Objetivo: reconstruir las murallas chinas

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS se han activado las sanciones contra la corrupción corporativa, que asuela EE UU desde el último trimestre de 2001. No es que antes no existiese tal corrupción, pero por motivos difíciles de interpretar, a raíz de Enron los ejemplos se han multiplicado.

La pasada semana, la Comisión de Valores de EE UU (SEC), con la anuencia del fiscal general de Nueva York, la Bolsa de esa ciudad y la Asociación Nacional de Corredores de Bolsa -instituciones que llevan meses trabajando juntos- impusieron una multa de 1.400 millones de dólares a los 10 principales bancos de inversión por engañar a sus clientes. Unos días antes, la misma SEC abría una investigación por el que puede ser el mayor caso de información privilegiada (insider trading) en los últimos años; el asunto es curioso ya que se trata de un matrimonio en el que el hombre trabaja para un fondo de alto riesgo y la mujer para un banco de inversión. Al llegar a casa, ella comentaba los informes en los que había trabajado en el banco y él actuaba en Bolsa teniendo en cuenta esos informes. Tercer elemento de este puzzle: la fiscalía de Nueva York acaba de iniciar una querella contra el que fue banquero estrella del Crédit Suisse First Boston, Frank Quatronne, por las irregularidades en la oferta pública de venta de acciones de compañías de Internet. Paralelamente, la SEC ha abierto otra investigación a AOL Time Warner por trampas contables.

La liberalización financiera debe ir acompañada de una intensa regulación. Ésa es la lección de los escándalos que se multiplican en la América corporativa, y que ahora empiezan a ser sancionados

De todos estos sumarios, seguramente el más significativo es el primero, pues afecta a uno de los elementos centrales del sistema financiero: los bancos de inversión. Abiertas las investigaciones por el escándalo Enron, se supo que muchos de ellos habían roto las murallas chinas establecidas para que sus análisis de empresas fueran independientes de sus intereses como banco de inversión. A través de algunos correos electrónicos se demostró que había analistas que recomendaban públicamente valores de las empresas clientes del banco, mientras de forma privada los consideraban poco menos que basura. En otras ocasiones, cuando una compañía salía a Bolsa, los analistas hacían recomendaciones con ánimo de conseguir que dicha empresa contratase a su banco como agente. Los bancos de inversión siguieron invitando a los ahorradores a entrar en el capital de Enron hasta unos minutos antes de la suspensión de pagos; de 15 analistas que seguían a la compañía energética, 10 siguieron recomendando comprar acciones, incluso dos semanas después de que la SEC anunciara la investigación.

El acuerdo al que ha llegado la SEC con los diez principales bancos de inversión americanos ha costado muchos meses de negociación y consta, esencialmente, de tres patas: la multa de 1.400 millones de dólares por el engaño continuado a muchos de sus clientes (Elliot Spitzer, el fiscal general de Nueva York, ha declarado que "las graves pérdidas causadas por los análisis fraudulentos destruyeron vidas y arruinaron" a muchos pequeños inversores); los cambios radicales en la forma de operar (aislar a los analistas del negocio de los bancos, la creación de un sistema transparente en los análisis, la eliminación de ofertas de acciones nuevas a los directivos de las empresas a cambio de mantener los negocios con los bancos de inversión...), y, en tercer lugar, la creación de un fondo para indemnizar a los pequeños inversionistas estafados, que se puede quedar corto si fructifican las numerosas demandas anunciadas contra los mismos bancos de inversión.

La enorme liberalización financiera de los años noventa fue acompañada de un proceso de autorregulación que, a la vista de la multiplicación de los escándalos conocidos, ha concluido en un estrepitoso fracaso. En agosto del pasado año se aprobó en Estados Unidos la ley Sabarnes-Oxley, que aumenta las penas por los delitos cometidos en las bolsas de valores, tipifica nuevos delitos y establece la obligatoriedad de que los consejeros delegados y los directores financieros de las compañías que cotizan en bolsa certifiquen sus cuentas financieras. Sorprende que mientras en EE UU se acude a la legislación para impedir más abusos, en España se siga insistiendo en la autorregulación como fórmula de control corporativo.