La Generalitat sanciona a BTV por emitir fuera del término municipal de Barcelona

La Generalitat de Cataluña ha sancionado a la televisión municipal de Barcelona, BTV, con una multa de 420.708 euros por poner en marcha un canal que permite la llegada de la señal a la comarca vecina del Vallès y que interfiere con otras emisoras. Los responsables de BTV consideran que se les aplica un trato discriminatorio respecto a los canales privados locales que emiten, desde hace más tiempo y con mayor cobertura, fuera de Barcelona. La sanción incluye el precinto de la emisora, aunque la Generalitat matizó ayer que se refiere sólo al canal 53, objeto del expediente sancionador.

La resolución sancionadora, que no se aplicará hasta que finalicen los plazos para presentar recurso, desató ayer una tormenta política en Barcelona ya que, además de la multa, en la misma se indicaba literalmente "el precinto de los equipos y aparatos que integran las instalaciones de la emisora". Los responsables de BTV calificaron la sanción de desproporcionada y "atentado a la libertad de expresión". Anunciaron que han presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que también recurrirán por el procedimiento administrativo común.

Ante el cariz de los acontecimientos, el secretario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Jordi Alvinyà, que firma la sanción, convocó una rueda de prensa para explicar que esta resolución "en ningún caso supone el cierre de BTV", sino que se refiere sólo al canal 53 de la UHF, desde el que la emisora municipal emite en Collserola en el ámbito territorial del Vallés. Alvinyà afirmó que este canal también lo utiliza Antena 3 para sus emisiones en la misma zona, por lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología había informado de que se producían interferencias, lo cual fue confirmado por el operador. Este hecho, y la puesta en marcha de estas emisiones sin autorización previa, motivaron el requerimiento al canal municipal para que paralizara estas emisiones. Finalmente, en octubre se puso en marcha un expediente que se ha resuelto ahora con esta sanción, considerada muy alta y sin antecedentes por los responsables de BTV, quienes reconocieron: "De momento tenemos que atenernos a lo que dice estrictamente la resolución, es decir, el cierre de la emisora".

Ausencia de quejas

El director de BTV, Joan Tapia, negó ayer en conferencia de prensa que desde su emisora hubieran recibido ninguna queja de Antena 3 por la interferencia de sus emisiones. "Es más, los dos utilizamos el mismo operador, Retevisión, y es muy raro que nos conceda un canal en el que hay interferencias con una televisión más potente", indicó. Tapia justificó la puesta en marcha de este canal porque había algunos barrios de Barcelona -como Les Planes y zonas de Collserola- a los que no les llegaba la señal de BTV. Tapia admitió que consideraba lógico que su cobertura fuera el área metropolitana, ya que hay mucha gente que vive o trabaja fuera de Barcelona.

"Tenemos derecho a que no se discrimine a unos operadores en relación con los otros", añadió Tapia. "La ley se aplica con mucha flexibilidad en las televisiones locales privadas, y nos parece bien porque es muy difícil aplicar una ley con rigor cuando no hay reglamento que la desarrolle, pero tiene que aplicarse el mismo rasero a las televisiones públicas". Las televisiones locales privadas como Citytv, Flash TV o Radio Teletaxi emiten, algunas desde mucho antes de que BTV lanzara el canal 39, en un radio de acción que alcanza incluso a Vic y en general pueden verse en toda el área metropolitana. Alvinyà afirmó ayer que se habían abierto expedientes a otras televisiones locales, pero no quiso indicar a cuáles, ni tampoco qué administración lo había hecho ya que el Ministerio de Ciencia y Tecnología también tiene competencias en estos casos. "No es conveniente explicarlo hasta que haya acabado el trámite del expediente informativo, que puede estar listo en las próximas semanas", indicó Alvinyà. "Si una televisión local quiere mejorar su emisión, tiene que pedir autorización, pero lo que no puede hacer una Administración pública es actuar por las bravas, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona".La decisión del Ejecutivo catalán provocó ayer disparidad de reacciones entre los partidos políticos. Mientras Convergència i Unió (CiU) consideró legal la medida y acusó al equipo de gobierno municipal de Barcelona de "intentar confundir a los ciudadados", los grupos parlamentarios de la izquierda coincidieron en calificar de "arbitrario" y "discriminatorio" el trato de la Generalitat hacia BTV.

Los socialistas e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) se mostraron más enérgicos en sus acusaciones y opinaron que la medida era "arbitraria, opaca y sectaria", y tendente a "silenciar una voz plural del mundo local", manifestó el primer secretario del PSC, José Montilla. Ambos partidos pidieron explicaciones parlamentarias y la dimisión del secretario de Telecomunicaciones, Jordi Alvinyà, quien firma la resolución contra BTV.

El líder socialista, Pasqual Maragall, declaró que la voluntad del Gobierno de CiU de precintar la emisora evidencia la existencia "dentro de la Generalitat de un aparato que se dedica a influir sobre la realidad, más que arreglarla" y que "lleva las cuestiones que influyen sobre la formación de la opinión pública como encuestas, licencias y frecuencias".

El presidente de ICV, Joan Saura, lamentó por su parte que dentro del Gobierno catalán "haya personas que obstaculicen a medios como BTV que han sido un ejemplo por su tratamiento de las movilizaciones contra la guerra". Jordi Portabella, concejal del Ayuntamiento por Esquerra Republicana, abogó por que BTV pueda emitir en toda la "Barcelona metropolitana" y defendió una ordenación del sector televisivo y un cambio de la normativa legal sobre las emisoras locales. En cambio, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, se mostró muy cauto en sus declaraciones y apuntó que, en principio, la medida le parecía legal. El grupo municipal de CiU consideró que BTV tiene que "cumplir la ley para no perjudicar los derechos legítimos de otros operadores".

El Ayuntamiento de Barcelona, propietario de la emisora, también hizo público un comunicado en el que pide la inmediata retirada de las sanciones y considera que esta resolución "demuestra que la normativa vigente es obsoleta, ineficaz y no sirve para regular el sector", por lo que hay que adaptar la legislación "a la realidad tecnológica, institucional y urbana".

Los comunicados de protesta contra la Generalitat llegaron también desde colectivos periodísticos y sindicales. El Sindicato de Periodistas de Cataluña consideró un "atentado a la libertad de expresión" el cierre de un medio de comunicación y recordó la "alegalidad" de las emisiones de TV-3 en Baleares y en Valencia. El Grupo Lladó de periodistas acusó a la Generalitat de "restringir sectariamente la libertad de expresión" y de "utilizar de forma partidista las normativas reguladoras".

Montserrat Minobis, decana del Colegio de Periodistas, en donde se celebró la conferencia de prensa de BTV, indicó que esta entidad se ha ofrecido como mediadora en el conflicto. "El cierre de un medio de comunicación es siempre un atentado a la libertad de información, sean cuales sean las causas", indicó Minobis.