El Parlament, contra la granja de macacos de Camarles

Nuevo y difícil obstáculo para la granja de macacos que la empresa Société de Recherches Primatologiques está construyendo en la población de Camarles (Baix Ebre) y que desde hace cerca de un año ha generado una gran oposición en la población. La totalidad de los grupos parlamentarios, incluidos los de CiU y el PP, han aprobado esta semana una proposición no de ley por la que se insta a adoptar todas las medidas posibles para evitar la instalación de la polémica granja de macacos, destinados a la investigación sanitaria,

El Parlament apoyó de esta forma la decisión adoptada la semana pasada por el consistorio de Camarles en pleno, que aprobó revisar la licencia de actividades de la granja con el objetivo de parar la construcción. La empresa, por su parte, recuerda que fue el Ayuntamiento, gobernado por CiU, el que les otorgó las licencias y que ya únicamente necesitan la inscripción en el registro de actividades específicas para comenzar a operar.

La transacción aprobada en la comisión de agricultura del Parlament, además de respaldar la revisión del expediente y de acordar la adopción de medidas que impidan el establecimiento del centro de cría de macacos procedentes de Isla Mauricio, acordó que en la ley de protección de los animales, cuya modificación está en trámite, se incluya la prohibición de la instalación de centros similares "que alojen primates con la finalidad de realizar experimentación animal o con el objetivo de facilitar o vender los animales a otros centros de investigación".

Tres mil firmas

La polémica estalló en Camarles el pasado mes de junio, con la creación de la asociación Aturem el Centre de Primats, que llegó a reunir 3.000 firmas (una cifra que iguala a la de la población) en contra de la granja y que convocó diversas movilizaciones ciudadanas. El portavoz de la asociación, Tomàs Queralt, se mostró muy satisfecho por el acuerdo parlamentario y por la decisión del consistorio de situarse al lado de la ciudadanía. Queralt reclamó del equipo de gobierno de CiU que se "agilice la revisión de la licencia de actividades".

El representante legal de Société de Recherches Primatologiques, Antoni Faura, recordó que fue el Ayuntamiento el que otorgó las licencias pertinentes, "primero con silencio administrativo y luego ratificadas expresamente", así como que la empresa cumple con los requisitos exigidos por la Administración autonómica "y ha ido personal a formarse a Isla Mauricio". Faura considera que la acción del consistorio es "irresponsable" y advierte de que la inversión realizada por la empresa es de entre 1,8 y 3 millones de euros, que el municipio habrá de reparar en caso de que se paralice la instalación. El abogado explica que el comportamiento de las administraciones ha sorprendido desfavorablemente a la sociedad dado que "han roto la seguridad jurídica".