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Aznar dio autonomía a Piqué para decidir sobre las encuestas

El PP ratifica su apuesta por la gobernabilidad

Convergència i Unió (CiU) recurrió el martes insistentemente a su maniobra clásica en todas las crisis con el Partido Popular de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, buscaron desesperadamente la complicidad de dos vicepresidentes del Gobierno -Mariano Rajoy y Rodrigo Rato- para evitar la comisión de investigación por el escándalo de las encuestas. Fuentes de ambas fuerzas políticas explican que fueron recibidos con indiferencia e indignación y con un mensaje inédito en la historia del PP catalán: "Hablad con Piqué, él es quien lleva el asunto".

El presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, dio hace semanas autonomía completa a Piqué para llevar el asunto como le pareciera más oportuno, algo que choca con la tradición histórica de este partido. El anterior líder regional del PP, Alberto Fernández Díaz, ha sufrido en sus carnes innumerables ejemplos de las llamadas de última hora de Madrid para rectificarle decisiones demasiado atrevidas. En esta misma legislatura Fernández Díaz ha tratado de mantener una actitud más dura con CiU, pero en el último momento tuvo que bloquear siempre las comisiones de investigación.La autonomía que ha disfrutado Piqué no se explica sólo por su mayor ascendiente sobre Aznar y su cargo de ministro. En esta ocasión se han juntado el hambre con las ganas de comer: todo el PP está indignado con CiU por sus continuas críticas al Gobierno. La actitud ante la guerra y en especial las duras manifestaciones contra Aznar -rayando el insulto, comentan desde el PP- del portavoz nacionalista en el Congreso, Xavier Trias, han colmado el vaso de la paciencia de los populares.

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No obstante, el PP dejó ayer claro que pese a apoyar la comisión de investigación y a que CiU haya dado por "rotas" las relaciones con los populares, seguirá "contribuyendo a apoyar la estabilidad" en Cataluña. Lo dijeron el secretario general del partido, Javier Arenas; el líder regional, Josep Piqué, y Alberto Fernández, quien se refirió a la crisis con ironía: "Si CiU dice que rompe es que había pacto".

La izquierda acogió con incredulidad y una cierta burla la crisis entre ambos partidos. Los socialistas, que ayer presentaron 17 nuevas preguntas por escrito por el escándalo de las encuestas, sugirieron al Ejecutivo que convoque elecciones anticipadas si no dispone de mayoría suficiente para gobernar.

El republicano Josep Huguet lo consideró una "escenificación de sainete" y descartó que Esquerra pueda socorrer a CiU si pierde el respaldo del PP. "Ahora ya no estamos a tiempo", afirmó. Joan Boada, portavoz parlamentario de Iniciativa, consideró que el anuncio de Mas contiene "una fuerte dosis de patetismo" y calificó de "indecente" que CiU se considere la "primera víctima colateral de la guerra".

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Duran Lleida retó a la izquierda a pactar con el PP y a presentar una moción de censura. El conseller en

cap, Artur Mas, admitió que CiU podría plantearse adelantar las elecciones si existiera una alianza permanente entre la izquierda y el PP, una posibilidad que nadie prevé. "La intención es agotar la legislatura; lo intentaremos, ya veremos con qué resultado", afirmó. CiU se quedó sola ayer en el Parlament en dos votaciones menores en las que el PP votó junto a la izquierda.

La junta de portavoces del martes designará a los miembros de la comisión de investigación, que podría empezar a funcionar la próxima semana. El reglamento prevé que los trabajos se lleven a cabo a puerta cerrada, pero fuentes parlamentarias explican que existen resquicios para que las comparecencias sean públicas si así lo acuerda una mayoría. La izquierda y el PP quieren que las conclusiones se voten en un pleno de junio, con lo que se plantean trabajar el mes de mayo, a pesar de las elecciones municipales.

El PSC, ERC e ICV, que exigen "transparencia" en las encuestas de la Generalitat, unieron ayer sus votos en la Diputación de Barcelona para rechazar la creación de un registro público de encuestas. Mas lo consideró "un acto de hipocresía monumental".

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