La propuesta policial de Ruiz-Gallardón

Además de cumplir con la función consustancial al ejercicio de la democracia, los procesos electorales suponen una buena oportunidad para dar un repaso a los problemas del país y proponer nuevas alternativas. Los líderes políticos ya han comenzado a lanzar sus propuestas y, por su originalidad y trascendencia, nos queremos detener en la realizada por el señor Ruiz-Gallardón, actual presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y candidato del Partido Popular a la alcaldía de la capital del Estado.

Según las declaraciones que ha efectuado en diversos medios de comunicación, la formulación de su propuesta, en sustancia, es la siguiente: "La inseguridad es el principal problema de los madrileños... Tenemos una Policía Municipal que es un cuerpo armado, bien formado y uniformado que se dedica a atender el tráfico. Eso dejará de ser así. Pienso dedicarla a materia de seguridad... porque la situación actual es un desperdicio de recursos humanos. Al problema del tráfico debería dedicarse un cuerpo especial de agentes de tráfico, que no es preciso que tengan formación específica en seguridad, ni irán armados".

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, es bueno recordar cuál ha sido, hasta ahora, la actuación del señor Gallardón frente a los problemas relacionados con la seguridad, ya que la Comunidad de Madrid tiene asumidas importantes competencias en materia de coordinación de las policías locales:

Durante su presidencia, el señor Gallardón ha hecho residir tales competencias en la Consejería de Medio Ambiente, lo que nos puede dar una primera idea de la importancia que ha otorgado a esta materia.

La Comunidad de Madrid es el único Gobierno autonómico que ha eliminado la gestión directa de la formación de las policías locales, constituyendo una empresa pública (el Instituto Superior de Estudios de Seguridad), que tiene como idea fundamental la rentabilidad económica y que ha pretendido, sin ningún éxito, extender su ámbito de actuación a la formación de los profesionales de la seguridad privada. Gracias a ello, la calidad de la formación profesional de las policías locales de la región ha caído hasta límites intolerables y el sectarismo ideológico en la selección del profesorado ha alcanzado niveles impropios de un país democrático.

A pesar de disponer de mayoría absoluta en la Asamblea, el Gobierno de Gallardón ha sido incapaz de sacar adelante una nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales, que pudiera ofrecer alternativas a las nuevas necesidades de los municipios y de sus cuerpos de seguridad. A pesar de tener competencias para ello, tampoco ha desarrollado ninguna política de homogeneización, para incrementar la eficacia y la colaboración entre las policías locales.

En definitiva, el desinterés del Gobierno presidido por el señor Ruiz-Gallardón, en relación con los temas relacionados con la seguridad y las policías locales, ha sido absoluto.

De otra parte, también es bueno recordar que desde hace 12 años el Partido Popular gobierna el Ayuntamiento de Madrid. Y que su Gobierno ha realizado la lectura más restrictiva posible de las funciones que la ley otorga, a las policías locales. Así, por libre decisión del Gobierno popular y a diferencia de lo que ocurre en otros municipios del área metropolitana, el tráfico se ha constituido en la misión prioritaria de la Policía Municipal, que ha otorgado una atención muy reducida a otros problemas relacionados con la inseguridad y que, efectivamente, suponen un grave problema para los ciudadanos.

Ya que no ha mediado ninguna crítica a la decisión política de sus compañeros, resulta bastante chocante que un candidato que representa a la misma fuerza política que hoy gobierna el Ayuntamiento, defienda una alternativa sustancialmente contradictoria. En otras palabras: si las cosas hay que hacerlas de manera tan distinta, "algo" se habrá hecho mal hasta ahora; "alguien" tendrá "alguna" responsabilidad en el grave deterioro que sufre la seguridad ciudadana en Madrid.

Y, una vez que hemos dado un somero repaso a los antecedentes, que pueden ayudar a conocer la credibilidad del candidato y la solidez de sus propuestas, ya es hora de entrar en el análisis de su contenido.

La primera cuestión que suscita la propuesta Gallardón es: ¿el problema de la seguridad vial es un "problema menor"?, ¿es un problema que no está comprendido dentro de los problemas de la seguridad?

Cualquier alcalde aprende con bastante rapidez que la concepción de la seguridad desde el ámbito local es integral y omnicomprensiva, y que no se limita exclusivamente a los problemas relacionados con las infracciones al Código Penal. Los vecinos de las ciudades quieren que la Policía Local proteja su vida y sus bienes de los delincuentes; pero, con la misma intensidad, también exigen que les proteja de los accidentes de tráfico y de muchos otros riesgos y situaciones que deterioran su calidad de vida.

Según los datos de la Memoria de la Policía Municipal de Madrid, durante el pasado año se produjeron en las vías urbanas del municipio de Madrid un total de 19.716 accidentes de tráfico, con 12.611 heridos y la pérdida de 94 vidas humanas. Las estadísticas de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondientes al año 2001, destacan que el 72% de los accidentes habidos en la Comunidad de Madrid se produjeron en zonas urbanas, con el resultado de 142 muertos y más de 14.000 heridos. La gravedad de estos datos habla por sí sola. Oponer y priorizar la inseguridad criminal frente a la inseguridad vial es una tarea imposible y, sobre todo, un grave error político.

La segunda cuestión que plantea la propuesta Gallardón es: ¿el problema de seguridad vial puede y debe ser atendida por funcionarios ajenos a la Policía Local?

Desde el punto de vista legal esa pregunta sólo puede tener una respuesta negativa. Es una Ley Orgánica, la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la que encomienda a los miembros de las policías locales el desarrollo de las funciones relacionadas con el tráfico urbano, y lo hace de una manera imperativa, utilizando el término "deberán". Por tanto, sólo la reforma de esa ley, que compete a las Cortes Generales a través de una mayoría muy cualificada, puede cambiar el actual status profesional de las policías locales. Una hipotética Ley de Grandes Ciudades podrá ampliar las funciones de las policías locales, pero no restringirlas. Un alcalde, aunque sea el de Madrid, no puede tomar esa decisión.

Además, una buena parte de los problemas relacionados con el tráfico y la seguridad vial tienen que ver con la comisión de infracciones a la normativa de seguridad vial, que sólo pueden ser denunciadas por funcionarios que tengan la condición de agentes de la autoridad, es decir, de profesionales de la policía. Y otra, tiene que ver directamente con la comisión de infracciones penales y, de hecho, el Capítulo IV del Título XVII del vigente Código Penal se dedica íntegramente a los delitos contra la seguridad del tráfico. ¿Acaso propone el señor Gallardón que la persecución de estos delitos, quizá por su "escasa entidad", se encomiende a otro tipo de funcionarios públicos? ¿Su propuesta se hace extensiva al ámbito interurbano y la Guardia Civil también debe abandonar la atención al tráfico? ¿Por qué no?, si estamos hablando exactamente del mismo problema.

Tampoco se puede decir que la situación española en esta materia sea original, en relación a los países de nuestro entorno. En todos los países desarrollados, los problemas relacionados con las infracciones (penales y administrativas) de tráfico son una competencia asignada a los cuerpos de policía públicos. Parece que, ante un problema tan complejo, que requiere de un alto nivel de especialización y del ejercicio de la autoridad, es la opción más adecuada.

Curiosamente, los que suscribimos este artículo compartimos con el señor Gallardón la opinión de que los municipios y sus policías locales deben asumir mayores competencias en materia de seguridad ciudadana. Pero creemos que esos cambios deben hacerse sin abandonar la atención a otros problemas, como la seguridad vial.

La solución a las graves deficiencias de nuestro sistema público de seguridad no está en desnudar a un santo para vestir a otro. La mayor responsabilidad municipal en la lucha contra la inseguridad criminal no debería venir de propuestas apresuradas, sino de las reformas legales oportunas y de un mayor apoyo económico del Estado y las comunidades autónomas a los municipios.

* Firman este artículo José Francisco Cano de la Vega, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada. Leonardo Lafuente Valentín, director de Seguridad Ciudadana de Alcobendas. Bonifacio García de Blas, director de Seguridad Ciudadana de Torrejón de Ardoz. José Luis Jiménez del Molino, jefe de la Policía Local de San Fernando de Henares. Miembros de la Sección de Madrid de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNIJEPOL).