Anticorrupción cree que la banca ayuda a los clientes a defraudar a Hacienda

La Fiscalía Anticorrupción cree que bancos y cajas, con su actividad de banca privada, ayudan a sus clientes a defraudar a Hacienda a través de los paraísos fiscales y ha denunciado que, en ocasiones, "obstruyen a la justicia", según la Memoria del 2002 de ese organismo. Para atajar, en parte, esta situación, el Congreso prohibió en marzo emisiones de la banca en paraísos fiscales y favorecerá a las que se realicen desde la Unión Europea.

Anticorrupción afirma que la banca utiliza "instrumento de evasión fiscal" con "productos fiduciarios offshore", en los que aparecen "una combinación de testaferros y paraísos fiscales" para ocultar la identidad real del titular de los fondos.

A estos depósitos pueden ir a parar, según la Fiscalía, "capitales formados con rentas que han escapado al control fiscal, susceptibles, por la ocultación de su origen, de haber sido generadas en actividades delictivas". Las entidades ofrecen estos productos dentro de su actividad de banca privada, caracterizada por la atención personalizada y con criterios de confidencialidad, y "cuyas líneas de actuación se discuten, supervisan e impulsan en los Consejos de Administración", según la Fiscalía.

Los "productos fiduciarios offshore" son cuentas que las filiales en paraísos fiscales de las entidades de crédito españolas tienen abiertas a su nombre en la matriz, en España, y en las que se deposita el dinero de inversores españoles pero sin dar su titularidad alegando que son clientes de las filiales.

Las repetidas acusaciones de la Fiscalía provocaron un escándalo que favoreció un acuerdo político para atajar, en parte, esta situación. El 25 de marzo pasado, el Congreso aprobó, con el apoyo del PSOE y CiU y la abstención del PP, una enmienda al proyecto de ley de Movimiento de Capitales que prohíbe a la banca emitir participaciones preferentes (títulos similares a las acciones) desde paraísos fiscales, pero permitirá que se emitan desde España o otro país de la UE, en condiciones compables a las que tenían ahora. Además eximió de tributación los beneficios obtenidos por las emisoras de participaciones preferentes y permitió que su remuneración sea gasto deducible, con efectos retroactivos. El PP quiere que se incluyan, en estas condiciones, al resto de empresas cotizadas. La norma, pendiente aún del trámite en el Senado, paraliza las actuaciones de Hacienda. Lo que no se ha impedido es que la banca continúe realizando su actividad financiera desde paraísos fiscales.

Para la Fiscalía, es "inaceptable" que una entidad se niegue a facilitar la identidad de aquellos clientes que residen, han sido captados y han adquirido productos con recursos situados en España, y que, además, el propio banco "facilite" los "testaferros". Las acusaciones del Ministerio Fiscal van más allá al asegurar que las entidades no han informado debidamente a la Agencia Tributaria de la identidad de las personas autorizadas para disponer de estas cuentas, pese a que la Ley lo exige desde 1998.

Ante esta situación, el organismo dirigido por Carlos Jiménez Villarejo pide al Gobierno que promueva la coordinación de los organismos competentes en la lucha contra el blanqueo de capitales y también con otros países miembros de la OCDE.

Además, en la Memoria del 2002, la Fiscalía califica de "irregulares y lesivas para el Tesoro Público" las emisiones de preferentes que realizan desde paraísos fiscales y reconoce que esta práctica es "conocida, consentida y avalada por el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Hacienda".