Suspensos

Unos profesores de la Universidad de Granada han denunciado la norma, pionera en el mundo, que permitía obtener la licenciatura sin el engorroso trámite de aprobar todas las asignaturas.

Hace tres años la Universidad de Granada creyó conveniente compensar -este es el verbo utilizado- a los alumnos que hubiesen llegado al final de la carrera con la mala pata de tener alguna asignatura suspensa. Se trataba de que las titulaciones académicas no dependieran, como había sucedido hasta entonces, de un estricto número de materias aprobadas. Se habilitaba para ello un "sistema complementario de evaluación", por decirlo con sus palabras, que flexibilizaba la obtención de licenciaturas. Pero un grupo de profesores denunció la norma ante el juzgado, que acaba de anularla hace poco provocando entre los licenciados suspensos de los últimos años la consiguiente alarma e inquietud. No sé si entre ellos habrá algún médico con el aparato digestivo pendiente.

Muchos no se explican este afán por prolongar el infernal período que va de la incertidumbre laboral al paro. Además, cualquiera que haya estudiado en la universidad sabe que no hay tanta diferencia entre un alumno que haya aprobado todas las asignaturas y otro al que le haya quedado alguna para septiembre. Elevar a la categoría de principio moral lo que no pasa de ser un simple trámite burocrático puede confundirse por tanto con la intransigencia. Si en una democracia todo el mundo tiene derecho a manifestarse en contra de una norma, todos tenemos también la obligación de acatarla una vez que se aprueba. Acudir a los tribunales, menospreciando la sacrosanta autonomía universitaria, socava los fundamentos de la institución. A nadie le incumbe salvo a nosotros, como dicen los futbolistas, lo que sucede dentro del terreno de juego. Pero no nos engañemos: la actitud de estos profesores responde a una concepción elitista de la universidad, a una idea clasista según la cual los alumnos peor dotados para los estudios superiores tienen que hincar más los codos si quieren aprobar. Se acaba así con la idea de que todos los ciudadanos, independientemente de su clase social y de su nivel de conocimientos, tienen derecho a colgar en el salón de su casa una orla y un título universitario.

El rectorado de la Universidad de Granada ha recurrido el fallo, así que habrá que esperar un tiempo para conocer el desenlace. Pero una cosa debe quedar clara: si la sentencia se hace firme, los mejores estudiantes de cada promoción se licenciarán en junio, mientras que los alumnos con un menor coeficiente de aprobados, por decirlo así, tendrán que esperar a septiembre.

Si estos profesores de Granada persiguieran realmente el bien de la universidad española, no habrían acudido a los tribunales. Todo lo contrario: habrían luchado para que los alumnos pudieran licenciarse con todas las asignaturas suspensas. O habrían intentado que los títulos académicos se pudieran adquirir por un módico precio en las grandes superficies comerciales. Sólo entonces, cuando la universidad española hubiese saltado por los aires, habría alguna esperanza de regeneración.