El Gobierno de CiU desafía al Parlament y filtra el ingreso al gabinete jurídico

El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) ha aprobado una resolución con la que establece filtros para ingresar en el gabinete jurídico de la Generalitat, pasando por encima de una ley aprobada unánimemente en el Parlament. La resolución del departamento de Gobernación considera "de defectuosa técnica" la ley parlamentaria y sostiene que su interpretación literal sería "disconforme con los principios constitucionales". La izquierda y el Partido Popular (PP) han puesto el grito en el cielo y exigen una rectificación.

El cuerpo de abogados de la Generalitat se ha convertido en un polvorín en la recta final de la legislatura. El Ejecutivo intentó incorporar al cuerpo a una decena de altos cargos, pero a finales de diciembre renunció a ello ante la polvareda levantada: los socialistas advirtieron que se trataba de un intento de colocar a dirigentes políticos en un cuerpo técnico ante una eventual derrota electoral de CiU.

No obstante, la controversia política sobre el gabinete jurídico sigue más viva que nunca y por vía doble. Por una parte, el Ejecutivo ha redactado un anteproyecto de decreto -que desde el pasado 10 de abril tiene la luz verde del preceptivo informe jurídico- que, de aprobarse, modificaría de cabo a rabo su funcionamiento por la vía de aumentar el poder del director del gabinete, Albert Raventós. Por otra, Gobernación ha publicado una resolución en la que impone una vía de ingreso al cuerpo distinta de la que el Parlament aprobó a finales de diciembre.

Unanimidad

En diciembre, todos los grupos parlamentarios -incluyendo el de CiU- acordaron modificar la ley 7 / 1996, de organización de los servicios jurídicos de la Generalitat. La reforma autorizaba la ampliación del cuerpo de 130 a 160 personas. De facto, garantizaba el ingreso automático de la treintena de abogados vinculados a la institución que, sin embargo, no tienen todavía la condición de funcionarios.

La reforma fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 31 de diciembre de 2002, pero una semana antes el Gobierno de la Generalitat ya puso en marcha el proceso de ampliación, que nada tiene que ver con el fijado por la Cámara. En la resolución de la convocatoria pública de las plazas -del 18 de marzo de 2003- consta que en aquel momento el Ejecutivo ya encargó a Gobernación que encauzara la convocatoria a partir de unas reglas distintas: se descartó el ingreso automático y se impuso otro proceso, en el que todos los aspirantes debían someterse a un tribunal presidido por el director del cuerpo.La resolución aprobada por el Gobierno catalán se basa en un informe del gabinete jurídico en el que se aconseja ignorar el procedimiento aprobado por el Parlament. El contenido de dicho informe es tan duro como insólito, en la medida en que se deslizan críticas a la Cámara y se argumenta que la interpretación literal de una de sus leyes sería "disconforme con los principios constitucionales".

"Es del todo imprescindible una interpretación no literal [de la ley], sino teleológica, que respete el principio de interpretación conforme a la Constitución", afirma el informe del gabinete jurídico, que critica la "defectuosa técnica" de la norma aprobada por la Cámara catalana. Por todo ello, aconseja abrir una convocatoria de ingreso en el cuerpo en el que tendrá la última palabra un tribunal presidido por el director del mismo gabinete jurídico, la opción elegida por el Gobierno catalán en contra del Parlament.

La resolución del Ejecutivo -y la subsiguiente convocatoria de oposiciones para cubrir las plazas- ha sido recurrida por Comisiones Obreras y ha causado irritación en los grupos parlamentarios de la izquierda y del Partido Popular (PP). Los más incisivos han sido el presidente del grupo de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Rafael Ribó, y la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Nadal, que han presentado una batería de preguntas para esclarecer los hechos y forzar una rectificación.

"Rectificación urgente"

Ribó ha presentado 13 preguntas, en las que se interesa, en primer lugar, por los motivos por los cuales el ingreso al cuerpo de abogados de la Generalitat "no sigue el que la ley aprobada por el Parlament de Catalunya indica". También pide varias aclaraciones ante una "situación jurídicamente tan particular" y por la supuesta "defectuosa técnica jurídica" de la norma parlamentaria. Nadal, por su parte, ha registrado 16 preguntas e incluso una proposición no de ley con la que busca forzar una rectificación "urgente" del Ejecutivo.

El director del gabinete jurídico, Albert Raventós, justificó en declaraciones a este periódico la resolución del Gobierno catalán y la necesidad de establecer filtros al ingreso al cuerpo de abogados de la Generalitat. "Aplicar literalmente esta ley supondría vulnerar la Constitución, con lo que está claro que la interpretación literal no debe primar", afirma Raventós, quien niega que la resolución vaya en contra de lo aprobado en la Cámara.

A su juicio, lo que está en juego es el artículo 103.3 de la Constitución, que garantiza el acceso a la función pública "de acuerdo con los principios de mérito y capacidad". "La antigüedad no puede prevalecer sobre el mérito y la capacidad", asegura el director del gabinete, quien considera que la resolución aprobada consagra "el principio de igualdad, el sentido democrático y que no haya chollos".