El alto precio de colaborar con la ley

Jorge tiene razones para pensar que fue una mala decisión colaborar con la justicia aquel 3 de agosto de 2000. Aquella fue una decisión firme que sorprendió al juez y a la policía. "Quiso darse una segunda oportunidad", comenta su abogado, "emprendió un camino sin retorno". Detenido por un asunto de drogas, Jorge decidió ponerse del lado de la ley. Le prometieron los beneficios correspondientes. Gracias a su información, a su prodigiosa memoria, a los numerosos detalles que aportó, fueron detenidos 70 presuntos narcotraficantes y encontrados numerosos alijos de droga.

Tirando de ese hilo, el juez Miguel Ángel López Marchena puso en marcha las principales operaciones contra el narcotráfico en Cádiz: la Operación Semilla y la Operación Manzanilla se resolvieron con un total de 160 detenidos. Después de haber pasado por cuatro cárceles por estar amenazado de muerte, Jorge vive ahora oculto en algún lugar de Andalucía: no puede salir de casa por miedo a que acaben con su vida. No puede trabajar. No puede hacer nada. Le prometieron una nueva identidad, protección policial y ayuda económica. Estuvo más tiempo en la cárcel del necesario (dos años y tres meses) a la espera de esas medidas: en febrero le soltaron a la calle con su identidad real. Otro arrepentido, Pablo, está en la misma situación. Estas experiencias ponen de manifiesto unas graves carencias de la justicia en la lucha contra las mafias. El fiscal antidroga, Javier Zaragoza, reconoce que "no hay programas de protección de testigos en España. La regulación en esta materia es incompleta, insuficiente e inadecuada, cuando es de vital importancia para luchar contra fenómenos como el narcotráfico, el terrorismo o la delincuencia organizada y así lo solicitan todas las iniciativas legislativas que vienen de la Unión Europea".

Estuvo en cuatro cárceles con otra identidad: pusieron precio a su cabeza

Jorge vive ahora oculto en algún lugar de Andalucía: no puede salir de casa

Jorge y Pablo trabajaron desde la cárcel con la policía y el juez. Policías que intervinieron en las investigaciones recuerdan la prodigiosa memoria de Jorge. En aquellas navidades de 2000, Jorge diseñó desde la cárcel algunas de las actuaciones que debería seguir la policía para coger in fraganti a algunos narcotraficantes. "Sabía las horas de entrega, los lugares y los procedimientos", recuerda uno de los investigadores. "Lo excepcional era la precisión de sus informaciones. Algunas madrugadas nos acompañó en coche para indicarnos el lugar exacto donde se escondía droga en algunas localidades. Nos señalaba almacenes ocultos, nos daba nombres y alias de gente relacionada con ese almacén. No teníamos más que contar con la orden del juez y volver a la mañana siguiente para dar un buen golpe. Era evidente que se trataba de un hombre muy bien relacionado en esas redes, conocía a mucha gente".

Amenaza de muerte

La vida de Jorge comenzó a complicarse a medida que los éxitos policiales avanzaban. Tuvo que cambiar de cárcel cuando fue identificado por el hermano de uno de los cabecillas detenidos por su causa y recibió una amenaza de muerte: pusieron precio a su cabeza, 40 millones. Se le cambió de identidad, se le cambió de prisión y eso le obligó a llevar una vida separada de otros reclusos por su seguridad: no podía desempeñar trabajos en la cárcel que le facilitasen algún medio económico. No podía visitar más lugares que la biblioteca o el gimnasio. Y siempre muy vigilado. Así viajó por cuatro cárceles en distintos puntos de España. En ocasiones se le trasladaba a una cárcel cercana al lugar donde la policía efectuaría una operación, precisamente porque sus informaciones eran siempre muy precisas y era necesaria su presencia.

Sin embargo, la pesadilla de Jorge y también de Pablo no había hecho más que comenzar. Su estancia en la cárcel se alargaba más que la de otros imputados. "Decían que en la cárcel estaría más seguro en tanto no llegaran las medidas de protección", comenta su abogado. En octubre de 2002, el juez Miguel Ángel López Marchena dicta un auto y acuerda que se le asigne una nueva identidad "en tanto se celebre el juicio", "medios económicos que aseguren su subsistencia, vivienda y trabajo" y una "escolta permanente que garantice su seguridad". Pero Jorge sigue en la cárcel a la espera de que esas medidas sean efectivas.

Un buen día le llevan a Madrid para tomarle huellas: le dicen que es para un nuevo carné de identidad. Pero no vuelve a saber nada más. Como quiera que el proceso se reparte en varias piezas por diferentes juzgados, su caso llega a la Audiencia Nacional, al número 5, donde Baltasar Garzón le pone en libertad el pasado 18 de febrero. Ante la sorpresa de los abogados, los arrepentidos son puestos en libertad sin protección y sin una nueva identidad.

Tienen que volver a casa, pero ¿en qué condiciones? Jorge había recibido tratamiento psicológico en la cárcel: empezaba a sufrir problemas de angustia. Pablo ni siquiera tenía derecho al paro porque en la cárcel trabajó con otra identidad. Juan Luis Serrano, abogado de Pablo, ha solicitado el amparo del Constitucional. Fernando Valencia, abogado de Jorge, logró que Garzón, semanas después, dictara un auto y una providencia reclamando las medidas de protección ya diseñadas en su día. Pero la vida de Jorge es dura: no tiene medios para cambiar de ciudad, no puede salir a la calle con su identidad real.

Jorge espera que el auto de Garzón tenga algún éxito. Viene a solicitar lo mismo que en su día dictó otro juez, Miguel Ángel López Marchena. Dos autos a su favor que siguen sin cumplirse. Todo un récord. Buena parte de los 70 presuntos delincuentes que directamente ayudó a meter entre rejas disfrutan de libertad desde hace tiempo. Pero una libertad real. No como la suya, encerrado en su casa. "Me arrepiento de haber sido un arrepentido", se lamentó ante un periodista. "De haberse callado, la organización se habría ocupado de mantener a su familia y de procurarle una vida cómoda", reconoce la policía. "Un caso lamentable: buscar arrepentidos va a ser ahora más difícil".