La oposición acusa al PP de romper el consenso sobre las víctimas del terrorismo

El PP se quedó ayer sólo en el Parlamento y tuvo que soportar el reproche de los restantes grupos parlamentarios, que le acusaron de "romper el consenso" existente sobre el reconocimiento de las víctimas del terrorismo al votar en contra de una propuesta de CiU e IU, apoyada por los restantes grupos, para reconocer e indemnizar a las víctimas del final de la dictadura y de la transición democrática.

La propuesta, apoyada por toda la oposición, pretendía extender los beneficios de la Ley de Víctimas del Terrorismo a decenas de personas, la mayoría de ellas manifestantes en reclamación de las libertades y derechos democráticos, que perdieron la vida o sufrieron lesiones, en muchos casos por las Fuerzas de Orden Público predemocráticas. Desde la tribuna, Ramón Jáuregui, del PSOE; Felipe Alcaraz, de IU, y Margarita Uria, del PNV, recordaron a los seis obreros muertos por la policía al salir de la catedral de Vitoria el 3 de marzo de 1976; a los tres obreros de la construcción muertos tras una carga policial en Granada en 1970; a los trabajadores de los astilleros de Ferrol, muertos en una manifestación en 1971; a los de Madrid, Basauri, Tarragona, Lleida...

La Ley de Víctimas del Terrorismo ciñe su campo de actuación, como su nombre indica, a las víctimas del terrorismo, fueran de ETA, GRAPO o GAL, desde el 1 de enero de 1968. Pero durante su tramitación, recordó Margarita Uría que los grupos parlamentarios se comprometieron a ampliar sus beneficios -reconocimiento moral e indemnización a sus familiares- a los casos de personas que sin ser víctimas de una banda terrorista lo fueron de la dictadura o sus secuelas en la transición democrática.

Uría recordó también cómo dos sentencias recientes de la Audiencia Nacional han extendido los beneficios de la ley a las víctimas de presuntas actuaciones policiales en sendas manifestaciones en Santurce, en julio de 1976, y en Renteria, en mayo de 1977.

Transición generosa

Jáuregui, tras recordar la matanza de Vitoria, dijo que la transición democrática en España había sido "generosa" para lograr "la reconciliación nacional", pese a "la bestialidad del régimen franquista". "La democracia española no pidió responsabilidades políticas por estos sucesos. Tampoco la pido ahora. Pero la generosidad no está reñida con la Justicia porque si no estamos olvidando demasiado".

Felipe Alcaraz, de IU, insistió en que "la democracia no puede dejar tiradas a unas víctimas que dejaron la vida por todos".

Manuel Atencia, del PP, se escudó en motivos burocráticos para rechazar una propuesta que teme que se interprete como una censura al comportamiento de algunos sectores de la policía predemocrática. "Las víctimas ya están reconocidas y el texto abre inseguridad jurídica", dijo.