La batalla de Rio Grande

La Administración, las universidades, incluso los cajeros automáticos; gran parte de la vida en el Estado brasileño de Rio Grande do Sul está controlada por programas informáticos libremente modificados y copiados. Este uso abierto ha sido aprobado por ley, con la oposición de empresas como Microsoft, que creen que la elección del software debe ser libre, y nunca una opción política. Marcelo D'Elia, uno de los impulsores del proyecto, replica que la ley está permitiendo crear una industria informática brasileña libre.

El Gobierno del estado ha dejado de comprar programas informáticos para equipar todos sus departamentos con aplicaciones 'abiertas'

"La industria informática del Tercer Mundo, y de Europa, no tiene nada que ganar con 'software' propietario", dice D'Elia

Marcelo D'Elia considera como un "crimen" que un Gobierno compre 'software' disponible 'en abierto'

Cuando alguno de los 3,5 millones de clientes de Banrisul, el banco estatal de Rio Grande do Sul, saca dinero del cajero automático, un pequeño pingüino le saluda en la pantalla. Es Tux, el símbolo de Linux, el sistema operativo abierto que utilizan los sistemas informáticos del banco. Miles de empresas y organismos públicos en todo el mundo también lo hacen. La peculiaridad es que, en diciembre pasado, el Gobierno de esta región brasileña aprobó una ley por la que deja de comprar programas comerciales para equipar todos sus departamentos y agencias con software abierto, que puede ser libremente modificado y copiado por quién y cómo quiera.

No fue una decisión caprichosa, dice Marcelo D'Elia Branco, el coordinador del Projeto Software Livre RS y una de las personalidades más importantes de este movimiento. En Brasil, explica, el 40% de los habitantes no tiene conexión telefónica, y menos del 5% accede a Internet. Para solucionar el problema hay que animar el desarrollo de la industria informática. Pero ésta mueve en Brasil 3.000 millones de dólares al año, de los cuales casi mil viajan a Estados Unidos. Es el dinero que, explica, se gasta su país en pagar las licencias de uso de productos de software, la mayoría, fabricados por empresas estadounidenses. Por eso, dice, "cuanto más difundimos el uso de ordenadores con una tecnología ajena, más aumentamos la distancia entre el conocimiento tecnológico del norte y del sur de América".

Actualización tecnológica

Hay más problemas. En un país donde 43 millones de personas viven con menos de un dólar al día, el software es un lujo. El 56% de las aplicaciones informáticas son pirateadas, mientras que muchas otras están desfasadas, ya que las empresas brasileñas no pueden seguir el ritmo de actualización tecnológica de las compañías del Primer Mundo. La conclusión, para D'Elia Branco, es simple: "La industria informática de los países del Tercer Mundo, y de Europa, no tiene nada que ganar trabajando con software propietario".

La teoría se convirtió en práctica cuando, en diciembre pasado, el Estado de Rio Grande do Sul -cuya capital es Porto Alegre- decidió aprobar una ley para que los organismos estatales utilicen software libre. ¿Qué es exactamente un programa abierto? Mientras las aplicaciones comerciales sólo ofrecen a sus clientes el derecho a utilizar sus productos, el movimiento abierto defiende que los programas informáticos sean libremente copiados, modificados y distribuidos. Limitado durante años al ámbito universitario, la popularidad de Linux ha provocado que estos programas luchen ya de igual a igual con los propietarios. El pasado año, la implantación de programas libres creció 10 veces más que la de los comerciales.

Escuelas y cajeros

Los organismos públicos de Rio Grande do Sul ya utilizan programas abiertos. Banrisul no sólo ha cambiado sus cajeros; los puestos de trabajo de la entidad están equipados con Linux y OpenOffice, que han sustituido a Windows y Office, productos de Microsoft. La Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que tiene 3.000 alumnos, corre totalmente en software libre: 200 PC, 57 servidores, la enseñanza a distancia, las matrículas... También hay un proyecto en marcha para la implantación de estos programas en 5.000 escuelas estatales. Y se está extendiendo. El Projeto ha formado a 600.000 jóvenes de São Paulo en estas aplicaciones.

"Lo que queremos es que, al final, los ciudadanos accedan a la sociedad de la información, y las empresas utilizen tecnologías de la información, y que todos estos recursos se inviertan en crear una industria local". Según D'Elia Branco, ya hay cien empresas en el país que viven de este negocio.

Los fabricantes de software comercial, agrupados en un lobby denominado Iniciativa para la Elección del Software, tratan de evitar que esta política se extienda por el resto del mundo. Decretar por ley la elección de un tipo de software, dicen, atenta contra la competencia. Los gobiernos deberían decidir qué tipo de programas quieren utilizar por su calidad, no por el grado de apertura de su código. D'Elia discrepa. "Los gobiernos tienen el derecho de escoger qué es mejor para su país. Es más, manejan presupuestos públicos, así que decidir cómo gastan el dinero de los contribuyentes no es su derecho, es su obligación. Es un crimen que el Gobierno compre software de código cerrado si hay una opción que funciona exactamente igual y es libre". Además del precio, si las aplicaciones son abiertas, explica D'Elia, "puedes decidir los cambios que quieres que se realicen, tienes posibilidades de revisar el código, sabes que nadie lo va a dejar de fabricar porque es tuyo... Así que no estamos impidiendo la competencia; al contrario, estamos impidiendo el monopolio". Parlamentos y gobiernos de toda Europa ya discuten la posibilidad de implantar esta política. ¿Qué futuro tienen, entonces, las compañías comerciales? "Microsoft puede abrir su código y competir en las mismas circunstancias que todos los demás", concluye D'elia.