Tareas para el nuevo presidente argentino

El presidente Duhalde asumió el poder en medio de una de las peores crisis políticas, sociales y económicas de su país. La economía argentina, la tercera de Latinoamérica, llevaba tres años y medio de recesión. El PIB se había contraído el 4,4% en 2001, que finalizó con la congelación de depósitos (corralito) y la suspensión de pagos. En 2002, que comenzó con una devaluación descontrolada del peso, la caída alcanzó el 10,9% por el fuerte derrumbe de la actividad en el primer trimestre. A partir del segundo, el nuevo ministro de Economía, Roberto Lavagna, impuso una disciplina fiscal y monetaria que estabilizó la devaluación.

Con un horizonte más previsible, la economía comenzó a recuperar muy levemente. En la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se celebra este fin de semana en Washington, Lavagna destacará que el PIB creció el 4,9% en el primer trimestre de 2003. Él espera que Argentina se expanda este año el 4,5%, mientras que el FMI elevó su pronóstico del 1% al 3%.

El ministro Lavagna espera que Argentina se expanda en 2003 un 4,5%, y el FMI ha elevado su pronóstico de crecimiento del 1% al 3%

El futuro jefe de Estado, que gobernará hasta 2007, deberá comenzar la negociación formal con los acreedores de la deuda externa

Sustitución de importaciones

La industria está recuperándose por primera vez desde 1997, porque la devaluación -que asciende al 66% desde enero de 2002- posibilitó la sustitución de las encarecidas importaciones por productos nacionales, en especial en los sectores textil y metalúrgico. Creció el 10% en el primer trimestre de 2003. En los primeros dos meses del año mejoró el 32% la producción de cemento ante la moderada alza de la construcción. También aumentó el consumo de servicios públicos, lo que no acontecía desde octubre de 2001. Las exportaciones, que ganaron competitividad por la devaluación, se incrementaron el 4%. La industria del turismo aprovechó la llegada de extranjeros atraídos por precios baratos, mientras que los argentinos que todavía pueden veranear pasearon por su país.

La depreciación del peso, como contrapartida, elevó la inflación al 41% en 2002, después de diez años de estabilidad. La canasta familiar básica se encareció el 75%. Mientras tanto, los salarios públicos se mantuvieron. Las empresas fueron obligadas por el Gobierno a elevarlos en 48 euros. Muchas incumplieron porque cuentan con empleados en negro o carecen de recursos para hacerlo.

El paro llegó al 21% en mayo y bajó al 18% en octubre, sólo gracias a la creación del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Unos dos millones de argentinos reciben este subsidio de 48 euros a cambio de cuatro horas de tareas comunitarias, aunque sólo dos de cada tres beneficiados las cumplen. El cóctel de caída del poder adquisitivo y subida del paro resultó en las imágenes del hambre que recorrieron los televisores de todo el mundo. El índice de pobreza saltó del 40% al 57% de la población, lo que supone 20 millones de personas.

La estampida de los precios mejoró la recaudación del IVA. También se incrementaron los ingresos fiscales por la creación de un impuesto a la exportación. De ahí que se haya cumplido en el primer trimestre del año la meta de superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) que le impuso el FMI en el demorado acuerdo de enero pasado. No obstante, un informe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) alerta que los ingresos fiscales pueden subir menos de lo previsto en el resto del año, porque la inflación sube menos que lo esperado -el Gobierno rebajó su pronóstico del 22% al 14%- y el peso está apreciándose, lo que afecta la recaudación del tributo a la exportación.

Las provincias también lograron sus cuentas fiscales, aunque levemente. Lo suficiente para dejar de emitir bonos para pagar a sus empleados y proveedores. En Argentina circulan, como si fueran monedas, unos títulos nacionales y provinciales por 2.390 millones de euros. El Gobierno envió al Congreso una ley para comenzar a rescatarlos al precio de mercado. Algunos cotizan al 100% del nominal, pero otros sólo a la mitad.

El Gobierno de Duhalde ha postergado muchas decisiones esenciales para la economía, que deberá adoptar su sucesor. El nuevo presidente deberá definir un régimen monetario y cambiario. Todos los candidatos prometen sostener el actual tipo de cambio flotante. Hasta el ex presidente Carlos Menem descartó su idea de dolarizar. El plan de emisión monetaria sólo podrá resolverse una vez que la Corte Suprema de Justicia falle sobre la congelación y pesificación de los depósitos a plazo en dólares, que dispuso Duhalde.

El Gobierno de transición eliminó el corralito sobre las cuentas a la vista y está ofreciendo a los ahorradores una salida voluntaria al corralón sobre los depósitos a plazo mediante efectivo y títulos públicos, muchos esperan que la sentencia de la Corte los recompense mejor.

Prioridades en la agenda

El futuro jefe de Estado, que gobernará hasta 2007, deberá comenzar la negociación formal con los acreedores de la deuda externa.También tendrá que solucionar la situación de las empresas privatizadas, cuyas tarifas congeló Duhalde hace 16 meses y que sufren el peso de millonarios pasivos en dólares. Un aumento de los precios no sólo resultará impopular, sino que generará inflación.

Otra medida demorada por Duhalde consiste en compensar a los bancos por la pesificación que impulsó de los créditos en dólares. Sólo después podrá iniciarse el camino de la normalización del sistema financiero y el renacimiento del crédito.