesto; otros, más jóvenes, el reciente escándalo provocado por el colapso de Gescartera. Pero expresó profundo malestar ante la redacción del nuevo texto.
Pinazo empezó por denunciar abiertamente que la modificación de la legislación sobre auditorías se elaboró al margen del consejo consultivo del ICAC. "Se ha obviado el trámite y el informe preceptivo del consejo asesor", dijo. Y al margen de cuestiones de procedimiento, lamentó que la nueva legislación dejara pasar una oportunidad histórica para "sentar las bases de la responsabilidad civil y penal" exigible a los auditores.
"La nueva ley vincula la responsabilidad de los auditores a la de los administradores de las empresas", explicó Pinazo. El auditor pasa de avalar la fiabilidad de los estados contables a ser garante de su veracidad. El magistrado calificó como "aberrante" tal modificación entre bromas sobre el acceso a la información que las empresas consienten a los censores de sus cuentas.
Los profesionales presentes en la sala, mayoritariamente vinculados al Registro General de Auditores, una de las tres asociaciones profesionales del sector, arremetieron con crudeza contra López Combarro, el representante institucional, con el aparente aval de ambos magistrados.
La queja más severa deriva del control de calidad en el servicio que impone la nueva ley y que se costeará con una tasa de nueva creación. Hasta la fecha, las organizaciones profesionales garantizaban la calidad de los servicios de sus asociados. A partir de ahora, un servicio contratado por ICAC a terceros, velará por la profesionalidad de los censores de cuentas.
A lo largo de un coloquio posterior a las exposiciones, las alusiones a la nueva tasa, que los auditores denunciaron como un impuesto, caldearon el ambiente. Algún profesional identificó a López Combarro, empleado durante 35 años por una de las firmas más conocidas del sector, como servidor de las grandes empresas y enemigo de los pequeños auditores. Pero el presidente del ICAC frenó el levantamiento con una aseveración muy directa. "Concedimos un año a las corporaciones profesionales para que demostraran que harían bien las tareas de control", dijo, "y fracasamos". Un denso silencio se extendió sobre los presentes. "Por eso lo contratamos fuera", concluyó.
En pasillos, López Combarro sugirió que las asociaciones profesionales se incorporarán de alguna forma a las tareas de control, pero no exclusivamente al servicio de sus clientes.
