La Junta teme la pérdida de 260 millones de ayudas ambientales concedidas por la UE

La Consejería de Medio Ambiente estima que Andalucía puede perder 260 millones de euros de ayudas Feder si, hasta finales de 2003, el Ministerio no invierte estos fondos en medidas de protección y regeneración en el entorno natural. La Comisión Europea da un plazo de dos años para la ejecución de las partidas del programa operativo integrado de Andalucía, que alcanzan los 827 millones de euros del año 2000 al 2006. El director general de Planificación, Rafael Silva, calcula que el Ministerio tendría que ejecutar en los próximos ocho meses el 80% de lo presupuestado para los años 2000 y 2001.

La gestión de las ayudas Feder en Andalucía, en manos de cuatro organismos dependientes del Ministerio (confederaciones hidrográficas, Aguas de la Cuenca del Sur, Dirección General de Conservación de la Naturaleza y Dirección General de Obras Hidráulicas), será uno de los temas centrales de la reunión que mantendrán esta tarde en Madrid la ministra Elvira Rodríguez y la consejera Fuensanta Coves, que lamentó ayer el bajo grado de ejecución del dinero comunitario.

Coves teme que esto obligue a devolver a Bruselas la parte no ejecutada a 31 de diciembre de 2003, cuando vence el periodo de dos años concedido por la Comisión Europea para invertir las medidas previstas para 2000 y 2001. Ayer mismo, en Málaga, la primera respuesta de la ministra fue contundente: "En vez de hacer declaraciones a la prensa, la consejera tiene que hacer un convenio marco con el Ministerio para ordenar el gasto", informa Ignacio Martínez. Y agregó: "La mayor parte de las regiones Objetivo 1 ya lo han hecho".

A Andalucía le corresponden 827 millones de euros de ayudas Feder dentro de las medidas de protección y regeneración del entorno natural dedicadas a actuaciones forestales, biodiversidad y espacios naturales, previstas en el programa operativo integrado del año 2000 al 2006. De esta cantidad proceden de los fondos comunitarios 620,3 millones, mientras que la cofinanciación española alcanza los 206,7 millones.

Es, precisamente, la aportación española una de las razones de las diferencias entre ambas administraciones. La Junta de Andalucía rechazó firmar el convenio-marco propuesto por el ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas al considerar que la estaba obligando a "aportar la cofinanciación nacional de los fondos europeos que se ha reservado tu ministerio", indicaba Coves en una carta de julio de 2002. La consejera pedía a Matas que asignase a la Junta de Andalucía la gestión de estos fondos.

La propuesta de convenio hecha por Matas se traducía, según la carta enviada por la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en "una transferencia de recursos financieros de la Junta al Gobierno". Álvarez también expresaba su preocupación por la pérdida de "recursos destinados a Andalucía" y pedía a Montoro que hiciese "las gestiones oportunas ante el Ministerio de Medio Ambiente para que se agilice e impulse la ejecución". En su respuesta Montoro indicó que la revisión de la programación de inversiones de 2000 y 2001 realizada por el Medio Ambiente permitiría "evitar pérdidas de fondos por falta de ejecución".

Para garantizar la eficacia en la gestión, Bruselas ha establecido que recupera el dinero que no se haya ejecutado en el plazo de dos años y, por otra parte, que premiará a aquellas administraciones que se distingan por una gestión eficaz con la entrega de fondos adicionales, previstos en la denominada "reserva de eficacia", según el director general de Planificación, Rafael Silva.

En el último comité de seguimiento del programa, celebrado en junio de 2002 en Córdoba, quedó patente que el nivel de ejecución de las actuaciones en Andalucía era del 11,3%. Aunque el próximo cómite se reunirá de nuevo en junio, Silva calcula que el porcentaje ejecutado hasta la fecha puede rondar el 20%. "Significaría que habría que ejecutar el 80% en ocho meses, con el agravante de que si no se ejecuta se perjudica a Andalucía", indica.

- Presa de Úbeda la Vieja. El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que se plantean distintas alternativas a la frustrada presa de Úbeda la Vieja, desestimada por el Ministerio de Medio Ambiente por su impacto ambiental negativo, informa Ginés Donaire.