La deuda pública y el sistema fiscal

Al terminar el ejercicio de 2001, el volumen de deuda pública del Estado que existía en circulación en España era de 308.200 millones de euros. Un año más tarde, la Dirección General del Tesoro comunicó a la Comisión de Presupuestos del Congreso que al finalizar el ejercicio de 2002 aquella cifra se había elevado hasta los 311.961 millones.

A la vista de ello, puede decirse que ha vuelto a suceder algo que venía ocurriendo desde atrás. Ha continuado incrementándose el volumen de las cargas públicas de tal manera que, comparando los datos de 1995 con los de 2002, se ve cómo la deuda pública del Estado aumentó en este periodo en 82.603 millones de euros (13,7 billones de pesetas).

Entre 1995 y 2002, la deuda pública del Estado ha aumentado en 82.603 millones de euros (13,7 billones de pesetas)

La política conservadora ha hecho que la gente humilde soporte, en mayor proporción de la debida, el pago de los impuestos

De esta cantidad, la mayor parte, 55.470 millones, se destinaron a financiar los déficit de caja del Estado habidos en el periodo objeto de cotejo. El resto cubrió un amplio campo de actuaciones públicas, tan poco conocido como preciso, construido de muy distinta manera a través de operaciones llevadas a cabo, por organismos, agencias, entes o empresas cuya incidencia no siempre se tiene en cuenta para determinar el importe del déficit real.

La variedad y policromía de esta situación ha llegado a ser tan rica y diversificada que ha logrado desnaturalizar el concepto de déficit público como factor de equilibrio, haciéndole perder la utilidad que en algún momento pudo tener. Por ello, convertida ya la supresión del déficit público en un elemento de propaganda, la aproximación al rigor nos debe empujar a admitir que hay que prestarle una destacada atención a la deuda pública, a los factores que la originan y a su futura evolución. La importancia de las cifras hasta ahora enunciadas justifica el que se produzca la mutación conceptual.

Creatividad contable

A este cambio está contribuyendo un efecto no deseado, pero que viene ocurriendo. La competencia que ha surgido entre naciones, presentando cuentas públicas plenamente equilibradas, no se refleja en más consistencia y transparencia. Es más, con más frecuencia de la debida, vemos cómo se produce en la publicación de estados financieros donde se incorporan una serie de operaciones cuya finalidad no es otra que la de disfrazar el déficit público.

Por eso, actualmente, cuando se demanda claridad en las cuentas públicas tiene que darse un avance en relación con lo que actualmente se hace. Hay que conciliar la información entre los datos que sirven para medir el tamaño del déficit público y aquellos otros que cuantifican la deuda pública que el Estado mantiene. De no producirse este avance, nos encontraríamos ante la imposibilidad de aclarar por qué aumenta el volumen de deuda pública del Estado cuando se presume de que hay equilibrio presupuestario y que el déficit público ha dejado de existir.

En esta situación contradictoria nos encontramos en España. Las autoridades no informan suficientemente de la marcha de los ingresos, los gastos y de la deuda pública. Estos hechos los denunciamos quienes nos interrogamos sobre la firmeza y la sostenibilidad de las finanzas públicas, y en concreto por las razones que llevan a que el endeudamiento se incremente. Ellas, las autoridades, y los subalternos que peroran desde el PP se limitan a tratar de desacreditar cuanto decimos y a proferir una respuesta mecánica: se ha reducido la proporción entre deuda pública del Estado y el PIB. Dicen que declinando esta relación no existe razón alguna para preocuparse por cuanto viene ocurriendo. Todo lo contrario, hay que congratularse por lo que viene sucediendo.

Vaya por delante que rechazo esta respuesta. Formo parte de ese tipo de economistas que sostienen que la proporción entre deuda pública y producto interior bruto es un concepto equívoco y engañoso, al depender de la solidez y de los fundamentos que tenga la política presupuestaria. Y claro está, de algo que se oculta e ignora: de la consistencia del sistema fiscal.

Apoyo mi punto de vista en que los mismos que enfatizan la bondad que existe tras una ratio cada vez menor entre deuda pública y PIB son los que defienden el descreste fiscal sin preocuparse por averiguar si el sistema fiscal que han ido construyendo el señor Aznar y su Gobierno responde adecuadamente a las exigencias de suficiencia, elasticidad y equidad.

El desinterés de estos propagandistas por tan serias cuestiones ha llegado al extremo de ignorar displicentemente que en los últimos ejercicios se ha producido en España una nítida ralentización de la capacidad del sistema fiscal. Producto de la caída de la actividad y de las decisiones normativas que desde 1996 han venido adoptándose. Esta ralentización ha ocasionado -entre otros- un hecho de suma importancia. Las respuestas que se han obtenido, de las abundantes y persistentes medidas discrecionales adoptadas por el PP modificando el sistema tributario, no se han traducido en ampliaciones globales de las bases imponibles de las diferentes figuras tributarias. Sino todo lo contrario, tenemos ahora un sistema fiscal más estrecho, más complejo, en el que los huecos que se han abierto han ocasionado una distribución más injusta de la carga fiscal.

Por lo tanto, hay un hecho que puede sostenerse: en España el continuo experimento de la curva de Laffer no ha funcionado. Eso sí, el activismo tributario conservador ha hecho que hayamos entrado a formar parte de ese conjunto de sociedades en las que la gente humilde es la que soporta, en más proporción de la debida, el pago de los impuestos.

Ello es debido a que la gran mayoría de los contribuyentes han visto que nada se ha hecho para evitar que padezcan el efecto arrastre que los sistemas tributarios poseedores de una buena flexibilidad impositiva ocasionan en las rentas del trabajo (el fiscal drag) al negarse el PP a deflactar las tarifas del IRPF y sus mínimos exentos.

En cambio, Aznar y su partido han llevado al paroxismo los regímenes preferenciales que disfrutan las rentas y las ganancias del capital. Se han inclinado descaradamente a favor de un número reducido de contribuyentes, en los que estas modalidades de rentas adquieren un peso muy destacado. A ellos sí se les ha protegido de los efectos acumulativos que les ocasionan las tarifas progresivas (bunching effect) posibilitándoles modular la carga fiscal a través del uso abusivo y desmedido de los coeficientes reductores.

Promesas

Desde el primer momento, la política tributaria del PP dejó correr conscientemente el fiscal drag, a la vez que anulaba el bunching effect, convencidos de que cuanto más rico se sea, más conveniente es que no se paguen impuestos. Para que esto fuera posible, se estableció una notoria diferenciación social. De un lado, se configuró una capa selecta de contribuyentes a la que se favoreció mediante el alivio tributario de la carga fiscal directa. A la vez que ese grupo disfrutaba de tan favorable situación, la enorme mayoría de los ciudadanos padecían y soportaban un sistema fiscal cada vez más regresivo.

¿Qué ocurre, en este contexto, cuando aumenta el volumen de la deuda pública del Estado? De entrada, algo muy sencillo, que las cosas y las cuentas empiezan a no cuadrar. Expongámoslo.

El Gobierno del señor Aznar de muy diversas maneras les ha reducido la tributación a los acomodados y a los poderosos: a los grandes patrimonios, a los profesionales prestigiosos y a los directivos de las grandes empresas, por poner sólo algunos ejemplos. A la vez que esto ha hecho, ha prometido servicios públicos eficaces y de calidad a los miembros de una clase media cada vez más numerosa. Y a los trabajadores les ha dicho que la protección social está garantizada y que, como para los gobernantes actuales es prioritaria, cada día resultará más fortalecida.

¿Podrá cumplir el PP estas promesas? ¿Podrá llevarlas a cabo haciendo realidad su lema de menos impuestos y más seguridad? ¿Podrá hacerlo teniendo que pagar cada año más intereses como consecuencia de la mayor cantidad de deuda pública que emite? Es bastante problemático que todo esto sea posible, sobre todo cuando el crecimiento languidece y a la vez que esto ocurre se hace una política inoperante que se olvida de la recuperación del mismo. En ese momento, la proporción entre deuda pública y producto interior bruto cambiará de sentido. El día que esto ocurra, se entenderá que esta ratio es bastante falaz.

Francisco Fernández Marugán es diputado del PSOE por Badajoz