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El relator de la ONU para la tortura investigará denuncias en España

El Gobierno acepta la visita de Van Boven, prevista para mayo

El relator especial de la ONU para la tortura, el holandés Theo van Boven, ha solicitado visitar España para investigar el gran número de denuncias que recibe sobre abusos y malos tratos por parte de las fuerzas de orden público. Pese a que sospechan que buena parte de las quejas proceden de organizaciones abertzales afines a HB, el Gobierno ha aceptado la petición del relator, que tiene previsto viajar a finales de mayo, según indican fuentes de la ONU en Ginebra y de la Oficina de Información Diplomática (OID).

El Alto Comisario de la ONU para los Derechos Humanos, el brasileño Sergio Vieira de Mello, se lo dejó caer al presidente José María Aznar cuando, en febrero, le visitó en La Moncloa. La semana pasada, el propio Van Boven lo confirmó en la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Entre sus próximos planes de viaje figura España, junto con Bolivia, China y Georgia. Su último desplazamiento fue a Uzbekistán. Nunca un relator había visitado hasta ahora un país de Europa Occidental.

"Desde el primer momento, el Gobierno español ha aceptado gustoso esta solicitud y le prestará toda la colaboración necesario", indicó la OID. Viera de Mello agradeció, hace dos semanas, a Enrique Múgica, el Defensor del Pueblo, la buena disposición mostrada por el Ejecutivo. Múgica visitó la sede de la ONU en Ginebra.

Van Boven, de 59 años, profesor de la Universidad de Limburgo (Países Bajos), es un jurista de reconocido prestigio que ha trabajado toda su vida en temas relacionados con los derechos humanos. En enero de 2002 fue nombrado relator especial, un puesto bajo la autoridad de Vieira de Mello.

El relator decidió emprender el desplazamiento ante el número elevado de denuncias que le llegan de España y que han sido, aparentemente, formuladas de buena fe. En su informe sobre 2002, dado a conocer el mes pasado, Van Boven recoge 110 casos, muchos de ellos colectivos, de supuestas torturas o malos tratos a manos de la policía, la Guardia Civil y también, aunque en menor medida, de la Ertzaintza (policía autónoma vasca) y de los Mossos d'Escuadra (policía autónoma catalana).

El 57% de las denuncias que traslada proceden de personas relacionadas con el País Vasco, muchas de ellas conocidos abertzales radicales o vinculadas a ETA. Este es el colectivo más importante de denunciantes seguido por el de los inmigrantes. La respuesta puntual del Gobierno a cada una de las quejas, incluidas aquellas formuladas contra las policías autonómicas, queda también recogida en el informe anual.

Al margen de las explicaciones concretas, el Gobierno indicó, señala el informe de Van Boven, que "un elevado número de denuncias presentadas por ciudadanos incursos en causas relacionadas con el entorno de ETA". "La presentación sistemática de denuncias por torturas de cuantas detenciones se producen forma parte de una estrategia de la banda terrorista ETA y del Movimiento de Liberación Nacional Vasco para deslegitimar el sistema jurídico y político del Estado español y poner en tela de juicio la legalidad de determinadas diligencias de la investigación policial", añade el Ejecutivo.

Las autoridades españolas entregaron también al relator, que lo menciona en su informe, "un documento incautado suscrito por ETA en el que la organización da a sus miembros la instrucción de, tras cualquier detención, denunciar automáticamente haber sido torturados".

Dos organizaciones abertzales se encargan de hacer llegar a Ginebra, donde disponen de un enlace, las denuncias, según indican fuentes diplomáticas españolas. La primera es Torturaren Aurkako Taldea, pero ésta forma parte a su vez de Behatokia, el llamado observatorio vasco de derechos humanos que integran también la asociación de familiares de represaliados políticos vascos y la asociación de padres de víctimas de la represión, entre otras.

Al término de su estancia, durante la que suele entrevistarse con decenas de personas, el relator hace un informe específico sobre la práctica de la tortura en el país que ha visitado. Analiza también la legislación vigente y, por último, suele formular recomendaciones para evitar casos de abusos.

El precedente del Consejo de Europa

Pese a que Aznar aceptó sin titubear la petición de Sergio Vieira de Mello, algunos sectores de la Administración española tienen sus dudas sobre la oportunidad de acoger al relator de la ONU para la tortura. Los más reticentes alegaban, desde el Ministerio del Interior, que Theo van Boven no tiene los poderes de investigación del Consejo de Europa y dará más fácilmente crédito a los testimonios que le lleguen de supuestas víctimas.

Las autoridades españolas guardan un grato recuerdo de la investigación que llevó a cabo en España, en febrero de 2001, Álvaro Gil-Robles, el comisario de Derechos Humanos de dicho Consejo, una institución mucho más exigente en esa materia que el Alto Comisionado que dirige Vieira de Mello.

Gil-Robles elaboró un informe en el que atribuía fundamentalmente el deterioro de los derechos humanos en el País Vasco a la acción "directa de la banda terrorista ETA" y a la "violencia callejera" que se ejerce "en un clima de impunidad casi total, debido a la pasividad de la Policía Autónoma a la hora de reprimirla".

En consecuencia, el comisario achacaba "cierta responsabilidad" al Gobierno vasco porque no ejerce "una protección suficiente y eficaz de los derechos fundamentales de los ciudadanos". El Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó, en marzo de 2001, por unanimidad de sus 43 Estados miembros el documento de Gil-Robles.

Poco antes de que fuese sometido a la aprobación del Comité, el Gobierno vasco reaccionó por boca de su portavoz, José Jon Imaz. Éste sostuvo que el informe del comisario de derechos humanos era "parcial" y adolecía además de "falta de rigor".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de abril de 2003

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