Manifestaciones

Los ciudadanos españoles tienen derecho a manifestarse, tal como está reconocido en el capítulo de Derechos y Libertades de la Constitución. Como todo derecho, tiene sus límites, que son la alteración del orden público y que se ponga en peligro a las personas y a los bienes. En el momento en que acaba de abrirse una severa crisis internacional por una invasión militar de Irak sin autorización del Consejo de Seguridad, cabe prever que muchos ciudadanos quieren y seguirán queriendo ejercer este derecho. Así está sucediendo en toda Europa y así lo indican las encuestas de opinión del propio organismo gubernamental, que demuestran la existencia de una auténtica fosa entre la opinión pública española -con un 91% de escuestados en contra de esta guerra- y la participación activa del Gobierno en su preparación política, y ahora en su ejecución, con el envío de un contingente militar de apoyo logístico y sanitario.

Ante este derecho y ante la expectativa de sucesivas manifestaciones contra la guerra, los poderes públicos sólo tienen un camino de actuación constitucional: garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse e impedir la actuación de alborotadores, simples delincuentes o incluso extremistas y provocadores interesados en que se desborden las manifestaciones pacíficas. Hay multitud de imágenes y testimonios que hablan por sí solos de actuaciones excesivas de la fuerza pública, sobre todo en Madrid, hasta tal punto, que se hace dificil pensar que no hay algún tipo de indicación o insinuación por parte de sus máximos responsables políticos, precisamente con el objetivo de criminalizar a los manifestantes o llegar incluso a endosar la responsabilidad de los desbordamientos a los partidos de la oposición que les apoyan.

De los hechos violentos sólo son responsables quienes los cometen. Ni los convocantes ni las fuerzas políticas que les apoyan, como pretende el Gobierno, quien sí es, en cambio, directamente responsable de los comportamientos indignos, por aislados e individuales que sean, de la fuerza policial encargada de velar precisamente por el buen desarrollo de las manifestaciones.

Para el ministro del Interior, Ángel Acebes, todo es "impecable", sea apalear a una manifestante pacífica o lanzar pelotas de goma a manifestantes sentados. La distancia que crea este Gobierno entre palabras y hechos entra en el orden de las perturbaciones psicológicas graves. No bastan las excusas del presidente del Gobierno ante lo que consideró como algún exceso aislado. Están en juego los derechos de los ciudadanos y también la consideración y el prestigio democráticos de las fuerzas de orden público, ganados en los 25 años de democracia y ahora en peligro gracias al afán del Gobierno por echar las culpas a una oposición demonizada. ¿O acaso pensaba Aznar que podía llevar a este país a la guerra con el 91% de la población en contra sin que se moviera una hoja?