"La Iglesia hace mal al mirar a otro lado en Cajasur"

Antonio Fernández Poyato (Zuheros, Córdoba, 1955) es vicepresidente ejecutivo de Cajasur, a propuesta de la Diputación de Córdoba, y miembro de la ejecutiva regional del PSOE. En esta entrevista censura el personalismo en la gestión del presidente de la caja, Miguel Castillejo, critica la actuación del PP y pide a la jerarquía de la Iglesia católica que se pronuncie sobre la polémica suscitada en torno a Cajasur. Su principal preocupación es el "expolio" de la representación de los ayuntamientos y de la Diputación en la caja tras pasar a depender parcialmente del Ministerio de Economía.

Pregunta. ¿Cómo está viviendo la caja la polémica en la que está inmersa?

Respuesta. Cajasur es una de las empresas más importantes de Córdoba y Andalucía y los trabajadores, los órganos de gobierno y los clientes están viviendo con preocupación este momento.

"El PP ha puesto el aparato del Estado a disposición de Miguel Castillejo"

P. ¿Dónde sitúa usted el origen de esta crisis?

R. El origen está en el enfrentamiento de Castillejo con el Gobierno andaluz por su negativa a reconocer el ordenamiento legal emanado del Parlamento y las competencias de la Junta en esta materia. Castillejo no ha reconocido nunca el Estado de las Autonomías y ya en 1986 intentó eludir las competencias autonómicas y adscribir la caja al Ministerio de Economía. A veces da la impresión de que Castillejo practica la insumisión al Estatuto de Autonomía y acepta con resignación la legislación estatal. Ése es el origen del conflicto, que se remonta a 1999. Y ahora ese conflicto se reanuda por la sustracción a la Junta de una competencia que le corresponde según la Constitución y el Estatuto. Cajasur, la Iglesia y quienes han amparado el cambio de tutela al Ministerio de Economía deben explicar qué ha pasado y por qué lo han hecho.

P. ¿Por qué ampara la Iglesia aún a Castillejo?

R. De la Iglesia conocemos la opinión del obispo de Córdoba, que ha hablado claro y ha propuesto la adaptación de los derechos de la Iglesia en Cajasur a los tiempos. Ahora son el presidente de la Conferencia Episcopal y el nuncio del Vaticano en España

quienes deben hablar. La jerarquía de la Iglesia hace mal al mirar hacia otro lado y debe tener en cuenta los intereses de los cordobeses y andaluces y de las instituciones públicas de la comunidad. En la España constitucional, el respeto es fundamental para la convivencia entre instituciones.

P. Dice que la Iglesia debe hablar y el primer paso que ha dado ha sido trasladar al obispo a Granada.

R. A pesar de llevar varios años en Cajasur y estar relacionado con el mundo eclesiástico, los tiempos y las formas de la Iglesia es algo que se me escapa. Es evidente que en una primera lectura pierden unos y ganan otros, pero me niego a pensar que eso sea así. El obispo de Córdoba ha sido un hombre decente en sus responsabilidades públicas, más allá de las militancias ideológicas. Defiende la transparencia, la clarificación y la defensa de los derechos de todos, es decir, los de la Iglesia, de los ayuntamientos y de la Diputación. La convivencia existió en el pasado y estoy seguro de que existirá en el futuro, pero es indudable que la Iglesia ha hablado trasladando al obispo a Granada. Y debería seguir hablando porque si no genera confusión respecto a lo que piensa a su máximo nivel.

P. ¿Y por qué cuenta Castillejo con el respaldo del PP?

R. El pacto entre el PP y Castillejo es evidente pero vergonzante; ambos lo niegan y además lo utilizan en su estrategia de enfrentamiento con la Junta. El PP ha puesto el aparato del Estado a disposición de Castillejo y a veces da la sensación de que el Gobierno se postra ante él. ¿Por qué y a cambio de qué? No lo sé, pero el PP debe aclarar por qué no confía en los ciudadanos, en los ayuntamientos, en los impositores y trabajadores. Sólo confía en Castillejo. Debe explicar por qué Cajasur va a ser más eficiente, más democrática, más profesional, más independiente por el hecho de aumentar del 35% al 46% la representación del Cabildo y disminuir la de los ayuntamientos y la Diputación. Debe explicar por qué no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Si uno representa al Cabildo podrá tener más de 70 años, ser presidente, consejero delegado, en definitiva, tener el poder ejecutivo. En cambio todo eso está vetado para los representantes de los impositores, trabajadores, ayuntamientos o Diputación. El PP ha aprobado a Castillejo unos estatutos a su medida y a cambio el PP espera con avidez el nombramiento de un consejero delegado al que se entregaría todo el poder de la caja.

P. ¿Cree, entonces, que ese pacto del que habla se fundamenta en la nueva figura del consejero delegado?

R. Se equivocan quienes piensan que la figura de una persona, aunque sea laica y del PP, resuelve los problemas institucionales y empresariales de una entidad tan compleja como una caja, especialmente Cajasur. La única preocupación del PP y del Gobierno con los nuevos estatutos era amarrar la figura del consejero delegado. Aunque sea un mago de las finanzas, no va a ser la solución de Cajasur, aunque algunos piensen que sí lo será para conseguir una cuota de poder.

P. Ante el enconamiento de las posiciones, ¿ve alguna posibilidad de recuperar el diálogo?

R. Cajasur tiene que volver a ser respetuosa con el ámbito competencial autonómico. Además, Castillejo y la Iglesia deben saber que ni los ayuntamientos ni la Diputación van a permitir el expolio. De 40 municipios andaluces que hay hoy en Cajasur, sólo 14 o 15 tendrán representación. Y de los 29 cordobeses, sólo nueve la tendrán. Cuando se resuelvan estas dos circunstancias, estaremos en condiciones de sentar las bases de un diálogo que es necesario. La Iglesia debe recuperar el tiempo perdido y tomar iniciativas que conduzcan al respeto de los derechos de los andaluces y de sus instituciones.

P. La denuncia que la Junta ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción ha detectado graves irregularidades en Cajasur. ¿Cómo se ha producido esta situación?

R. Como consejero conozco lo que ha publicado la prensa y he pedido al presidente de Cajasur explicaciones. Tenemos una honda preocupación porque todavía no conocemos la inspección ni la denuncia que se ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción. Hay que conocer los datos de la inspección, analizarlos a fondo, ver si se ajustan a legalidad y sacar las consecuencias si no se ajustan. Venimos criticando desde hace tiempo el modelo de gestión personalista. Una cosa es la natural delegación de poderes y otra es la sustracción total de los poderes del Consejo de Administración. Quien ha sustraído esos poderes y no ha rendido cuentas debe responder porque nosotros hemos demandado que Cajasur modernizara su toma de decisiones y no ha sido así.

P. ¿Por qué se reserva Castillejo con celo la obra social?

R. Hay un error de partida: se cree que la obra social de Cajasur existe porque es una caja fundada por la Iglesia. El dividendo social existe en todas las cajas. El presidente ha reclamado que eso es algo que tenía que administrar personalmente y en todo caso el patronato fundador. Esto es un disparate en términos jurídicos. Esa patrimonialización de la obra social hace parecer que la labor social la hace Castillejo, no Cajasur, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Hay otra confusión: no hay ninguna caja en España cuya entidad fundadora reciba tanto dividendo social como recibe la Iglesia. Los fundadores tienen en las cajas derechos de representación, no derechos de propiedad o sobre los dividendos. La concepción y la ejecución de la obra social de Cajasur debe cambiar radicalmente.

P. ¿Ha cobrado dietas por ir al cine, a conciertos o a misa?

R. No, sólo he cobrado las dietas que me corresponden por asistir a los consejos y a la comisión ejecutiva de Cajasur.

P. ¿Qué opina de que el sindicato mayoritario de Cajasur se posicione a favor de Castillejo?

R. Los trabajadores son el principal activo de Cajasur, pero deben tener algo claro: nadie les puede pedir que no obedezcan las leyes ni respeten a las autoridades democráticas. Y también deben saber que el origen de esta incertidumbre es responsabilidad exclusiva de quien está incumpliendo la legalidad, no de quienes acuden a los tribunales en legítima defensa de sus derechos.