Derecho a manifestarse

El presidente Aznar ha reivindicado una y otra vez en sus comparecencias ante el Congreso la legitimidad que le otorga su mayoría parlamentaria para tomar las decisiones que ha tomado respecto al conflicto de Irak. Y tiene razón. Pero la democracia no se agota en el Parlamento; garantiza el libre ejercicio por parte de los ciudadanos de todos los derechos consagrados por la Constitución. Entre ellos, muy especialmente el de manifestación. Y a veces, como es el caso, la calle expresa mayorías diferentes a las urnas. Y ambas están amparadas por la Constitución.

Con motivo de las masivas manifestaciones que se vienen celebrando en toda España contra la guerra iniciada por Bush y secundada tan ardientemente por Aznar, el Gobierno ha tomado una peligrosa deriva que pone en riesgo seriamente esa libertad de manifestación. Por supuesto que arrojar piedras, cortar calles o cruzar contenedores en la vía pública son actos reprobables que deben ser impedidos por las fuerzas de seguridad mediante una respuesta proporcionada. Pero el Gobierno no se ha limitado a cumplir con ese deber.

Aznar, primero, pero muy pronto el vicepresidente Mariano Rajoy y el ministro del Interior, Ángel Acebes, han elegido una vía de doble descalificación que resulta muy peligrosa. Por un lado, el desprecio y las descalificaciones hacia los cientos de miles de manifestantes que no pueden sino indignarse ante la manipulación que ha hecho el Gobierno del sentido mayoritario de sus protestas. Quienes han llenado las calle de varias ciudades españolas lo han hecho para mostrar, con todo el derecho que les asiste y les reconoce la Constitución, su postura contraria y sin matices a esta guerra en la que Aznar ha involucrado a España. Si nunca han encontrado en el Gobierno el respeto necesario, las últimas intervenciones públicas del presidente y sus ministros han derivado en el ataque y la amenaza. Y lo que es peor, han dado pie a una violencia policial, en muchos casos indiscriminada, que sólo los más antiguos del lugar recordaban. Esto ha ocurrido muy especialmente en Madrid, donde las manifestaciones del viernes y de ayer mismo acabaron con abundante y a menudo abusivo empleo de material antidisturbios, causando decenas de heridos.

El Gobierno de Aznar pretende además criminalizar a la oposición y responsabilizarla por los episodios de violencia -condenables, aunque excepcionales- que se han registrado en las últimas manifestaciones. Pero no deja de resultar hipócrita y muy en línea con una inversión de lenguaje que intenta convertir lo blanco en negro, o viceversa, que un Gobierno que ha optado por la guerra en la más absoluta soledad política y en contra de la inmensa mayoría de la población intente endosar a las fuerzas políticas que se han opuesto a la intervención bélica la responsablidad de lo que sucede en la calle, como si a él no le cupiera ninguna. Ni Aznar ni su Gobierno deben aparentar sorpresa porque, ante su inexplicable opción belicista, tantos ciudadanos, de todas las clases sociales y edades, y como punta de lanza el mundo estudiantil que vive su primera guerra, se lancen de forma espontánea a la calle a expresar su protesta. Entre ellos hay muchos que sin duda votaron al PP.

Aznar y su Gobierno están obligados a encajar estas protestas y evitar la represión indiscriminada. Algunos manifestantes han sido violentamente agredidos por la policía simplemente por gritar "¡No a la guerra!" o tumbarse pacíficamente en el suelo. Estos comportamientos policiales deberían preocupar a los responsables de Interior, en lugar de minimizar su importancia e incluso justificarlos. El Gobierno revela así un autoritarismo que encaja mal con un ejercicio democrático del poder.