La visión práctica de la 'ley de Internet'
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) ha sido, probablemente, una de las más polémicas de las aprobadas en esta legislatura. Estaba limitada, en un principio, a trasponer una directiva europea del año 2000, que regulaba los principios del comercio electrónico y los derechos de los ciberconsumidores. Pero los legisladores españoles incluyeron la sociedad de la información en el nombre, y también en el espíritu de la norma. Durante las primeras discusiones sobre la ley, las asociaciones de internautas y defensoras de derechos ciudadanos la descalificaron ya que, aseguraban, la LSSI abría la puerta a la censura administrativa, al incluir un artículo que justificaba la intervención de una "autoridad competente" para cerrar una web. Las empresas de comercio electrónico, mientras, consideraban que la ley imponía muchas restricciones y no solucionaba sus problemas.
Aplicación práctica de la LSSI-CE
Paloma Llaneza González
Editorial Bosch
ISBN 84-7676-813-3
Este libro se aleja de la polémica, para adentrarse en la aplicación práctica de esta norma, la más importante de las que regulan el ciberespacio español. Como se explica en la propia introducción, el autor de un libro sobre una nueva ley debe optar entre realizar un análisis doctrinal, o más bien bajar "a pie de obra". En este caso, hay que tener también en cuenta que esta ley apenas tiene siete meses de vida.
La autora, abogada experta en derecho de las telecomunicaciones e Internet, opta por realizar una aproximación práctica. El primer capítulo, de hecho, se titula "lo imprescindible", y en él se exponen los aspectos más importantes de la LSSI. La lectura de este capítulo, de 73 páginas, puede ser suficiente para todo aquel que quiera saber en qué consiste esta ley, y cómo puede afectarle de forma práctica, pero no necesite profundizar más en sus contenidos. Uno de los aspecto más interesantes de este capítulo es el que se dedica a aclarar el concepto de "autoridad competente", que incluye referencias a las competencias de cada una de las comunidades autónomas españolas.
El libro continúa adentrándose en la polémica sobre el control de los contenidos, y la autora se detiene especialmente en explicar los aspectos relacionados con el control de los contenidos ajenos, algo de lo que está plagado Internet (todos los proveedores de acceso alojan en su seno páginas y contenidos de terceros). Es aquí también donde se encuentra el polémico artículo 8, que muchos internautas consideraban que atentaba contra la libertad de expresión. El caso de batasuna.org, alojada en un servidor extranjero y aún en activo -a pesar de su ilegalización-, es especialmente significativo.
La obra continúa adentrándose en los aspectos relativos al comercio electrónico. Se explica, así, cómo debe ser un contrato electrónico para considerarse válido, los plazos de entrega y pedido y las condiciones generales que hay que seguir, según la norma (cláusulas, datos disponibles).
El cuarto y último capítulo hace referencia a otro de los aspectos polémicos de esta ley: la protección de datos personales. La legislación prohíbe el envío de correo electrónico no solicitado previamente -lo que se conoce como spam-, y también fija normas para la recogida y almacenamiento de los datos recogidos.
El libro concluye con varios anexos legales y un modelo de aviso legal para una web, haciendo bueno el título de "aplicación práctica".
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