Ricos de solemnidad

Hay acciones que, independientemente de su legalidad, indignan. Es el caso de los pagos hechos por Emilio Botín, presidente del BSCH, a José María Amusátegui, ex copresidente, durante breve tiempo, de la actual entidad financiera resultante de la fusión del Santander y el Central Hispano, en cumplimiento de un contrato firmado el 15 de enero de 1999, que estipulaba la cantidad que recibiría cuando se jubilara, en agosto de 2001, y que, por razones que se ignoran pero presumibles, fue burlado al control del Banco de España.

Emilio Botín, es, sin duda, uno de los individuos más poderosos de España. Él lo sabe. Sólo un hombre consciente de ese inmenso poder puede hablar ante una cámara de televisión, tras la salida de un juzgado, con el aplomo con que lo hizo para explicar que él, y sólo él, decidió pagarle a su antiguo compañero en la presidencia del banco la cantidad de siete 7.271 millones de pesetas (43,7 millones de euros), como premio por sus extraordinarios servicios, sin aclarar cuáles eran éstos.

Para darles una idea cabal de la enormidad del premio les informo que es la duodécima parte, más o menos, del presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para el ejercicio actual. Para entenderlo mejor, pasemos a medirlo en términos de renta personal. Según el Anuario Estadístico de la Ciudad de Valencia, que toma como fuente datos fiscales, la base imponible media de los valencianos residentes en la ciudad fue de 14.913,18 euros, en 1998. Suponiendo que un vecino tipo trabajara durante treinta años seguidos, habría ganado al final de su vida laboral unos 450.000,00 euros. En consecuencia, el premio -que más parece un botín- a Amusátegui, equivale a lo que habrían acumulado 97 valencianos durante toda su vida activa. Semejante desproporción -y despropósito- pone los pelos de punta e indica que en esta sociedad capitalista en la que nos movemos, los valores morales marchan mal. Y los económicos, para unos pocos privilegiados, demasiado bien. La comparación es ofensiva a una mayoría, ya sea por la exagerada valoración del trabajo de Amusátegui, o por el descarado menosprecio hacia el que realizamos el resto de los mortales.

Podemos seguir reflexionando al hilo del asunto. Botín ha tomado esta decisión sin someterla a la aprobación de la asamblea de accionistas, cuestión que le está planteando algunos problemillas judiciales. Es obvio que la ausencia de democracia constituye uno de los signos de identidad del sector bancario, del que, a su vez, dependen el resto del entramado político -sigue mal resuelta la financiación de los partidos y de las campañas electorales- y económico del sistema, lo que hace más imperfecta todavía la democracia de la que gozamos. ¿Para cuándo una ley que limite este poder desorbitado de los presidentes e impida abusos sobre unos recursos que pertenecen a un colectivo amplio? Un accionista de los muchos del Banco Santander Central Hispano, un pequeño ahorrador en definitiva, ante estas noticias, puede sentirse, además de indefenso, expoliado, más si tenemos en cuenta que el precio de la acción se ha reducido a la mitad en los tres últimos años.

Lo que más asombra es el silencio, o el calculado tacto, que envuelve a estas situaciones tan escandalosas reveladoras de abismales diferencias entre una minoría de ricos, cada día más ricos, y el resto de la población, de las que nos vamos enterando gracias, en este caso, a la actuación heroica de un accionista que ha planteado una querella. Noticias escuetas y algún comentario tibio en las páginas de economía de los periódicos. Tímidas protestas de los sindicatos del sector. Generalizado mirar hacia otro lado por parte de aquellos que podrían poner límite a tanto desafuero. Un sistema económico que todo lo digiere y lo bendice cuando atañe a la intocable casta de los amos del dinero.

Mientras tanto, dicho y hecho, nuestros pensionistas han recibido, en una paga, la diferencia entre la inflación prevista y la real. Un incremento de apenas un 2%. Y la política fiscal de los últimos años se ha caracterizado por hacer más regresivo el impuesto sobre la renta. Paga el mismo 45% quien gana 45.000 euros al año, que el que gana 45 millones y más. ¿Para cuándo un política de distribución de la renta?

Pero el escándalo no ha hecho más que empezar. Recientemente ha trascendido también que otro ex consejero delegado del mismo banco, Ángel Corcóstegui, recibió 110 millones de euros -¡18.302 millones de pesetas!- de una sola vez, en el 2002 por abandonar el Consejo del banco en concepto de jubilación anticipada. Distráiganse, si quieren, y calculen el número de trabajadores y el número de años que tendría que trabajar cada uno para reunir entre todos semejante cifra.

Pero no se desanimen ante tan indecente exhibición de apetitos insaciables, porque no vale la pena. Piensen, por el contrario, que el dinero, aunque ayude mucho, no es la única clave de la felicidad.

María García-Lliberós es escritora.