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Reportaje:

Un mar con posibilidades

La desalación de agua reduce sus costes y gana terreno para paliar déficits en zonas costeras

Sara Velert

Las desaladoras ganan terreno, despacio pero con paso firme. Mientras el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y el trasvase del Ebro siguen envueltos en la polémica, la desalación avanza con mejoras tecnológicas, lo que permite reducir el coste del agua, que en los últimos concursos internacionales se sitúa en 0,41 euros por metro cúbico, frente a los, por ejemplo, 0,63 euros con que se abrió la planta de Palma de Mallorca en 1999. El agua potable ganada al mar sigue siendo bastante más cara que la extraída de ríos y pozos, pero empieza a convertirse en un remedio rentable -ineludible en Baleares o Canarias- si se trata de solucionar el déficit en zonas costeras. Xàbia ya tiene su desaladora, Dénia debate si construye la suya, y en Alicante se abre una en mayo. Otras plantas están en estudio, y dos, en Benidorm y Rincón de León (Alicante), previstas para desalar agua depurada para el campo.

La Mancomunidad del Taibilla contará con 80 hectómetros cúbicos anuales
"Mezclando el agua de los acuíferos con la desalada se evita la sobreexplotación"

La planta de Xàbia se abrió en la primavera de 2002, con una capacidad diaria de 27.000 metros cúbicos, ampliables a 6.800 adicionales. La factura de los vecinos, tras una inversión sin ayuda pública de 24 millones de euros, se ha doblado, admite el concejal de Aguas, Enrique Bas, que contrapone a la subida que "antes se pagaba agua salada, actualmente es de una calidad óptima, y además los precios, que ahora son comparables a los de Dénia o Calp, no se revisaban desde hace muchos años". Bas aclara que el 36% de las tarifas se destina a un ambicioso plan de renovación de la red de conducciones (360 kilómetros), con una inversión de 60 millones de euros. Una vez concluido, la factura, que ha causado protestas entre los vecinos y la oposición, puede rebajarse. Bas explica también que los usuarios, aparte del agua que consumen, pagan una cuota fija de 21,06 euros al bimestre (antes era de 9,39), que se reduce en función del producto desalado que se pide a la planta. Así, en los recibos actuales el Ayuntamiento descuenta seis euros porque ha mejorado la reserva subterránea y se necesita menos producto desalado. Tras "un análisis más pausado", el municipio busca nuevas rebajas en los precios (para el consumo medio 0,51 euros por metro cúbico frente a los 0,29 sin desalación) y renegocia el plazo de amortización de la planta, que gestiona Pridesa, y los créditos pedidos. Y está pendiente de conseguir 600 millones de pesetas del Ministerio de Medio Ambiente, una aportación que no llegó de la Unión Europea, como esperaba. "El sacrificio económico es importante, pero tras cinco años de penurias en verano hemos resuelto el problema, el año pasado fuimos el único municipio de la zona con agua potable siempre", recalca Vicente Arribas, director gerente de la empresa municipal. Bas añade que es necesaria una "política de agua para la comarca" que aproveche todos los recursos: "Mezclando el agua de los acuíferos con la desalada se puede abaratar el precio y evitar la sobreexplotación".

En Alicante tampoco esperan al Ebro. La desaladora que ya se licitó en 1996 y que adjudicó el Ministerio de Medio Ambiente en abril de 2000 -por 33,6 millones de euros para una explotación de 15 años por parte de una UTE encabezada por Necso y Ferrovial- entrará en pruebas en mayo. El agua desalada, 50.000 metros cúbicos diarios, se entregará a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que abastece a 42 localidades de Murcia y a 32 de Alicante, incluidas la capital de la provincia, Elche, Santa Pola y Sant Vicent del Raspeig, recuerda el presidente de la entidad, Isidoro Carrillo. La tarifa fijada al firmarse el contrato fue de 0,60 euros el metro cúbico, pero al financiar los fondos de cohesión el 85% de la planta, el precio se reducirá a 0,45 euros. Ello implicará una subida del agua en alta del 20% al 25% hasta situarse en 0,30 euros, que las empresas municipales repercutirán en función de su política tarifaria. A los 18 hectómetros cúbicos anuales de Alicante se sumarán a final de 2003 unos 24 de la desaladora murciana de San Pedro del Pinatar, y una parte de los 57 hectómetros cúbicos de la planta prevista en Mazarrón. La Mancomunidad estudia otra planta en Alicante, con lo que llegará a contar con un total de 80 hectómetros cúbicos de los 205 que distribuye. Su déficit actual, que obliga a comprar agua al Júcar, es de 35 hectómetros anuales.

El coste de la desalación, entre ellos el energético, baja, existe financiación europea, la técnica permite dar agua de gran calidad -claramente mejor que la del Ebro- y se facilita la reutilización porque la salinidad del producto es inferior a la de los recursos actuales. Son algunas de las ventajas que apunta la Fundación Nueva Cultura del Agua, opuesta al PHN, para insistir en que no se minimice la contribución de estos recursos, que deben complementar una política de eficiencia y reutilización. En sus análisis, la fundación explica que el coste medio del agua trasvasada al sur de Tous ya alcanzaba los 0,38 euros el metro cúbico, según datos de 1999 elaborados para el PHN, que, no obstante, sostiene un precio unitario de 0,32 euros que muchos especialistas ven ficticio. Actualizadas las cifras con el coste de la vida, el precio se situaría ahora, con el trasvase sin comenzar, en 0,42 euros el metro cúbico al sur de Tous. La desalación, mientras, ronda ya los 0,41 euros, según datos de la fundación.

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Con el perfeccionamiento de la tecnología de las membranas para desalar por ósmosis inversa y de la recuperación de energía, la factura del agua desalada seguirá descendiendo, mientras el trasvase incrementará su presupuesto "a lo largo de la maduración del proyecto". Así, la desalación abre nuevas posibilidades para suministrar agua a Alicante y Murcia y liberar recursos naturales para la agricultura. En un horizonte de cinco años, se podrían sustituir 125 hectómetros cúbicos anuales en la Mancomunidad del Taibilla, y a medio plazo ampliarse el sistema para el suministro agrario con un agua de mayor calidad, garantía y rapidez que el trasvase, concluye la fundación.

Menor impacto ambiental

La desalación "no puede ser una solución general, pero debe resolver con rapidez problemas en zonas costeras donde se necesite agua de calidad y se puede costear", afirma Daniel Prats, director del Instituto de Aguas y Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante. Prats destaca que "este agua tiene una calidad garantizada", que puede "compensar" el coste adicional de su producción, y señala que se ha reducido "bastante" el consumo energético de las plantas y "se ha avanzado en la minimización del impacto de las salmueras" -agua de mar concentrada que resulta del proceso-, un problema que ha retrasado algunas plantas.

Al respecto, José Luis Sánchez Lizaso, biólogo marino y profesor del departamento de Ciencias Ambientales, cita el estudio en el que ha participado la Universidad, entre otras instituciones, para aclarar el impacto de la salmuera sobre las praderas de Poseidonia, "muy sensibles a incrementos de salinidad". El estudio propone mecanismos de dilución del vertido, con boquillas difusoras que eviten una concentración, la distancia a que debe realizarse etc. Sánchez Lizaso recuerda el caso de la planta de Xàbia, en el que su departamento recomendó cambiar la zona del vertido para llevarlo, diluido, al Canal de la Fontana, que ha recuperado la renovación de oxígeno y ha eliminado los malos olores. "En otros casos puede ser más complicado y habrá que analizar las posibilidades del vertido antes de colocar una planta", añade.

En cuanto al consumo energético, un coste importante de las desaladoras, la Fundación Nueva Cultura del Agua destaca que ronda ahora los 3kw/h por metro cúbico, que se están reduciendo con la nueva generación de recuperadores de energía que permiten usar una parte en las mismas plantas.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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