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Medio Ambiente autoriza la ampliación del puerto de Altea

La consejería valida la declaración de impacto ambiental pese a la reforma del proyecto

La Consejería de Medio Ambiente ha emitido una resolución que confirma definitivamente la declaración favorable de impacto ambiental que sobre el proyecto de ampliación del puerto deportivo de Altea emitió en julio de 2002. Pese a que el proyecto fue reformado y sometido dos veces a exposición pública, Medio Ambiente considera que los cambios "no son sustanciales" y mantiene que la declaración de julio del pasado año "conserva toda su vigencia y es aplicable al proyecto". Varios informes han desaconsejado la ampliación de ese puerto.

La Dirección General de Costas reprochó al proyecto, consistente en una dársena portuaria de 12,6 hectáreas con tres diques nuevos, el mayor de 530 metros, en el que se construirán 546 nuevos amarres, la falta de concreción y datos en relación con el impacto ambiental a la Posidonia y las playas cercanas.

Medio Ambiente, en una resolución firmada por el jefe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que no admite recurso, ha hecho caso omiso de las alegaciones ecologistas y quejas vecinales y valida la declaración de impacto ambiental que suscribió el pasado julio. Según el jefe de este servicio, el proyecto modificado que se sometió a exposición pública en noviembre de 2002 "coincide con el proyecto que se remitió a esta Consejería en junio de 2002 y al que se dictó declaración de impacto ambiental en julio".

Tampoco esta vez ha tenido en cuenta Medio Ambiente el informe que encargó al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), organismo del CSIC y la Universidad de les Illes Balears. Éste aconsejaba no autorizar la ampliación porque "el área adyacente alberga una importante pradera de Posidonia oceánica, que se vería afectada de forma negativa por la ampliación del puerto, tanto por destrucción directa (unas 19 hectáreas) como por impactos de la construcción y operación del puerto". Los autores del Imedea aseguran que las obras están "en conflicto" con una norma de protección de la propia Generalitat.

Ecologistas en Acción, WWF-Adena y Acció Ecologista-Agró criticaron en sus alegaciones que el promotor no actualizara el estudio de impacto, que es el mismo que entregó para la exposición pública en 2000 y el que ha usado Medio Ambiente para dar su apoyo a la ampliación, pero que no corresponde con el proyecto reformado que se presentó posteriormente.

Medio Ambiente argumenta en su resolución que la promotora de las obras le envió en marzo de 2001 una documentación con nueve apartados que reparaba todas las deficiencias ambientales. A partir de ahí y pese a la modificaciones del proyecto, las alegaciones ecologistas y las miles de firmas vecinales contra la obras, Medio Ambiente sostiene que nada ha cambiado para alterar su declaración de impacto ambiental sobre la ampliación del puerto.

Urbanización del río Algar

La tensión urbanística en la costa de Altea también ha alcanzado el río Algar, en cuyos aledaños se ha proyectado la urbanización llamada Los puentes del Algar. Diversas alegaciones han denunciado irregularidades en la recalificación del suelo y en el programa de actuación integrada que presentó en el Ayuntamiento la mercantil Altea Futura, SA, para urbanizar la zona. Ayer, la asociación L'Algar net i viu denunció la "parcialidad" de un informe de parte en el que se sustenta el gobierno local, del PP, para validar dicha actuación. La asociación sostiene que el estudio está firmado por un doctor de la Universidad de Alicante y "no por la institución donde trabaja". El proyecto ha recibido unas 2.000 alegaciones y según el informe del doctor de la Universidad, todas ellas han recibido respuesta "correcta". L'Algar net i viu denunció ayer en un comunicado el estilo "autoritario y antidemocrático" del alcalde de Altea, el popular Miguel Ortiz. Con su política, dice el escrito firmado por Pau Rodrigo, "convierte el sistema democrático en una pantomima, donde la participación ciudadana sólo es requerida cada cuatro años para legitimar su poder y continuar así ejerciendo impunemente las prácticas que asolan nuestro territorio". La tramitación del proyecto fue aprobada con los votos del PP y PSPV.

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