La Fiscalía cree que la cesión de datos personales de los 'ertzainas' a la consejería puede vulnerar sus derechos
La Fiscalía considera que la cesión por los ertzainas de determinados datos privados al Departamento de Interior puede "llegar a vulnerar un derecho tan importante como la intimidad de los agentes", con el añadido que eso tendría "en este territorio, por estar tan ligado [ese derecho] a la seguridad personal" de los agentes por la existencia de ETA.
La Fiscalía se sumó ayer en la vista oral celebrada en el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Bilbao a la posición de los letrados del sindicato independiente Erne y de ELA y pidió que se mantenga la suspensión cautelar de una orden de la Inspección General (unidad disciplinaria) de la Ertzaintza. La orden solicitaba a todos los agentes determinados datos privados (domicilio, nombres de los padres, etcétera) para renovar sus carnés profesionales y hacer la revista de armas.
La orden, de 5 de marzo, fijaba cinco fechas entre marzo y mayo para que todos los ertzainas entregasen una fotocopia de su DNI y cumplimentaran, además, una tarjeta adicional con datos personales. El hecho de que datos privados de más de 6.000 agentes acabaran en manos de ETA -como se comprobó tras la detención de José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, en 2001- ha puesto en guardia a los sindicatos policiales.
El recurso inicial de Erne fue admitido por el citado juzgado de lo Contencioso, que resolvió paralizar la orden de Interior de manera cautelar e incluso sin haber oído a la Administración.
La juez entendió que "la entrega de datos personales (...) difícilmente se podría reparar" después en caso de que la sentencia fuese favorable a la central recurrente. En la vista de ayer, la fiscal también tildó de "daño irreparable" si finalmente se da la razón al sindicato y defendió, al igual que las centrales -ELA se sumó después a la reclamación- que la suspensión no suponía ningún perjuicio público ni para terceros.
La Fiscalía se opuso en la vista a todos los argumentos del abogado de Interior, quien estimó "inaudito que la Administración no pueda conocer los datos de sus funcionarios" para actualizarlos.
