Una legislatura con la legionela a cuestas

La aparición de nuevos casos de neumonía por legionela en Alcoi un mes antes de la celebración de las elecciones autonómicas ha devuelto a la actualidad un problema que se ha adherido con fuerza a las espaldas del Partido Popular y que ha perseguido su gestión sanitaria durante toda la legislatura que acaba, sin que los responsables sanitarios hayan podido evitar la continua repetición de brotes. Poco después de estrenarse en julio de 1999 como consejero de Sanidad, José Emilio Cervera se tuvo que enfrentar al primer brote de legionela, que tuvo lugar entre el 20 de septiembre de ese año y el 27 de febrero de 2000 y que se tradujo en 36 casos. También con Cervera como consejero comenzó el segundo brote, entre el 10 de abril y el 31 de julio de 2000, con 11 afectados.

Cervera no vio el final de este segundo brote, porque en mayo de 2000 fue relevado por Serafín Castellano, que ha tenido que lidiar desde entonces los demás brotes que ha sufrido Alcoi: un total de ocho con el surgido el jueves pasado. Al poco de tomar posesión Castellano y justo después de las vacaciones de verano, estalló el brote más virulento. Entre el 16 de septiembre y el 8 de octubre de 2000 hubo unos 80 enfermos en dos oleadas y poco después, entre el 10 de noviembre y el 1 de diciembre, con 19 afectados más, se produjo un cuarto brote que disparó las alarmas y, ante la presión de la oposición y la sucesión de casos, el PP accedió a la apertura de una comisión de investigación en las Cortes.

Sin embargo, lo que pretendía ser un foro donde analizar la gestión de las distintas crisis sanitarias a la luz de las opiniones de los expertos acabó en el abandono de la comisión por parte del PSPV y Esquerra Unida. A juicio de ambos partidos, el PP sometió a tal control la selección de especialistas y técnicos y limitó tanto la duración de la comisión, que los grupos de la oposición decidieron abandonarla "para no contribuir a una farsa" destinada a "lavarle la cara al Consell" y eximirle de su responsabilidad en los brotes de legionela. Pese a que los responsables populares tuvieron que aguantar voces discrepantes de expertos en salud pública, la operación acabó con unas conclusiones redactadas por el grupo parlamentario del PP en las que trató de exonerar de responsabilidad política a los responsables de la consejería y cerrar el capítulo de la legionela.

Poco después se produjo la única víctima política relacionada con los rebrotes de la bacteria. A principios de 2001, Castellano destituyó al director general de Salud Pública, Francisco Bueno, con la excusa de una guía de salud para inmigrantes cuyos contenidos fueron criticados por rayar la xenofobia, aunque detrás de este cese estaba la sombra de los brotes de legionela, cuya gestión correspondía a Bueno. Sin embargo, ni la comisión de investigación, ni la salida del anterior director general sirvieron para frenar la cascada de casos. Las nuevas acometidas se produjeron en agosto y la primera y última semanas de noviembre, con nueve, seis y ocho afectados, respectivamente. En total, más de dos centenares de enfermos en su mayor parte de Alcoi, pero también de las poblaciones próximas de Muro y Cocentaina, donde hasta 2002 se produjeron un mínimo de cuatro brotes.

La Generalitat impulsó una normativa a finales del año 2000 para hacer frente a los efectos de la bacteria, especialmente activa en Alcoi, que se mostró incapaz de poner freno a los brotes. A finales del año pasado, el Gobierno valenciano amplió este documento con medidas más específicas en el campo de la limpieza de instalaciones y de las sanciones. En áreas donde se reproduzcan los casos, la cifra puede ascender hasta los 600.000 euros. Pese a estas dos medidas y las otras dos impulsadas por el Ministerio de Sanidad, si bien es cierto que se ha conseguido reducir el número de afectados por brote, no se ha podido acabar con ellos.

Prueba de ello es la última aparición de la bacteria en Alcoi el jueves pasado. Una muestra más de que la persistencia de la legionela tendrá que ser una prioridad de la Administración sanitaria que salga de la próxima cita con las urnas.