Reglas fuera de juego

El vicepresidente Mariano Rajoy dictaminó, con ocasión de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Extranjería -1 de agosto de 2001-, que a partir de ese momento quedaban fijadas "las reglas de juego" que regirían la política de immigración en España. Esas reglas han sido desbaratadas en parte por el Tribunal Supremo al declarar nulos 11 artículos de dicho reglamento a instancias de dos asociaciones de inmigrantes.

Las autoridades de Inmigración han reaccionado ante la sentencia al estilo inconfundible del Gobierno: restando importancia al varapalo judicial y limitando su alcance a "cuestiones puramente procedimentales" que no contradicen en nada su política administrativa sobre la inmigración irregular. Se trata, sin duda, de una lectura interesada y superficial de la sentencia. Los artículos del reglamento anulados por ilegales constituían trazos esenciales de la política oficial sobre inmigración y suponían una vuelta de tuerca más al trato duro y restrictivo de derechos que la Ley de Extranjería otorga al inmigrante sin papeles llegado a España.

No puede decirse que sean meramente procedimentales cuestiones que afectan a derechos básicos como la libre circulación del inmigrante irregular o su derecho a comunicarse con sus familiares si es internado, la reagrupación familiar en cadena de sus allegados desde el momento que obtiene la residencia o la necesidad de expediente judicial de expulsión siempre que ésta se decida cuando el inmigrante se halla dentro de territorio español. Son cuestiones sustantivas, y las restricciones administrativas impuestas a su tratamiento por el reglamento son consideradas por el Supremo extralimitaciones que van más allá de la Ley de Extranjería, a la que incluso contradicen. Ése es otro efecto de la sentencia del Supremo: poner al descubierto la falsedad del mensaje lanzado por el Gobierno, durante el inicial debarajuste creado por la aplicación de la ley, en el sentido de que el reglamento suavizaría algunos de sus preceptos más duros.

La política de inmigración del Ejecutivo se ha caracterizado hasta ahora por su incapacidad para alcanzar los objetivos fijados en la Ley de Extranjería. La bolsa de inmigrantes sin papeles no deja de crecer, hasta alcanzar el medio millón, y la inmigración legal comienza a resentirse por el mal funcionamiento de las vías previstas para encauzarla, en especial los cupos anuales de mano de obra extranjera que siguen estando muy por debajo de las demandas de la economía y de la sociedad. Sería ocasión para que el Gobierno hiciera algun tipo de autocrítica y no desdeñara la mano que se le tiende desde la oposición para acordar un modelo inmigratorio sólido y realista, acorde con la complejidad del fenómeno.

La lucha contra la inmigración irregular no puede pasar por hacer la vida imposible al inmigrante sin papeles, restringiéndole sus derechos más básicos hasta límites humanamente intolerables y abocándole a la delincuencia para sobrevivir. A lo que sin duda contribuían los artículos del reglamento anulados por el Supremo.