LRAU y patologías tecnocráticas

Al parecer Gerardo Roger, ex Director General de Urbanismo de la Generalidad Valenciana, alude a una colaboración mía en nuestro común diario. No me cita de modo expreso, de aquí la cautela. Yo a él, por el contrario, sí. Confío que en beneficio de los lectores y de la opinión, como debe ser en un medio de expresión de acreditada liberalidad.

Soy de aquellos que ha intentado siempre no compartir el divorcio entre pensamiento y práctica. Esto es, un progresista trasnochado, al decir de los provisionales vencedores del mercado y de la política. Más aún, me cuento entre quienes desconfían de la técnica frente a la razón, pues es esta última la que debe inspirar y dirigir a la primera. Al menos en esto, creo, consistía el pensamiento progresista.

Los datos del oligopolio del suelo sin competencia los acreditan, con nombres propios, mayores y menores, que Roger, y todos, conocemos. La artimaña de revestirse de tecnócrata es antigua. Tanto, que en francés el adjetivo profesional tiene connotaciones que se acercan a un oficio viejo. Todos hemos sido profesionales alguna vez, y, por consiguiente, a nadie debiera escandalizar. Estar a un lado, o al otro, de la mesa, suele ser circunstancial. Justificarlo, en nombre de los principios, es harina de otro costal. Esto es, repicar del lado de los que constituyen al amparo de la LRAU oligopolios sin competencia, y a la vez proclamar las virtudes miríficas de una ley que exige su revisión.

La propiedad atomizada ha creado problemas dramáticos en la producción de la ciudad. El agente urbanizador, los ha agravado. Y la consecuencia la pagamos todos, esto es los usuarios de la ciudad, porque los costes, como también es bien sabido, se trasladan al final del trayecto, por ejemplo en el coste de la vivienda. Culpabilizar a los ayuntamientos es un recurso tan banal que sólo permite recordar a los reaccionarios. Es decir, poco o nada original. Por eso, la llamada a la prudencia sólo puedo entenderla como llegada de alguien que desde la barbacana tecnocrática, se atreve a amenazar, conocedor de la doble posición en la que algunos no nos hemos situado jamás.

La hojarasca de citas propias no contribuye al debate, que por mi parte ha concluido. Se constatan unos hechos, y unas consecuencias, que conoce la ciudadanía: los propietarios, los usuarios que, insisto, somos todos. Y en nada debe apenarnos que una buena intención se haya convertido en perversión, salvo la oportunidad razonable de corregir. A tiempo estamos de rectificar. Más que apostar por un sostenella y no enmendalla a que tan proclive se muestran algunos, no precisamente progresistas.

El divorcio entre la planificación urbana, la producción de la ciudad en términos de diseño, arquitectónico o jurídico, y la economía son proverbiales. Y sin embargo, atender a la economía, en definitiva a la sociedad, debiera ser tarea prioritaria. Preceptos y dibujos apenas nada son sin el apoyo de la economía real, y ésta apenas una referencia melancólica si no atiende a las necesidades sociales.

Ignorar las consecuencias económicas de una norma, o confiar en la bondad de los administradores de la misma, es patología rayana en la inconsecuencia. La perdurabilidad normativa debería ser la guía para juzgar la bondad de las leyes. Un amigo, catedrático de Derecho Civil, me ha recordado siempre que el Código Civil ha durado un siglo porque atendía a las circunstancias reales, y aun cambiantes, de una sociedad.

Decía Krugman, a propósito de la guerra que nos abruma, que si era necesaria una explosión de gasto para reanimar la economía norteamericana, mejor una explosión de gasto social, en escuelas, en sanidad, que no en bombas y misiles. Y mutatis mutandis, si necesitamos instrumentos para afrontar una explosión urbana, recurramos a la complicidad de todos los agentes sociales, sin encastillarnos en elementos que han demostrado el rechazo social y la conflictividad creciente entre todos los agentes que intervienen en el proceso de creación de la ciudad.

Por cierto el PGOU de Valencia, de 1988, no contenía las maldades que se le atribuyen. Al menos, no me constan, y tuve alguna cosa que ver con el mismo, incluida mi decisión de abandonar responsabilidades que me habían sido conferidas por un mandato popular, y no por una designación. Tal vez la gestión de la LRAU, de la mano de los profesionales, haya conducido a conclusiones, y realizaciones, inimaginables desde mi trasnochada perspectiva.

En fin, ahora me ocupo de otros menesteres. Desde el mismo compromiso, público, con que ejercí profesión y ocupaciones públicas. Y desde el mismo compromiso con la ciudad, con la nuestra, y con todas. Oligopolio sin competencia, y por tanto amenaza sobre la producción de la ciudad, de la vivienda, que nada tiene que ver con las buenas intenciones que sin duda alguna constituyeron los fundamentos de la LRAU, que esto está fuera de discusión. Y en otro ámbito, se pueden discutir los elementos "técnicos", por supuesto para nada neutrales, que "profesionales" los hay, y algunos sin dogmas.

Ricard Pérez Casado es diputado socialista por Valencia.