Interior acuerda crear una "red de alerta y denuncia social" para detectar 'sin papeles'

El delegado del Gobierno para la Extranjería, Ignacio González, y el director general de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), Brunson Mckinley, firmaron ayer un convenio por el que esta organización se compromete a crear "una red de alerta y denuncia social, con la participación de organizaciones y operadores locales" para detectar "nuevas presencias de inmigrantes irregulares" y "luchar contra la inmigración ilegal". Esta red, en la que ambos organismos pretenden implicar a ONG, trasladaría su información sobre los sin papeles a las autoridades.

El proyecto de creación de la red figura como punto 2.a del Anexo I del convenio. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que fue introducido a petición de la OIM. El texto entró en vigor ayer, se prolongará hasta el 31 de diciembre y es prorrogable por periodos sucesivos, previo acuerdo escrito entre los firmantes.

En España residen en torno a medio millón de personas en situación irregular, según se desprende de las últimas cifras del censo facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística. La cantidad casi se duplica al utilizar como fuente el padrón municipal. De los 40.131 sin papeles que el Gobierno intentó expulsar el año pasado, sólo consiguió devolver a su país a 12.159, lo que supone el 30,3%; esto es: tres de cada diez.

Por el momento, no existe financiación para llevar a cabo el convenio. Interior señala que cuenta con dos "bolsas" de dinero: una cantidad "sin precisar" que podría aportar el Instituto para las Migraciones y los Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Trabajo, y otra cantidad que podría salir de los fondos europeos destinados a ayudas sociales.

El acuerdo compromete a los firmantes "a aunar esfuerzos para captar fondos para la realización de los proyectos específicos que elabore el consultor [de la OIM] y que sean debidamente aprobados por el Ministerio del Interior". Añade que "cualquiera de los firmantes podrá efectuar gestiones para conseguir financiación por separado".

Retorno voluntario

También carecen, por el momento, de financiación otros proyectos recogidos en el texto. Por ejemplo, los de "retorno asistido voluntario a sus países de inmigrantes que se encuentren en situación irregular en España, así como de refugiados o demandantes de asilo que lo deseen expresamente".

A juicio del delegado del Gobierno, existe un colectivo cada vez más importante de inmigrantes que no han visto satisfechas sus expectativas iniciales y tienen dificultades de integración". Según fuentes oficiales, serán los técnicos de la OIM quienes estudien cada caso y se encarguen de "sentar en el avión de vuelta" a quienes deseen retornar a sus países.

La OIM, según el acuerdo, se compromete a "colaborar con las restantes administraciones públicas españolas" y a brindar "su cooperación técnica en el diseño, formulación y eventual ejecución de los proyectos (...) a través de un consultor internacional de alto nivel y con amplia experiencia en el diseño y puesta en práctica de proyectos y programas migratorios".

La OIM se define como "la principal organización internacional que trabaja con migrantes y gobiernos para proveer respuestas humanas a los desafíos que plantea la migración". Fue creada en 1951 como una organización intergubernamental, cuenta con oficinas en todos los continentes y ayuda a los gobiernos a dar "rápidas respuestas humanitarias a corrientes migratorias repentinas", ejecutar "retornos voluntarios asistidos para migrantes irregulares" y adoptar "medidas para luchar contra el tráfico de personas", entre otros asuntos.

Aunque no forma parte de Naciones Unidas, asegura mantener estrechas relaciones de trabajo con sus órganos e instituciones y trabajar en asociación "con una amplia variedad de organizaciones internacionales y no gubernamentales".

La OIM define lo que denomina su "Mandato" con las siguientes palabras: "Fomentar la migración regular de trabajadores dentro de un marco de lucha contra la migración irregular, fomentando el desarrollo económico y social de los países de origen, de tránsito y de destino, respetando al mismo tiempo los derechos e integridad de los migrantes".