La Junta se volcará en exigir el traspaso de las cuencas tras recibir las políticas activas de empleo

Arenas abre la puerta a cesiones "menores", pero defiende que la gestión hidráulica es estatal

Sevilla - 17 abr 2003 - 00:00CEST

La Junta de Andalucía tachó ayer la gestión de las políticas activas de empleo de su lista de traspasos pendientes, tras seis años de polémicas y complejas negociaciones con el Gobierno central. Y aprovechó la Comisión Mixta de Transferencias en la que ambas Administraciones formalizaron ayer la cesión de las políticas activas de empleo para volver a poner encima de la mesa su listado de reivindicaciones, ahora encabezado por la gestión hidráulica y, sobre todo, de la cuenca del Sur.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, que encabezó la delegación de la Junta, llevó a la Comisión Mixta una lista de 24 "materias" con el fin de "seguir avanzando en el proceso de traspasos", tras la cesión de las políticas activas de empleo. Esta transferencia (la segunda con el PP en el Gobierno, tras la de justicia en 1997), permitirá a la Junta gestionar 253 millones de euros al año, que costearán programas de intermediación, formación y práctica laboral para desempleados. El traspaso incluye 1.627 funcionarios, 216 inmuebles y 50,4 millones anuales para financiar la estructura administrativa.

Zarrías precisó que la petición de la Junta es que el Gobierno culmine esas 24 transferencias pendientes "en un año". Y reconoció que la "gestión integral del agua" será la reivindicación esencial. El Ejecutivo andaluz mantiene que el Gobierno está obligado a traspasar la Confederación Hidrográfica del Sur y la empresa pública Acusur, por actuar en una cuenca (ríos de Málaga, Cádiz y Almería) que está totalmente dentro de los límites de la comunidad. Además, la Junta quiere la cogestión de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir. Y desgajar de esta última la gestión de algunos ríos, también "intracomunitarios".

El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, que lideró la delegación del Gobierno en la Comisión Mixta, mostró su intención de aprovechar "el clima de entendimiento" propiciado por el acuerdo sobre políticas activas de empleo para abordar "de manera inmediata" el traspaso de competencias "menores"a la Junta: profesores de religión, centros educativos del Ministerio de Defensa, docentes de Instituciones Penitenciarias, Instituto Social de la Marina, productos farmacéuticos, instalaciones radiactivas, mediadores de seguros, enseñanzas náuticas y centros de información del Instituto de la Mujer.

Retraso

Arenas aseguró que también está "dispuesto a hablar con serenidad y moderación" sobre el traspaso de la gestión hidráulica. Pero añadió que informes técnicos del Ministerio de Medio Ambiente ponen de manifiesto que "jurídicamente no procede" la transferencia de la cuenca del Sur, la principal exigencia de la Junta.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

SIGUE LEYENDO

El Ministerio aduce que uno de los afluentes del río Almanzora discurre por Murcia para negar el carácter intracomunitario de la cuenca del Sur, un traspaso para el que la Junta pide un aporte anual de, al menos, 180 millones (fundamentalmente para obras de embalse). Arenas recordó que la cesión de las cuencas intracomunitarias (que sí se hizo en el País Vasco, Galicia y Cataluña) fue un proceso abierto por el PSOE cuando estaba en el Gobierno central del que se quedó fuera la transferencia de la cuenca del Sur. El traspaso llegó a acordarse, pero diferencias económicas lo impidieron.

El ministro insistió en que el traspaso de las políticas activas de empleo fue un proceso abierto por el PP en 1996 (tras su pacto con CiU), culminado ahora con la transferencia a Andalucía, la última comunidad en recibirlo - "en un paquete final con Castilla-La Mancha y Murcia", concedió Arenas-, con la excepción del País Vasco, que también exige las políticas pasivas (el pago de las prestaciones por desempleo).

Arenas insistió en que el retraso de seis años respecto a otras comunidades se debe a la exigencia inicial de la Junta de incluir la gestión del Plan de Empleo Rural y en "diferencias técnicas", cuestiones ambas que quedaron resueltas hace ya dos años. Y volvió a sugerir que hay otras explicaciones, que eludió concretar para evitar entrar en un "terreno discrepante en un día de acuerdo".

Javier Arenas, ayer, en primer plano. Detrás, Gabriel Elorriaga, Juan Ignacio Zoido y Carmen de Miguel.G. CORDERO

Un "Miércoles de Gloria" gélido

"Para la Junta este Miércoles de Pasión es un Miércoles de Gloria". El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, sintetizó así su "satisfacción" por cerrar un traspaso, cuyo retraso se había convertido en combustible para el enfrentamiento. El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, también hizo votos por el "entendimiento". Pero las formas evidenciaron la gélida relación entre ambas Administraciones.

No hubo fotos de apretones de manos ni de firmas conjuntas en la Delegación del Gobierno central. Sólo imágenes de la mesa de trabajo. Las declaraciones a los medios también se hicieron por separado. Zarrías compareció junto al resto de consejeros: Magadalena Álvarez (Economía), José Antonio Viera (Empleo) y Juan Ortega (Relaciones Institucionales). Arenas junto al delegado del Gobierno, Juan Ignacio Zoido, el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, y la secretaria general de Empleo, Carmen de Miguel. Más señales: Álvarez, Viera y Zarrías olvidaron al andalucista Ortega en su entrada conjunta. Y la nota del Gobierno se encabezó así: "Javier Arenas traspasa las políticas activas de empleo a Andalucía". Arenas volvió a echar de menos al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que no forma parte de la Comisión Mixta. Una ausencia que impide la comparación con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), con el que Arenas no dudó en abrazarse el día anterior ante las cámaras tras firmar el mismo traspaso.