Siniestralidad laboral e incompetencia

Uno de cada cinco muertos por accidente laboral dentro de la Unión Europea corresponde a España (EL PAÍS, 15-09-02). Ocupamos los primeros puestos de la UE en siniestralidad laboral y parece que esto ha disparado las alarmas. Las cifras son suficientemente llamativas para justificar un amplio debate; sobre todo porque, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 80% de las muertes y de los accidentes podrían evitarse si se adoptasen medidas preventivas. ¿Pero cuáles son las medidas preventivas?

He leído con detenimiento el Informe Durán, las opiniones de los sindicatos, el plan de acción sobre la siniestralidad que elaboró el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 1998, entre otros documentos, y contemplo, asombrada, que se habla de la gran importancia que tiene la prevención, pero nadie se plantea qué pasa con los Servicios de Prevención; por qué, después de siete años de vigencia de la Ley de Prevención de riesgos Laborales, y con gastos millonarios para formar a miles de delegados de prevención, técnicos de prevención, múltiples master y diplomas en prevención de riesgos laborales, etc., vamos a peor, o por lo menos no está dando los resultados que se esperaba. El que hayan disminuido el total de accidentes y los siniestros leves no es muy valorable; porque resulta poco creíble que desciendan los accidentes leves y se incrementen los graves o mortales, que curiosamente son los más difíciles de maquillar.

Los profesionales de la prevención sólo tendrían que dar cuentas de sus actos a las autoridades laborales y no a los empresarios

Desde hace años mantengo una buena relación con los médicos del trabajo franceses y he podido comparar en el extranjero cuál es la situación de nuestra medicina del trabajo, analizando, como se dice ahora, nuestras fortalezas y debilidades para la mejora del sistema. Por ello, me voy a permitir un análisis crítico de algo que tengo la impresión que todo el mundo intuye pero que nadie se atreve a encarar. En mi opinión, si el sistema español de prevención de riesgos laborales está resultando un fracaso (y eso que prevenir los accidentes laborales es muy fácil, comparado con la prevención de los cánceres profesionales y riesgos psicosociales) se debe, entre otras causas, a que fallan los servicios de prevención.

Dice Federico Durán que se necesita mayor formación e investigación. Permítame que discrepe: lo que se necesita es que los médicos del trabajo y técnicos de prevención hagan su trabajo, pero para ello se requiere que estén protegidos; y a la Ley de Prevención de Riesgos (LPRL) le falta una normativa expresa y clara que garantice la independencia profesional de sus técnicos y los proteja de las posibles represalias que pueden padecer si son eficaces e intentan hacer cumplir la ley.

Hace 15 años, cuando obtuve por oposición una plaza de médico del trabajo en un organismo público, uno de los directivos me felicitó y me explicó, muy amablemente, que procurara no molestar. Esta advertencia, que entonces me provocó una sonrisa, ahora, con las leyes actuales, me hubiera producido un escalofrío. ¿Cree alguien que un médico del trabajo u otro técnico que esté bajo el poder de su empresa o de una mutua y sepa que le pueden despedir o hacer de su vida profesional un infierno va a estar motivado para enfrentarse a los jefes que no cumplen la normativa, cuando según las estadísticas oficiales (IV Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo) el 70% de los empresarios las incumple? Puede que alguien me diga que para eso ya está el artículo 30 de la LPRL, que es la trasposición del 7.2 de la Directiva comunitaria, donde se plantea cierta protección. Pero le puedo contestar, incluso con mi propia experiencia, que sirve de muy poco, porque es compleja, ambigua y difícil de interpretar hasta para los jueces.

Hace unos años, en Francia, una empresa pública intentó despedir a una de las mejores epidemiólogas de medicina del trabajo porque estaba investigando unos cánceres profesionales que podían comprometer su imagen. A pesar del enorme poder político de dicha empresa y de la argucia legal que quiso utilizar, no pudo llevar a cabo el despido porque en Francia, desde 1946, el médico del trabajo es un asalariado especialmente protegido (no se les puede despedir arbitrariamente y en el desempeño de sus funciones no están obligados a cumplir las órdenes de la empresa, sino de sus autoridades laborales). Este despido frustrado junto al escándalo del amianto (porque si algunos médicos se hubieran atrevido a denunciar lo que sospechaban se hubieran evitado miles de muertes) sirvió de detonante para que empezaran a denunciar la situación de acoso e intimidación que sufrían por parte de sus jefes, tanto en los servicios propios como ajenos (Les médecins du travail prennent la parole. Un métier en débat. Syros 2000).

No se hizo esperar la respuesta del Gobierno francés: en su nueva Ley de modernización social del 17 de enero de 2002 dedica siete artículos a mejorar las competencias de los médicos del trabajo y a reforzar su independencia. El sistema francés de prevención gira alrededor del médico, pero permite que tenga ayuda exterior cualificada, y en la actualidad va a comenzar a integrar a otros profesionales, aunque primero -se dice en el artículo 241.2- hay que elaborar un decreto que garantice la independencia profesional de estos nuevos técnicos.

Para poder implantar medidas preventivas, lo que se llama la cultura preventiva, se necesita que los técnicos de prevención estén legitimados, sean independientes y se les note. Porque no sólo hay que luchar con los empresarios para que compren y paguen sistemas de seguridad, sino que en muchas ocasiones hay que luchar también con los trabajadores para que se protejan, pues hay que reconocer que usar gafas, cascos, guantes, protectores auditivos... es molesto. Los que hemos vivido el inicio de la pandemia del sida sabemos lo mucho que en el ámbito sanitario costó que se dejara de encapuchar las agujas o que se utilizaran guantes ante ciertas técnicas de riesgo (porque dificultaba el trabajo).

Como conclusión, considero que entre el paquete de medidas legislativas para mejorar la actual Ley de Prevención de Riesgos debería haber alguna medida adicional que proteja a todos los profesionales de la prevención (formen parte o no de servicios de prevención). Por ejemplo, que tengan que dar cuentas de sus actos a las autoridades laborales y no a los empresarios, o que no se les pueda despedir sin el visto bueno del inspector de trabajo, si se quiere que estos trabajadores asuman las responsabilidades que les corresponden. De lo contrario, las políticas de prevención servirán de muy poco. Porque se puede cumplir la ley de manera formalista, sin cometer infracciones penales, y con una total incompetencia, voluntariamente buscada, para evitarse represalias.

Reyes Núñez es médico del Trabajo