La ley permitirá privatizar la televisión local y autonómica

El Gobierno no prevé la privatización de RTVE, un debate que el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, considera "obsoleto". Pero la ley audiovisual abrirá la puerta a la gestión privada de las televisiones autonómicas y locales de titularidad pública. No obstante, los gestores privados estarán obligados a prestar determinados servicios públicos.

En este capítulo, el proyecto de ley especifica que las comunidades autónomas "podrán encomendar" a las entidades encargadas de la gestión de los servicios públicos "la edición y difusión de canales radiofónicos o de televisión, de ámbito de cobertura nacional o internacional, que coadyuven a las proyección dentro de España o hacia el exterior de las lenguas y la cultura de la comunidad autónoma respectiva". Las autonomías podrán también firmar convenios para la reemisión de sus canales en otras comunidades "siempre que utilicen la capacidad reservada para sus propios servicios públicos de radio y televisión".

Según Piqué, la ley podría dejar aparcado hasta el trámite parlamentario el modelo de financiación de la televisión pública. Inicialmente, el texto prevé que "no podrá ser superior al coste derivado del cumplimiento de la función de servicio público que le haya sido atribuida".

En cuanto a la publicidad, establece que no se podrán interrumpir los programas infantiles o las películas. Además, el tiempo dedicado a la publicidad no rebasará el 8% del tiempo total diario de emisión y se recortan los bloques de publicidad en todas sus formas y la televenta a 12 minutos por hora frente los 17 actuales. Excluida la autopromoción, los 12 minutos de ahora se reducen a nueve.