El 'decretazo' aumentó un 15% las demandas por despido en 2002 en Barcelona

El decretazo, aprobado por el Gobierno el año pasado y rectificado tras la huelga general del 20 de junio, hizo aumentar en un 15,7% las demandas por despido presentadas en los juzgados de lo social de Barcelona en 2002. A lo largo de ese año se registraron 11.091 pleitos por este motivo y un año antes habían sido 9.586. Se trata, en la mayoría de los casos, de reclamaciones de indemnización motivadas por despido.

El principal aspecto legal que modificó la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular fue la eliminación de los salarios de tramitación, que es el dinero que el empresario pagaba al trabajador cuando se trataba de un despido disciplinario. Eso suponía el abaratamiento del despido para el empresario y el perjuicio económico para el afectado, que cobraba menos dinero. De ahí que el año pasado aumentasen en más de 1.500 casos las demandas laborales para reclamar que el juez determine la cuantía a percibir. Tras el éxito nunca reconocido por la patronal y el Ejecutivo de la huelga del 20 de junio, el Gobierno rectificó a mediados de noviembre y volvió a estar vigente el cobro de los salarios de tramitación.

En la práctica se regresaba a la situación anterior. Para entonces, algunas sentencias judiciales dictadas en Barcelona y en otras ciudades ya habían reconocido al trabajador su derecho a percibir esas cantidades, y esa rectificación se nota también en la estadística oficial. Hasta el pasado 20 de marzo se habían presentado 2.071 demandas en los juzgados de lo social de Barcelona, 500 menos que en el mismo periodo del año anterior.

Con el marco laboral vigente, cuando un obrero es despedido, el empresario consigna en el juzgado la indemnización que le corresponde. Eso ya ha ocurrido en 1.272 ocasiones en lo que va de año. En Barcelona, el juzgado decano avisa al trabajador de que puede pasar a cobrar. En Madrid los jueces decidieron un sistema más lento y se optó por abrir un expediente para cada caso, repartirlo entre los distintos juzgados y que se avise después al afectado.

Incapacidad permanente

También crecieron las demandas para reclamar de la justicia una pensión por incapacidad permante. 8.938 casos el año pasado frente a 7.464 en el año 2001. "La gente prueba cada vez más porque no tiene nada que perder y mucho que ganar", asegura Daniel Bartomeus, juez decano de lo social de Barcelona. Sin embargo, los sindicatos tienen otra explicación.Ciriaco Hidalgo, secretario de política institucional de UGT, asegura: "El reconocimiento de una pensión por incapacidad es muchas veces la única forma de lograr un retiro digno porque la pensión de jubilación no da para más".

El tercer gran grupo de demandas laborales que también aumentó el año pasado fue el de las reclamaciones de cantidad. 6.049 casos el año pasado frente a 5.658 de 2001. En estas demandas se exige siempre el pago de cantidades adeudadas por motivos muy variados. En el sector de la construcción, por ejemplo, es frecuente que, una vez finalizada la obra, el empresario no abone el último mes de salario. En el de la vigilancia privada, abundan las demandas para cobrar las horas extras que se realizan.

En cifras globales, los juzgados de lo social de Barcelona -que sustituyeron a las antiguas magistraturas de Trabajo- recibieron el año pasado 33.349 demandas por motivos muy diversos, frente a las 29.214 del año anterior.

Los pleitos por conflicto colectivo en una empresa también crecieron (107 frente a 95), igual que los referidos a medidas de seguridad en el trabajo (330 frente a 216). El juez decano atribuye este aumento generalizado en la litigiosidad a un endurecimiento de las posiciones de los sindicatos. "Me da la sensación de que hay más presión sindical, que los sindicatos están más cabreados y que los comités de empresa y los delegados sindicales llevan a juicio asuntos que antes intentaban pactar", asegura Bartomeus.

Ciriaco Hidalgo tiene otra visión. En su opinión, ante una situación económica de recesión se producen más abusos contractuales, y eso hace incrementar las denuncias.