Tres feudos para tres caudillos peronistas

Los tres candidatos peronistas que pugnan por llegar a la presidencia de Argentina provienen de tres provincias del interior, en las que ejercen el control de todos los resortes de poder. Néstor Kirchner, en Santa Cruz (Patagonia); Adolfo Rodríguez Saá, en San Luís, y Carlos Menem, en La Rioja, han gobernado durante muchos años estos reductos con un estilo basado en la hegemonía, la reelección ilimitada y la fabricación de la ciudadanía a través del empleo público. Los distritos forman parte del corazón del Partido Justicialista (PJ, peronista) en la Argentina profunda, donde, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, los peronistas están unidos detrás de los respectivos caudillos.

San Luis es un feudo de la familia Rodríguez Saá, cuyo abuelo ya gobernaba la provincia a principios del siglo XX. El Adolfo, como es conocido entre sus seguidores el candidato, fue gobernador durante cinco mandatos consecutivos (18 años) y actualmente mantiene el poder a través de la sucesora, Alicia Leme. Como gestor, Rodríguez Saá combinó el populismo con un desarrollo económico de las infraestructuras, lo que ha permitido un atisbo de sociedad civil, que no existe en Santa Cruz ni en La Rioja. En las tres provincias se impone la regla de la hegemonía con elecciones. Y la hegemonía es claramente justicialista. En San Luis, los cinco diputados nacionales son del PJ, al igual que dos de los tres senadores.

En Santa Cruz, Néstor Kirchner lleva 11 años y medio como gobernador, después de haber sido cuatro años intendente de la capital provincial, Río Gallegos. La provincia tiene 200.000 habitantes, de los que 33.000 son empleados públicos, que con sus familias alcanzan las 100.000 personas que viven del Estado. Sin duda, Santa Cruz es una de las provincias de mayores recursos gracias a las regalías del petróleo y el gas, y a una serie de beneficios que recibe por ser considerada zona desfavorable, en razón del rigor climático de las provincias patagónicas. En la práctica, significa que los santacruceños tienen una economía fuertemente subsidiada. Los argentinos pagan en la factura del gas 31 centavos por el gas de Santa Cruz, mientras que el precio del litro de la gasolina súper que paga un ciudadano de Río Gallegos es de 1,7 pesos el litro, frente a los 1,97 pesos que le cuesta al habitante de Buenos Aires.

Condiciones de jubilación

Asimismo, los habitantes de esta provincia han gozado de las mejores condiciones de jubilación de los empleados públicos de toda Argentina. La edad requerida para cobrar la pensión de retiro es de 28 años de servicio para las mujeres y de 30 años para los hombres, muy por debajo del resto del país. Kirchner ha aceptado adherirse a la ley nacional de jubilación, que establece 60 años de edad para la mujer y 65 para el hombre, y equiparar su provincia a las condiciones generales de los argentinos. Una medida que no es ajena a la coyuntura electoral.

Según datos oficiales, el 70% de los empleados en la Administración pública están por debajo de la línea de pobreza (menos de 722 pesos -240 euros-, al mes), y el 35% son indigentes (menos de 322 pesos -107 euros-). Unos datos que contrastan con la imagen de gestión impecable que propaga el candidato-gobernador a lo largo y ancho del país. En el año 2002, el presupuesto de Santa Cruz fue de 1.000 millones de pesos, de los que el 35% se destinó al pago de sueldos. A modo de comparación, el distrito de La Matanza, el más grande y populoso de la provincia de Buenos Aires (1,5 millones de habitantes), tiene un presupuesto de 120 millones de pesos.

De los tres senadores nacionales de Santa Cruz, dos son peronistas, al igual que tres de los cinco diputados nacionales. La sobrerrepresentación de las provincias en el Congreso argentino es una anomalía del sistema federal, consecuencia de la ley electoral en vigor, que data de la última dictadura militar, aprobada en 1982 por el Gobierno del general Reynaldo Bignone, y desde entonces no ha sido reformada. El electorado de Santa Cruz (90.000 personas), que envía a Buenos Aires cinco diputados y tres senadores, cabría en un partido Real-Barça en el Camp Nou, sin llenar completamente el estadio.

Al elegir sólo al presidente y vicepresidente de la nación, el régimen electoral provincial queda separado del nacional, lo que constituye otra anomalía. La primera consecuencia es que después del 27 de abril, de junio a noviembre, los argentinos tendrán que acudir a las urnas en 20 elecciones provinciales. En estos comicios no sólo se elegirán las autoridades provinciales, sino también los diputados nacionales y los senadores nacionales cuando corresponde. Eso nunca había sucedido. La lógica dice que hay un momento para la elección nacional y un momento para la elección provincial. Ese desenganche otorga un gran poder a las provincias, porque no sólo definen sus a autoridades propias, sino que también definen a sus legisladores nacionales, que ya no caen, como ocurre en Estados Unidos, en el efecto de arrastre de la elección presidencial.

Educación

En el terreno de la educación, el sistema vigente ofrece el contraste de una buena educación pública en la ciudad de Buenos Aires con la realidad de las provincias periféricas dominadas por los caudillos feudales, donde no hay literalmente educación básica, como ocurre en la provincia de Formosa, Tucumán o incluso en una provincia que tuvo buenos sistemas de educación como Entre Ríos.

El escritor Héctor Tizón puede hablar de lo poco que tiene que ver el mundo de la provincia con el de la ciudad de Buenos Aires. "En la provincia padecemos las consecuencias, pero también gozamos de las ventajas. Por ejemplo, en Jujuy ha mermado la desocupación. Hay pobreza, siempre fuimos pobres, pero tampoco fuimos muy ricos; en la provincia no hay esa diferencia irritante y obscena entre los muy ricos y los muy pobres. Los índices de delincuencia jamás llegaron a ser una leve sombra de lo que pasa en los grandes centros poblados. Lo cual demuestra que delincuencia y pobreza no son sinónimas, son pretextos de represores en potencia".