El Consorcio ha desviado desde 1981 más de 115 millones que debía destinar a saneamiento

El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia ha desviado durante las últimas dos décadas fondos del Plan de Saneamiento que superan los 115 millones de euros para dedicarlos a otros gastos de la entidad. El Tribunal Vasco de Cuentas ha confirmado en su informe definitivo las graves anomalías en la gestión del consorcio y subraya las "importantes deficiencias" en su situación jurídica, su actividad económica-financiera y su representación. El informe fiscalizador rechaza los negocios en el extranjero de la entidad y considera irregular el funcionamiento de su filial Udal Sareak.

El esperado informe, que audita la gestión de la entidad entre 1997 y 2001, es aún más duro que el anterior realizado, referido a 1992. Aquel coincidía en la desviación de fondos del Plan de Saneamiento y censuraba el alto nivel de retribuciones, el sistema de pensiones y los contratos de alta dirección.

Ahora las anomalías se han ampliado a actuaciones desarrolladas en los últimos cuatro años: los negocios emprendidos en el extranjero, la creación de la filial Udal Sareak y el cobro "improcedente" en el recibo del agua desde el pasado año de la tasa del IVA.

- Desvío de fondos. La principal irregularidad se refiere a los fondos del Plan Integral de Saneamiento del área metropolitana de Bilbao, una inversión cercana a los 600 millones de euros que se prevé concluir en 2005. Desde 1980, los municipios que integran el consorcio (53 en la actualidad, que suman el 90% de la población vizcaína y la mitad de la vasca) cobran un recargo en el recibo del agua, que supone el doble de la tarifa del usuario. Esta sobretasa fue autorizada por el Gobierno central en 1980 con la condición de que se dedicara "exclusivamente a la realización" del Plan de Saneamiento y hasta ahora se han recaudado por ella más de 345 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas cuantifica los desvíos desde el año 1981 en 115,5 millones de euros, "incumpliendo lo dispuesto en la norma foral presupuestaria de las entidades locales". El informe responde a las alegaciones del Consorcio que "resulta indubitado, evidente e incontestable que parte de los ingresos se han destinado a gastos que no son imputables al saneamiento".

Añade que el plan financiero de las obras de saneamiento preveía un 85% de inversión y un 14% de gastos de explotación, pero el Consorcio ha destinado "el 55% de lo recaudado por el recargo" a financiar gastos y "el 44% a inversión".

- Negocios en el extranjero. El tribunal rechaza la ampliación de la actuación de la entidad, que desde 1999 participa en servicios de abastecimiento y saneamiento de agua en Uruguay y Argentina. En primer lugar, argumenta que estas actuaciones carecen de "informes jurídicos y económicos preceptivos" y que no han sido incluidas partidas en los presupuestos de la entidad "para hacer frente a la toma de participación por 3.470 millones de pesetas [20,8 millones de euros]". Agrega que, además de estos "incumplimientos que incapacitaban al Consorcio" para licitar en el extranjero, asegura que éste sólo puede funcionar "en el ámbito territorial de actuación" de sus municipios integrados, como establece la norma vizcaína sobre entidades supramunicipales. Añade que el Consorcio ha incumplido el acuerdo de su asamblea de que estos negocios "no implicarían aportaciones de capital" y advierte de que "pueden ser negativos" por los problemas económicos en los dos países suramericanos.

El informe calcula que en octubre pasado las pérdidas ascendían a "202 millones de pesetas, además de los 38 millones que ya tiene reflejados a 31 de diciembre de 2001".

- Udal Sareak. El tribunal considera inadmisible el encargo de trabajos que hasta ahora realizaba el Consorcio a una nueva sociedad, Udal Sareak, de la que es propietario al 100%, porque "carece de medios propios" y contrata "con terceros la totalidad de encargos que recibe". Dice que actúa "como mero intermediario".

- Irregular cobro del recibo del agua. Califica de "improcedente" el IVA incluido en la tasa de saneamiento desde 2002 realizada por Udal Sareak "al ser esta sociedad una mera recaudadora por cuenta ajena de la tasa y ser el Consorcio el prestador material del servicio".

- Contratas sin informes. Ninguno de los 62 expedientes por compras e inversiones analizados, por un importe de 147,2 millones de euros, cuenta con los "informes jurídicos previos", lo que incumple la ley de contratos de las administraciones públicas.

El Tribunal de Cuentas fue de nuevo cuestionado por el Consorcio, que censuró ayer en un comunicado que no acepte sus 54 alegaciones, lo que avala su "carácter políticamente interesado". Antonio Basagoiti, portavoz del PP bilbaíno, señaló que la auditoría demuestra que el PNV "ha llevado la entidad de aguas como un chiringuito mal gestionado". La Mesa del Parlamento tramitó ayer la petición de la presidenta del Tribunal, María Asunción Macho, de comparecer para explicar el informe.