La seguridad ocupa el centro del debate electoral

Antes, mucho antes de que la guerra en Irak lo ocultase todo, la seguridad ciudadana se había convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, debido a la imparable tendencia al alza de los delitos, sostenida durante 2001, 2002 y 2003. Las medidas anunciadas por el Ejecutivo para combatir la criminalidad, la mayoría de las cuales aún no están en marcha, no han logrado frenar lo que se denomina "sensación subjetiva de inseguridad", ésa que provoca que los españoles coloquen la delincuencia entre una de sus cinco preocupaciones principales, según los sucesivos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Cada año, 25 de cada 1.000 españoles son víctimas de un delito y otros tantos padecen una falta, generalmente un pequeño robo. Por ello, todos los partidos han situado en el centro de sus programas para las elecciones del 25 de mayo diferentes medidas para combatir la criminalidad, especialmente la de poca monta, ésa que afecta más directamente a los ciudadanos.

La inseguridad ciudadana fue durante los años ochenta un asunto de la máxima preocupación, debido a que los delitos llegaron a crecer anualmente hasta un 16%. El asunto pasó a un segundo plano durante los años noventa, pero a partir de 2000 la delincuencia volvió a las primeras páginas de los periódicos. Ese año las infracciones penales (delitos más faltas) rozaron los dos millones, pero en 2001 se produjo un espectacular incremento del 10,41%, un porcentaje de subida desconocido desde los citados años ochenta.

Inicialmente, el Gobierno restó importancia al problema, pero en 2002 no tuvo más remedio que aceptar, debido a la contumacia de los datos, que la situación se le podía ir de las manos. Primero le echó la culpa a la inmigración irregular, luego a la abundancia de delincuentes multirreincidentes que nunca entraban en prisión, más tarde al significativo descenso en las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Hubo que esperar a septiembre de 2002 para que Ángel Acebes, ministro del Interior, lanzara el llamado Plan de Lucha contra la Delincuencia, gestado durante el mandato de su predecesor, Mariano Rajoy, cuyo prólogo comenzaba así: "Este plan da respuesta a una realidad que se ha venido comprobando: el incremento de las tasas de delincuencia". Las estrellas del plan eran el aumento de las ofertas de empleo para policías y guardias hasta llegar a los 20.000 nuevos efectivos en 2005, la reforma del Código Penal para endurecer las penas, los juicios rápidos (que entran en vigor el 28 de abril) y los planes de colaboración con las policías municipales.

Hecho el plan, los datos volvieron por sus fueros. Al acabar 2002, la delincuencia había vuelto a subir un 4,95% respecto a 2001 y los ciudadanos se sobresaltaban casi a diario por un rosario de crímenes muy violentos.

Pero la situación, la percepción de la seguridad ciudadana, cambia radicalmente según de qué zona se hable, de forma que en Valencia, Madrid, Baleares o Tarragona (con las mayores tasas de delincuencia) la seguridad ciudadana se ha situado en el centro del debate político, mientras que en Asturias, Lleida, Zamora o Salamanca (con índices mucho más bajos) ha pasado a segundo plano.

Baleares y Ceuta, con 55,45 y 55,73 delitos por cada 1.000 habitantes, son hoy día las ciudades donde es más fácil ser víctima de un delito. "En general, han sido las ciudades del arco mediterráneo las que han registrado los mayores índices de delincuencia, por motivos que van desde la mayor afluencia de turistas al abundante número de segundas residencias vacías", admite el Ministerio del Interior.

¿Y Madrid? La capital es caso aparte, por motivos varios. El fundamental es que, además de que casi 32 ciudadanos de cada 1.000 son víctimas de la delincuencia, se han producido crímenes de excepcional violencia (como el asesinato de dos ladrones de coches búlgaros por sicarios suramericanos que los acribillaron con un subfusil AK-47) y ha surgido una especie criminal cuya mención da miedo: el asesino en serie, el llamado asesino del Naipe, que mata de forma indiscriminada y cuando se le antoja. No se recordaba en España un homicida en serie desde el llamado asesino de ancianas de Santander, muerto posteriormente a manos de sus compañeros de presidio.

En el punto diametralmente opuesto se sitúan Lleida y Girona, donde, a tenor de los datos oficiales de Interior, el delito es casi inexistente. La primera tiene una relación de 0,29 delitos por 1.000 habitantes y la segunda, 1,56. "Esos datos no son ciertos. Lo que ocurre es que en ambas provincias se ha completado el despliegue de los Mossos d'Esquadra y no han facilitado aún los datos oficiales", alegan fuentes del ministerio. La policía sostiene que donde menos delitos hay es en Castilla. En Zamora, Palencia, Soria y Salamanca las posibilidades de ser víctima de un delito son, de media, un 700% menores que en Baleares, Ceuta, Melilla o Alicante.

Ante este panorama, la delincuencia y las medidas para combatirla se han convertido en uno de los ejes del debate político, aunque con diferente intensidad. Mientras en Baleares, Madrid o Valencia todos los candidatos inciden en exponer medidas de contención -desde creación de comisarías en las nuevas urbanizaciones que rodean las grandes ciudades hasta el reparto de tareas entre los distintos cuerpos policiales-, en las Castillas apenas se habla del asunto.

Lo curioso es que, a pesar de que la delincuencia ha invadido el debate político, los datos sobre su evolución, claves para hablar del fenómeno, se han convertido en materia de Estado. Desde 2002, el Gobierno facilita a regañadientes y parcialmente las cifras del delito, hasta el extremo de que sólo extraoficialmente la Guardia Civil conoce cómo ha ido la delincuencia en el territorio de la policía. Las últimas cifras facilitadas por Acebes sólo incluían los delitos que bajaban, lo que le permitía afirmar que la delincuencia "está descendiendo en 2003", para asombro de quienes la combaten en la calle.