La economía social, una realidad

El Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, en la asamblea general celebrada el pasado día 20, ha vuelto a poner de manifiesto sus críticas frente a un sector de la economía andaluza, en concreto a la economía social. Sus críticas no las efectúa como consecuencia de un análisis económico empresarial sino que, realmente, reflejan un ataque frontal contra la propia existencia del sector participativo, al que tacha de escasamente operativo -aunque no da un solo dato económico que justifique esta afirmación-, así como contra la Administración Pública -en definitiva contra el gobierno andaluz- , por cuanto tiene el atrevimiento de potenciar este sistema productivo. Unas críticas que se compadecen mal con los principios autonómicos y constitucionales, como también con el modelo social europeo.

No trato, con estas afirmaciones, de acudir a apoyos filosóficos sin sustrato legal específico y, de esta suerte, mantener una discrepancia puramente dialéctica y de principios con escaso, o nulo, soporte legal autonómico, constitucional y europeo, sino que, por el contrario, estas afirmaciones descansan en preceptos específicos, que participan de la naturaleza expresada.

Sin embargo, antes de entrar en citas legales concretas, es conveniente expresar que se entiende por una economía, la tradicional -que, al parecer representa la CEA- y la social -que es representada por la CEPES o Confederación de Empresas de la Economía Social-. Entiendo que la única diferencia que las separa es que la actividad empresarial, esto es el proceso de bienes y de capital con unas fases productivas que implican actos de disposición, es éste el único objeto en la empresa tradicional. En cambio, en la empresa cooperativa, cuya debilidad deriva esencialmente de la necesidad de capital para su financiación, acomoda esta realidad a unos principios, y defiende la subordinación del capital a la persona. Subordinación, que no se da en el sistema capitalista puro. Responde, pues, la Economía Social a un sistema de valores, a una forma de pensar que busca una orientación más humana, destacando el trabajo, y no el capital, como elemento sustancial del sistema.

Precisamente, por estas características, la economía social es potenciada desde los sectores públicos, sin que esta potenciación responda a intereses partidistas, o de grupos políticos determinados, sino que responde al respeto y cumplimiento de nuestras leyes, aunque, lógicamente, por los valores que representa, algunos grupos políticos sean más sensibles que otros, y favorezcan con mayor convencimiento su potenciación.

Un encuentro, el de la Economía Social, con las leyes que aparece expresamente en el artículo 129.1 de la Constitución, en el que se dispone que: "los poderes públicos fomentarán... mediante una legislación adecuada la sociedades cooperativas". Este mandato constitucional hace que las administraciones públicas, cualquiera que sea su color ideológico, estén obligadas a fomentar, a desarrollar las cooperativas. Una obligación constitucional que, además, se recoge expresamente en el artículo 69 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esto es, desde el punto de vista constitucional y autonómico, las Administraciones, de uno y otro ámbito, están obligadas a apostar por estas empresas participativas.

Precisamente, en cumplimiento de esta legalidad, el Parlamento de Andalucía con los votos del grupo socialista, el andalucista y el de IU-Los Verdes, aprobó la actual Ley de Cooperativas, la Ley 2/1999, de 31 de marzo. Una ley que responde a estos principios, y da cumplimiento a las obligación autonómica y constitucional. Una ley que, desde su entrada en vigor, ha supuesto un aumento en la creación de riqueza y de puestos de trabajo, como lo refleja el hecho de que su aportación al PIB sea superior al 12%.

Pero es más, por si alguna duda restara, la Unión Europea las ha reconocido. Considera a las cooperativas como un miembro fundamental de su modelo social y económico, precisamente porque representan los objetivos socio-económicos y políticos de la Unión. Así se recoge en el Estatuto de la Sociedad Europea -Reglamento núm. 2157/2001 del Consejo-.

Esta realidad legal, en los ámbitos constitucional, autonómico y europeo, unida al hecho de que en la UE las cooperativas y, con ellas la economía social, haya dado lugar a que más de 2.300.000 personas reciban trabajo de estas empresas, hacen que no se entiendan demasiado bien las críticas del presidente de la CEA salvo que constituyan un intento de que el capitalismo quiera volver a ocupar posicionamientos muy superados. En suma a una forma de entender las empresas en las que la persona, el trabajador, era un engranaje más de un sistema, en el que lo social, los valores democráticos y la solidaridad, estaban ausentes por definición.

En cualquier caso con críticas o sin ellas, o lo que es lo mismo gusten más, o menos, las cooperativas, la economía social existe y hay que acostumbrase a convivir con ella, y con su fomento por parte de las Administraciones Públicas. Después de todo es lo que manda la Constitución, la Unión Europea y el Estatuto de Autonomía. No vayamos a que, hoy, con tanto desafuero atlantista el ejemplo cunda y terminemos guiándonos por las leyes de California.

Eugenio Suárez Palomares fue coordinador del Proyecto de Ley de Cooperativas de Andalucía.