Los trabajadores de autobuses vigilarán "empresa por empresa" el cumplimiento del laudo

El mediador nombrado para resolver la huelga de autobuses dictó ayer su arbitraje obligatorio, similar a la oferta oficial del Gobierno, aunque ligeramente mejorada en el aspecto salarial. El laudo acaba con el paro que ha cumplido 46 días. El servicio volverá a funcionar de manera normal desde hoy. Los sindicatos volvieron a rechazar el sistema del arbitraje y anunciaron que a partir de ahora iniciarán una vigilancia "a rajatabla, empresa por empresa" para el cumplimiento del convenio. La patronal calificó el laudo de "muy negativo" y cree que hace peligrar el sector.

"Lo más complicado ha sido el salario, porque había varias posibilidades: la oferta que hizo el Gobierno, aumentar más el segundo año...", afirmó ayer el árbitro, el abogado Iñaki Eguskizaga. El laudo, como suele ser habitual, entra en vigor al día siguiente ser dictado, con lo que el servicio de autobuses privados en Vizcaya funcionará con normalidad desde hoy. Los primeros beneficiados serán las líneas regulares entre Bilbao y otras capitales, que este mes y medio han funcionado con servicios mínimos, y a partir del lunes habrá transporte escolar y de traslado de trabajadores a fábricas, donde el paro ha sido total. Este fin de semana también podrán circular los servicios de excursiones, sin ningún trayecto en los últimos 46 días.

La propuesta obligatoria prevé un convenio de dos años para los 2.500 trabajadores del sector, es decir ni el único ejercicio que pedían los sindicatos ni los tres que planteaba la patronal. La jornada laboral se reducirá más, en la línea pedida por los conductores: 10 horas este año y otras 12 el próximo ejercicio. El aumento salarial se establece sobre la oferta que lanzó el Gobierno el pasado 24 de abril, rechazada por los trabajadores: 84,14 euros de subida lineal este año y 72,12 el próximo, pero se aplica a las 15 pagas anuales, en vez de las 12 propuestas por el Ejecutivo.

Horas de presencia

El otro gran asunto de discusión, las denominadas horas de presencia (el tiempo de espera del chófer cuando realiza un servicio), incorpora un sistema de reclamación, a través de una comisión paritaria, en el caso de que no se cumpla el convenio, que establece un máximo de 20 horas semanales. En esta cuestión los sindicatos exigieron el pago en todos los casos de 10 horas semanales.

"Había un montón de reivindicaciones más para eliminar el intrusismo en el sector, pero me he dedicado a los puntos que habían centrado cada parte. En tres días y con dos reuniones no se puede dictar un laudo que aborde todo", explicó el mediador.

Eguskizaga calculó que el laudo supone una subida salarial del 8%, que "no muchos convenios han conseguido" y aseguró que, como ha insistido la patronal, "es cierto que el convenio anterior era el mejor de los alrededores". Señaló que, sobre las horas de presencia, "los trabajadores tienen razón para quejarse, porque son muchas las que se hacen".

Como era previsible, el laudo impuesto no satisfizo a los trabajadores, que lo calificaron ayer de "puñalada trapera" e "imposición". "Es algo superior a la mediación, pero muy lejos de lo que pedíamos", dijo el portavoz del sindicato UGT, Pedro Angulo. Los trabajadores iniciaron el paro con peticiones de aumentos salariales mensuales de 180 euros.

Angulo aseguró que los conductores volverán hoy al trabajo, pero amenazó: "Vamos a denunciar todo lo que se incumple". Aseguró que a partir de ahora desarrollarán una vigilancia "a rajatabla, empresa por empresa", tanto sobre el incumplimiento de las horas de presencia como en el resto de cuestiones del convenio.

El portavoz de UGT calificó la comisión bilateral para vigilar las horas de presencia como "una declaración de buenas intenciones". "Esperemos que se cumpla", apostilló.

La patronal consideró el laudo, tras una reunión celebrada por la tarde, como "muy negativo" e "impensable en estos parámetros". Su portavoz, Jesús Orbea, aseguró que "pone en peligro la subsistencia del sector".

Los empresarios se quejan del aumento salarial "mayor al del Gobierno, que son 210.000 pesetas lineales este año y 180.000 el que viene". Según sus cálculos, supone un alza del 9% en este ejercicio y del 7% en 2004. Critican que el arbitraje "no tenga un solo razonamiento del por qué de una postura y otra" y muestran sus dudas sobre el futuro, "cuando en un conflicto de esta agresividad los trabajadores consiguen más de lo que el Gobierno había considerado razonable".