El Supremo ordena disolver los grupos parlamentarios de Batasuna en Euskadi

El Tribunal Supremo ordenó ayer la disolución de los grupos parlamentarios de Batasuna, pero no aclaró si la medida es aplicable al grupo Sozialista Abertzaleak, que ha sustituido a Batasuna en el Parlamento vasco antes de que se dictase la sentencia de ilegalización. La medida se extiende también a los grupos del complejo HB-EH-Batasuna en las Juntas Generales de los territorios históricos, diputaciones y ayuntamientos. El Supremo ordenó también expedir mandamiento de cancelación de la página web de Batasuna en Internet y el embargo de todos sus bienes, cuentas y subvenciones.

La orden de disolución fue difundida a primeras horas de la noche de ayer en un comunicado del Supremo, horas después de que se informase oficialmente de que la ejecución de la sentencia se posponía a sucesivas reuniones de la Sala Especial que acordó la disolución y que ahora debe proceder a ejecutarla en los términos de la ley de Partidos Políticos.

A primera hora de la tarde, el Supremo inició las deliberaciones encaminadas a ejecutar la sentencia, examinando los escritos que en ese sentido le han dirigido el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y el Partido Socialista de Euskadi. En primer lugar, los 16 magistrados del Supremo encargados de la ejecución tenían previsto comprobar la publicación de edictos para dar a conocer el fallo de la sentencia a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, formaciones declaradas en rebeldía en el procedimiento e ilegalizadas junto a Batasuna. Después iban a intercambiar las primeras impresiones sobre la ejecución, pero sin llegar a formalizar acuerdos. En ese sentido, un portavoz oficial remitió a futuras reuniones antes de que el Supremo documentase los acuerdos en un auto de ejecución.

Sin embargo, y a tenor del comunicado difundido anoche, la Sala Especial empezó a estudiar la forma de ejecutar la sentencia, a partir de los escritos del Ministerio Fiscal y la

Abogacía del Estado, que reclaman la disolución de los grupos parlamentarios, provinciales, forales o municipales de las tres formaciones ilegalizadas.

En concreto, la Abogacía del Estado en su escrito dirigido al Supremo, pidió que se ordene la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, integrado por los mismos parlamentarios que el antiguo grupo Batasuna.

Sin embargo, la nota del Supremo señala que tras la deliberación, se ha "ordenado la disolución de los grupos que Batasuna posea en parlamentos autonómicos, Juntas Generales de los Territorios Históricos, diputaciones o ayuntamientos", pero no menciona a Sozialista Abertzaleak . Este grupo está integrado en el Parlamento Vasco por Joseba Álvarez, Jone Goiricelaia, Antton Morcillo, Arnaldo Otegi y Jon Salaberria, Araitz Zubimendi y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, actualmente huido de la justicia.

La ejecución también implica iniciar el proceso de liquidación patrimonial del complejo HB-EH-Batasuna, en el que la Fiscalía General del Estado también incluye la investigación y relacionen los bienes de las herriko tabernas. En ese sentido, el alto tribunal ha ordenado "el embargo de todos los bienes o derechos,cuentas corrientes y subvenciones y la iniciación de vías de averiguación patrimonial".

El objetivo del embargar de los bienes de los tres partidos ilegalizados es sacarlos a subasta y destinar el resultado de la liquidación a las víctimas del terrorismo. Precisamente, el ministro de Justicia, José María Michavila, afirmó ayer que esperaba que el Supremo haga cumplir la sentencia de ilegalización y nombre tres liquidadores en relación con el patrimonio de Batasuna, para que el dinero sea destinado a las víctimas.

"Nuestro deseo", dijo Michavila "es que todas las cuentas corrientes de Batasuna sean incautadas y que las sedes de Batasuna sean cerradas por el Gobierno vasco allí donde todavía están abiertas."

Otros acuerdos

El acuerdo del Supremo incluye también la cancelación de la página web de Batasuna y de la que la fiscalía facilitaba en su escrito la dirección de Internet.

El Supremo también expidió un mandato de cancelación de las inscripciones de los tres partidos afectados en el Registro del Ministerio del Interior, si bien dichas cancelaciones se produjeron al día siguiente de conocerse la sentencia.

El Supremo también decidió el nombramiento de tres liquidadores del patrimonio de Batasuna que probablemente serán designados entre inspectores de Hacienda.