Interior rechazó en Barajas el año pasado a 7.713 extranjeros, el 60% de ellos ecuatorianos

El Ministerio del Interior impidió el año pasado la entrada en España de 11.698 extranjeros. El 67,9% de ellos fueron rechazados en Barajas. Esto supone que la policía prohibió pasar el control de pasaportes del aeropuerto madrileño a una media de 21 personas diarias. La mayoría de ellas (4.605, el 59,7%) eran de nacionalidad ecuatoriana. También a nivel nacional los ecuatorianos cosecharon el mayor número de rechazos en frontera: 4.679, el 40%. El segundo grupo de extranjeros a los que los agentes impidieron el paso fueron los marroquíes, con 3.011 (el 25,7%).

Estos datos han sido facilitados por la Comisaría General de Extranjería a Cáritas Española y publicados en la página web del Colegio de Abogados de Zaragoza. Un portavoz del Ministerio del Interior rechazó comentarlos porque, según dijo, no habían sido elaborados por su departamento.

Tras el aeropuerto de Barajas, que es el nudo de comunicaciones aéreas internacionales más importante de España, figuran dos fronteras marítimas: Algeciras, donde fueron rechazados 1.497 extranjeros y, Almería, con 1.135 rechazados. La mayoría eran ciudadanos marroquíes llegados en los ferrys que unen ambas ciudades con África. El número de rechazados en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, fue muy inferior al de Barajas: sólo 393. En similares cifras está la frontera terrestre de Ceuta, con 310 devoluciones documentadas, según los mismos datos.

En cuanto a la nacionalidad de los rechazados, a gran distancia de los ecuatorianos y de los marroquíes se hallan los bolivianos (856), los brasileños (279), los chilenos (246), los argelinos (243), los rumanos (241) y los colombianos (238).

Expulsiones

Durante el año pasado el Gobierno incoó 40.131 expedientes de expulsión a extranjeros, pero sólo pudo materializar 12.159. Es decir, tres de cada diez. Estas cifras demuestran, a juicio de la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, el fracaso de la política de repatriaciones del Ejecutivo, pues España ha firmado acuerdos de readmisión o de regulación de los flujos migratorios con la mayoría de los países de procedencia de esa multitud de 27.972 personas que deambulan por las ciudades con una orden de expulsión que les impide trabajar. De ese colectivo que atiborra los refugios de indigentes y duerme en parques y portales, la mayoría son marroquíes. Les siguen los ecuatorianos (3.690), los rumanos (3.329), los colombianos (2.824), los argelinos (2.587)...

La efectividad a la hora de aplicar las órdenes de expulsión ha sido muy distinta según la ciudad en la que se haya tramitado el expediente. Mientras que de los 5.941 expedientes abiertos en Las Palmas fueron materializados 5.047 (casi el 85%) y de los 206 de Salamanca fueron realizados 156 (casi el 76%), llama la atención el elevado número de los no materializados en ciudades con alto índices de inmigración irregular, como Alicante o Ceuta.

En Alicante, de 1.497 incoados sólo fueron ejecutados 134 (el 8,95%); en Ceuta, de 1.753 tramitados sólo fueron materializados 139 (el 7,93%). Volviendo la oración por pasiva: en Alicante no fueron ejecutados el 91% de los expedientes dictados.

Es de señalar que, según revela el censo de 2001, Alicante es la provincia con mayor concentración de inmigrantes irregulares -dejando a un lado las comunidades autónomas uniprovinciales-, con al menos 63.493 personas en esa situación (el padrón municipal duplica prácticamente esa cifra). Alicante soporta, además, uno de los índices de delincuencia más altos de España, según datos del Ministerio del Interior.