Estatuto catalán

El modelo constitucional no está escrito sobre piedra. Una prueba de su capacidad de adaptación son las propuestas de relectura, retoque o reforma de elementos centrales del llamado bloque de constitucionalidad, como los estatutos de autonomía. Entra en la lógica del Estado autonómico la posibilidad de su profundización.

Sobre todo cuando se acumulan, como en el caso catalán, distintos factores que apelan a la eventualidad de un cambio. Primero, todos los estatutos de las comunidades no históricas han sido ya reformados. Segundo, Cataluña ha extraído todo el fruto razonable del actual estatuto y no resulta descabellado que se trate de adecuar la autonomía a las nuevas realidades y aspiraciones. Tercero, hay un consenso catalán sobre la aparición de un espíritu neocentralista que absorbe competencias autonómicas, por vía de hecho, por leyes de bases abusivas, por achicamiento jurisprudencial o aprovechando el expansionismo del derecho comunitario. Cuarto, el grueso de las fuerzas democráticas catalanas reclama desde hace tiempo reformas que permitan profundizar el autogobierno, como la del Senado o la participación directa en la toma de decisiones europeas sobre temas de competencia autonómica. Y quinto, es lógico que cada partido lance sus propuestas antes de la convocatoria electoral catalana del próximo otoño para confrontarlas en las urnas.

Hay, pues, en Cataluña una actitud de apertura al cambio estatutario, que a medio plazo podría implicar incluso alguna reforma constitucional. Pero este espíritu reformista sólo avanzará si reúne dos requisitos básicos: que suscite suficiente consenso en Cataluña y suficiente comprensión y capacidad de explicación y acuerdo en el Parlamento español. El consenso catalán debe ser similar, como mínimo, al que generó el texto original (en este caso, el de Sau). Y la propuesta debe encajar sin distorsiones en un esquema global, todo lo dinámico que convenga, pero consistente: es decir, que sus avances puedan aplicarse en su momento, si tal es su voluntad, a otras comunidades.

Entre los textos de bases aireados -unos, los de CiU y Esquerra, son avances periodísticos; otro, el del PSC, un documento entregado al Parlament- existe un hilo conductor, la aspiración a un techo competencial más alto en la línea de la administración única, en todas las competencias exclusivas o compartidas (sean de sanidad, justicia, enseñanza o régimen lingüístico). Y también en otras en que las autonomías han obtenido espacio sólo gracias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su época más descentralizadora, como determinadas relaciones exteriores no exclusivas de la Administración central (en función de las competencias exclusivas: relación con la Unesco), o compartibles según el modelo alemán (presencia en las instituciones de la UE).

Más allá de ese tronco común, las diferencias filosófico-jurídicas son notorias. Y generarán debate. Los nacionalistas de Artur Mas se apuntan a un soberanismo ajeno a la Constitución, a la tradición pujolista y a la del catalanismo contemporáneo, al apelar a la cláusula de reconocimiento de los "derechos históricos que establece la Constitución" (sí, pero para el País Vasco y Navarra). Y mantienen de momento una ambigüedad contradictoria, pues su defensa del autodeterminismo (en el que la última instancia decisoria sería el Parlamento autónomo) no encaja llanamente en la actual Constitución. ¿Se trata de un texto retórico para efectuar cambios de cromos ante un próximo Gobierno de minoría? Por el contrario, los socialistas de Pasqual Maragall postulan que "Cataluña forma parte de la España plural", reclaman la "lealtad institucional recíproca" y la "colaboración" y "asistencia mutua" entre administraciones, con expresa mención a la descentralización hacia la local, ignorada por sus adversarios.