Los disidentes de Cuba acuden hoy a juicio sin ver a su abogado
Los 78 encarcelados afrontan duras penas de cárcel
Los 78 disidentes detenidos en Cuba a finales de marzo serán sometidos a juicios sumarísimos a partir de hoy, acusados de cometer delitos "contra la seguridad del Estado". Los fiscales piden para 10 de ellos condenas de cadena perpetua y penas de 12 a 30 años de cárcel para el resto. Fuentes de la oposición criticaron que, hasta ayer, la mayoría de los encausados no habían podido ver a sus abogados de oficio.
Los disidentes serán llevados a juicio agrupados en diversas causas, la mayoría instruidas alrededor de la Ley 88, de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (promulgada en 1999 pero nunca aplicada) que establece severas sanciones para aquellos que "apoyen, faciliten o colaboren con los propósitos de la ley Helms-Burton, el bloqueo, la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras medidas similares encaminadas a menoscabar la independencia, integridad y soberanía del Estado cubano".
"No puedo ocultar mi sorpresa por la dureza de las sanciones que se piden, y tampoco por la celebración de estos juicios sumarísimos", dijo Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Sánchez informó de que el periodista Raúl Rivero se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel, mientras que la condena solicitada para Héctor Palacios y la ex prisionera política Martha Beatriz Roque es de cadena perpetua.
Se desconoce si la prensa extranjera tendrá acceso a los juicios. El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, afirmó que existían "pruebas" suficientes para procesarlos.
Por otro lado, menos de 24 horas después de que un pirata aéreo cubano secuestrase un avión y lo desviase a Florida, un grupo de personas armadas con tres pistolas secuestró ayer una lancha para llegar a EE UU. Las autoridades cubanas informaron de que a bordo hay 50 personas, entre ellas seis u ocho niños, que navegan a la deriva sin combustible a 30 millas de la costa habanera, en aguas internacionales. Exigen carburante para continuar el viaje y amenazan "con arrojar gente al mar" si no se les proporciona. EE UU señaló que debe ser Cuba quien se encargue de resolver el caso.
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